Durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, el legislador Néstor Castellano expuso una serie de presuntas irregularidades detectadas en la Municipalidad de Ciudad del Este bajo la administración del intendente Miguel Prieto, actualmente intervenida.

El diputado denunció que se montó un esquema para desviar fondos públicos utilizando comisiones vecinales como fachada, empresas de maletín y pagos anticipados por obras no adjudicadas ni ejecutadas, lo cual ya fue advertido por la Contraloría y constatado por la intervención a cargo del economista Ramón Ramírez.

“Lo que estamos viendo en el caso de Miguel Prieto no es solamente un episodio de corrupción, es el intento descarado de intentar cubrir un robo a plena luz del día con el silencio cómplice de muchos actores políticos. Dios nos libre si este es el as bajo la manga de la oposición, es preocupante”, afirmó en el espacio de oradores.

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Castellano señaló que, según el informe del interventor, existieron múltiples casos en los que las empresas cobraron incluso antes de que los procesos licitatorios fueran culminados. “Una empresa llegó a cobrar un cheque dos días antes de que se firmara el dictamen. Esto demuestra que todo era un montaje”, sostuvo. También reveló que los proyectos de inversión eran elaborados dentro de la propia municipalidad y presentados como si fueran iniciativas ciudadanas.

El parlamentario hizo énfasis en que el Ministerio Público ya tiene en sus manos la causa de Prieto, además cuenta con elementos probatorios sobre los mismos. “Lo que ahora hace falta es aplicar un poco de celeridad, que se avance, que se investigue y que se juzgue si corresponde”, enfatizó.

De acuerdo a lo expuesto por el diputado, las comisiones vecinales eran utilizadas como intermediarias que en muchos casos ni siquiera administraban los fondos, sino que endosaban cheques a terceros. Señaló que las adjudicaciones eran solo una formalidad, con oferentes que “acertaban los montos exactos” e incluso presentaban cifras idénticas a las previstas por la administración, lo que a su juicio evidencia una falta total de competencia real.

Uno de los casos emblemáticos citados fue el de Tajy Servicios Generales, que recibió al menos seis transferencias por un total de G. 106 millones. La firma presentó ofertas con precios exactamente iguales a los establecidos por la municipalidad, algo que, según Castellano, “refleja una adivinanza perfecta”, lo cual pone en duda la legalidad del proceso.

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Irregularidades cometidas por el intendente Miguel Prieto han sido constatadas a lo largo de la intervención. Foto: Néstor Soto

Vínculos familiares en el esquema

El legislador también hizo referencia al entorno cercano al intendente, afirmando que familiares y allegados fueron beneficiados con contratos y adjudicaciones. Mencionó a Robert Florentín, primo de Vanessa Florentín (expareja sentimental de Prieto), ambos vinculados al esquema de compras simuladas de alimentos durante la pandemia.

Robert habría sido el encargado de cobrar cheques y presentar proyectos, mientras que Vanessa figuraba como subproveedora sin contar con los productos que debía entregar a la afamada despensa “Tía Chela”.

“Lo que vimos debería escandalizarnos a todos, pero al parecer algunos actores políticos prefieren mirar hacia otro lado”, lamentó Castellano.

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