El diputado Rubén Rubin presentó este martes un proyecto de ley que incorpora la prisión permanente revisable y además la posibilidad de una pena privativa de libertad máxima de 90 años. Su colega, el legislador Rodrigo Gamarra, advirtió que la Constitución no da lugar a eso y que el fin constitucional es la reinserción social.
“El camino correcto es la reforma constitucional, hoy tenemos la limitación constitucional y el camino sería cambiar la Constitución, ese es el camino, esto no podemos ni siquiera debatir porque no está permitido por la Carta Magna. Por más de que aprobemos en el Congreso, el presidente va a tener la obligación de vetar el proyecto, entonces es una pérdida de tiempo”, alegó.
En conversación con La Nación/Nación Media, el parlamentario manifestó que esta iniciativa no representa una solución real para una sociedad que está hastiada de la inseguridad, de los crímenes extremadamente violentos y que esperan sanciones más severas, dado que la Constitución no permite lo planteado por el diputado Rubin en su propuesta legislativa.
El artículo 20 de la Constitución contempla lo siguiente: “Las penas privativas de libertad tendrán por objeto la readaptación de los condenados y la protección de la sociedad”. Sobre esto Gamarra señaló, “la Constitución no menciona la cadena perpetua ni pena de 90 años, pero habla de que toda pena debe tener un fin resocializador, no es meramente punitivo, no se admiten penas inhumanas ni que anulen la posibilidad de reinserción, ese es el espíritu que transmite este artículo”, explicó.
Gamarra valoró la intención de su colega de plantear penas más duras y manifestó estar de acuerdo con la necesidad de elevar la las condenas “estoy a favor de penas mucho más severas”, sobre todo teniendo en cuenta los casos que se dieron en los últimos tiempos que conmocionaron a todo el país, no obstante, reiteró que la Constitución pone un freno a este tipo de intenciones.
“Soy uno de los que repudia que la gente que nos hace daño socialmente entre y salga como Juan por su casa de la penitenciaría o escape de la justicia tan libremente, pero primero hay que tener el coraje de impulsar una reforma constitucional porque hoy la Constitución prohíbe ese tipo de penas, es ilegal”, sostuvo.