El gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, tiene previsto para mañana lunes 28 de julio la entrega de 530 viviendas a pobladores de San Pedro, uno de los departamentos con el mayor índice de pobreza en Paraguay.
Las mismas fueron construidas mediante el Fondo Nacional para la Vivienda Social (Fonavis), para familias en situación de vulnerabilidad, de pobreza y extrema pobreza. El programa está orientado a disminuir el déficit habitacional en todo el territorio nacional e impulsar la economía nacional.
Las viviendas fueron construidas en varios distritos del departamento de San Pedro como San Vicente Pancholo, Guayaibí, General Isidoro Resquín, San Pedro del Ycuamandiyú, Villa del Rosario, Capiibary y Tacuati.
El acto, encabezado por el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja, está previsto para las 10:00 en la zona conocida como Villa del Rosario. Desde agosto del 2023, el gobierno de Peña ya entregó más de 18.378 viviendas, de un total de 27.520 soluciones habitacionales previstas, reafirmando su compromiso con una política histórica de acceso a la vivienda digna.
Lea también: Viceministerio de Energía tendrá mayor protagonismo para impulsar el desarrollo
San Pedro es una de las zonas más favorecidas con la política habitacional impulsada por el mandatario. Durante sus jornadas de Gobierno en el segundo departamento, el economista resaltó en varias ocasiones su potencial productivo, ratificando el compromiso de su administración con el campo.
La construcción de viviendas no solo tiene el objetivo de garantizar bienestar y desarrollo integral a las familias paraguayas, también cuenta con un fuerte impacto en el desarrollo local: genera empleos, impulsa la economía de la zona y fortalece la industria paraguaya con el uso de materiales cerámicos de producción nacional.
Dejanos tu comentario
Caso Ueno: Fiscalía imputa por asociación criminal a Peña y cinco autoridades del BCP
La Fiscalía formuló este viernes 13 de noviembre una nueva imputación por el supuesto hecho punible de asociación criminal contra el expresidente de la República Santiago Peña y cinco autoridades y exautoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades financieras que derivaron en el colapso de Ueno Bank.
El Acta de Imputación N.º 9, correspondiente a la causa penal N.º 92/2026, sostiene que los investigados habrían integrado una estructura organizada y jerárquica dentro del aparato estatal para favorecer los intereses del conglomerado empresarial Grupo Vázquez, controlador de la entidad bancaria.
La nueva imputación alcanza a Santiago Peña Palacios, expresidente de la República; Carlos Carvallo Spalding, expresidente del BCP; Holger Insfrán Ibarrola, exsuperintendente de Bancos; y los exdirectores Marco Aurelio González Maldonado, Liana Emilce Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora.
En el caso de los tres exintegrantes del directorio, la Fiscalía también atribuye otros hechos punibles relacionados con presuntas omisiones de supervisión y el manejo de documentos oficiales.
Lea también: Caso Ueno: Peña, Carvallo y exdirectivos del BCP, bajo la lupa de la Fiscalía
Peña habría encabezado la presunta estructura criminal
Según la hipótesis del Ministerio Público, Santiago Peña habría utilizado su posición como presidente de la República para colocar y mantener en cargos estratégicos a personas de su confianza o con vínculos corporativos previos.
Los investigadores sostienen que estas designaciones habrían permitido establecer un esquema de protección institucional para Ueno Bank, mediante la participación de autoridades encargadas de regular y supervisar el sistema financiero.
La Fiscalía señala que Peña habría actuado como jefe de la presunta organización, mientras que los demás integrantes habrían cumplido funciones específicas desde sus respectivas responsabilidades públicas.
En ese contexto, el documento menciona la designación de Carlos Carvallo, expresidente de financiera ueno, como titular del BCP, además de la permanencia de Holger Insfrán en la Superintendencia de Bancos y la actuación de los tres integrantes del directorio. La imputación sostiene que el objetivo de la presunta estructura habría sido subordinar los mecanismos de control financiero a los intereses particulares del Grupo Vázquez.
Reuniones reservadas con Miguel Vázquez en Mburuvicha Róga
Otro de los aspectos centrales del acta fiscal es la presunta relación entre el expresidente Peña y Federico Miguel Vázquez Villasanti, principal referente del conglomerado empresarial. Los investigadores sostienen que ambos habrían mantenido reuniones reservadas en Mburuvicha Róga para coordinar necesidades e intereses del grupo financiero.
De acuerdo con la imputación, Peña habría impartido directivas destinadas a evitar la intervención de Ueno Bank y frenar las alertas públicas relacionadas con su situación de insolvencia.
El documento también menciona el presunto hallazgo y entrega de USD 200.000 en efectivo, distribuidos en sobres dentro de la residencia presidencial, como parte de las contraprestaciones ilícitas que la Fiscalía atribuye al exmandatario. Estas afirmaciones forman parte de la hipótesis fiscal y deberán ser acreditadas durante el proceso penal.
Carvallo habría ocultado información sobre la insolvencia
La imputación también señala a Carlos Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central, como uno de los presuntos responsables de impedir la aplicación oportuna de los mecanismos regulatorios. Según el Ministerio Público, Carvallo habría paralizado procedimientos de regularización y suscrito documentación dirigida al Congreso Nacional que no reflejaba íntegramente las advertencias técnicas sobre la situación financiera de Ueno Bank.
En particular, se cuestiona la Nota BCP/P N.º 016/2026, remitida a la Cámara de Senadores, cuyo contenido habría omitido información relevante sobre operaciones financieras investigadas. La Fiscalía sostiene que estas actuaciones habrían contribuido a mantener la operación del banco sin restricciones, pese a los informes que advertían sobre su deterioro patrimonial.
En cuanto a Holger Insfrán, la Fiscalía sostiene que habría utilizado su posición al frente de la Superintendencia de Bancos para evitar la aplicación de medidas correctivas. Entre los hechos investigados figura la venta de una cartera crediticia de Ueno Bank a Vinanzas S.A. por USD 74,4 millones, operación que, según los informes técnicos, habría sido financiada indirectamente con recursos del propio banco.
El Ministerio Público también cuestiona el tratamiento dado a un informe elaborado por el exgerente de Supervisión Fernando Rivarola, fechado el 10 de julio de 2026, que advertía sobre presuntas irregularidades en esa operación. De acuerdo con la hipótesis fiscal, la falta de aplicación de sanciones y medidas preventivas habría permitido que la entidad continuara captando fondos del público.
Exdirectivos del BCP habrían permitido continuidad de operaciones
La imputación atribuye a Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González presuntas omisiones en sus deberes de control como integrantes del directorio del Banco Central. Según la Fiscalía, los tres habrían conocido las alertas relacionadas con el deterioro patrimonial de Ueno Bank desde junio de 2026, sin impulsar oportunamente las medidas previstas en la legislación bancaria.
El acta señala que, pese a los informes técnicos disponibles, el directorio se habría limitado a disponer la apertura de un sumario administrativo, sin ordenar la suspensión preventiva de determinadas operaciones. En particular, la Fiscalía atribuye a Marco Aurelio González una presunta participación directa en la modificación de un informe institucional remitido al Senado, que habría omitido observaciones técnicas relevantes.
Respecto de Liana Caballero, sostiene que habría recibido una versión del documento cuestionado sin promover posteriormente una rectificación oficial. En cuanto a Miguel Ángel Mora, los investigadores señalan que habría presidido interinamente una sesión del directorio en la que no se impulsaron medidas más restrictivas contra la entidad financiera.
Lea más: Fiscalía aguarda autorización judicial para peritaje al teléfono de Peña
Captación de depósitos pese a advertencias
El Ministerio Público sostiene que la presunta actuación coordinada de los investigados permitió que Ueno Bank continuara operando entre junio y octubre de 2026, pese a las observaciones sobre su solvencia. En ese periodo, la entidad habría desarrollado campañas comerciales para atraer nuevos depósitos y certificados de depósito de ahorro, incluyendo promociones con reintegros del 50 %.
La Fiscalía considera que la continuidad de estas operaciones habría incrementado la exposición del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y comprometido recursos públicos y previsionales. El acta señala que, al 30 de septiembre de 2026, los fondos públicos depositados en la entidad ascendían a aproximadamente G. 3,6 billones y USD 233,4 millones.
La situación desembocó en el procedimiento de resolución dispuesto por el BCP el 2 de noviembre, luego de constatarse que la solvencia del banco había caído por debajo del límite establecido por la normativa.
Prisión para González y arresto domiciliario para Caballero y Mora
La nueva imputación también contiene solicitudes de medidas cautelares contra los exintegrantes del directorio del BCP. El Ministerio Público requirió la prisión preventiva de Marco Aurelio González Maldonado, mientras que para Liana Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora solicitó arresto domiciliario.
Asimismo, pidió la inhibición general de vender y gravar bienes de los tres imputados y la identificación de sus cuentas, depósitos, inversiones y otros activos financieros, a fin de determinar eventuales medidas de inmovilización.
Nueva dimensión en la investigación
La imputación por asociación criminal representa una ampliación de la investigación que inicialmente apuntaba a presuntas irregularidades financieras, omisiones de supervisión y decisiones administrativas relacionadas con ueno bank.
Ahora, el Ministerio Público sostiene la hipótesis de que los hechos no habrían respondido únicamente a actuaciones individuales, sino a una presunta organización que habría funcionado mediante una división de tareas entre autoridades del Poder Ejecutivo y del Banco Central. La Fiscalía atribuye a Santiago Peña el supuesto liderazgo político de esa estructura y a las autoridades del BCP la presunta utilización de sus cargos para favorecer la continuidad operativa del banco.
Lea además: Jubilados impulsarán ley de emergencia financiera tras la crisis de Ueno Bank
Dejanos tu comentario
Gobierno anuncia baja de precio de combustibles de Petropar y reducción del 50 % del ISC al diésel
El gobierno del presidente de la República, Pedro Alliana, informó este viernes la baja de precio de G. 300 por litro en los combustibles de la petrolera estatal y la reducción del 50 % del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) para el gasoil en lo que resta del año. El anuncio se dio en conferencia de prensa por parte del presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), William Wilka, y el ministro de Industria y Comercio (MIC), Marco Riquelme. La baja se da para el diésel común y las tres naftas, 88, 93 y 97 octanos.
“Esto representa una disminución en promedio del 4 % en todos los combustibles, es decir, 300 guaraníes el litro en cada uno de ellos y también esto afecta a nivel nacional”, indicó el titular de la petrolera estatal.
Te puede interesar: Cecilia Rodríguez renuncia a la gerencia logística del IPS
Además de la reducción del costo de naftas, también se anunció la reducción del 50 % al Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) para las importaciones del diésel, con el fin de implementar también una baja para este combustible.
“Todos los meses venimos realizando el análisis y el acompañamiento del mercado internacional; la gasolina sufrió un comportamiento a la baja, lo cual ya nos permite trasladar ese beneficio en forma directa a la ciudadanía con un ajuste directo. No así el diésel, es por ello que se tuvo que ajustar la tasa del ISC de manera a poder permitir esta baja”, detalló Wilka.
Explicó además que “el impuesto selectivo al consumo se tocó justamente para permitir al diésel que se pueda realizar un ajuste; si no se tocaba la tasa del ISC, iba a ser difícil llevar adelante una baja”.
Por su parte, el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, agregó que se reunieron con representantes de los distintos emblemas para realizar la comunicación sobre las nuevas directivas del Gobierno del presidente Alliana y los mismos acompañaron esta decisión.
“Tuvimos esta mañana reunión con los distintos gremios que son del ecosistema del combustible en Paraguay; les hemos comunicado que esta reducción del impuesto selectivo al consumo no es solamente para Petropar, sino que es para todos los importadores de combustibles, entonces también ellos decidieron acompañar la misma medida, la reducción del diésel y la reducción de las naftas”, sentenció.
Podés leer: Fiscalía aguarda autorización judicial para peritaje al teléfono de Peña
Dejanos tu comentario
Fiscalía aguarda autorización judicial para peritaje al teléfono de Peña
La fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Verónica Valdez, indicó que el Ministerio Público aguarda una autorización judicial para proceder al peritaje del teléfono celular del expresidente de la República, Santiago Peña, imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio, en calidad de autor, en el marco de la causa Ueno Bank.
“Todavía no tenemos un resultado porque debe realizarse un proceso técnico con autorización judicial, entonces, una vez que tengamos esa autorización, vamos a poder conocer el contenido del teléfono”, dijo en una conferencia de prensa acompañada por sus colegas Nancy Salomón y Francisco Cabrera.
El Ministerio Público incautó un teléfono celular de Peña el pasado domingo 8 de noviembre, luego de que el exmandatario, destituido vía juicio político, haya negado en reiteradas ocasiones (durante su audiencia de imposición de medidas ante el juez Humberto Otazú y en su declaración ante la Fiscalía) poseer o utilizar un aparato móvil.
El proceso se concretó mediante el aporte de informaciones extraoficiales que indicaban que el economista contaba con comunicación libre en su lugar de reclusión. El aparato celular fue encontrado oculto en su equipaje dentro del Regimiento Escolta Presidencial, donde cumple prisión preventiva.
Desde el órgano extrapoder detallaron que los procedimientos en la causa judicial que salpica al expresidente de la República y en la otra referente a los directivos de Ueno Bank, que se encuentran ligadas entre sí, se centran actualmente en la recolección de elementos probatorios, la reconstrucción del esquema de operaciones y la preservación precautoria de bienes para su eventual recuperación a favor del Estado paraguayo.
Con relación a la detención de los exdirectivos del Banco Central del Paraguay (BCP), Marco Aurelio González, Liana Emilce Caballero Krause y Miguel Ángel Mora, concretado este viernes, la agente mencionó que durante el allanamiento de sus respectivas viviendas se logró “obtener elementos que consideramos relevantes para el avance de las investigaciones”.
Valdez agregó que “se recabaron documentos, también dispositivos electrónicos, y se dispuso la detención de las tres personas que serán citadas a fin de que presten declaración indagatoria si lo consideran o se abstengan y posteriormente se tomarán las determinaciones que el equipo considere pertinentes”.
A la vez, los agentes reiteraron que la calificación legal actual es de carácter provisional. La ausencia momentánea de imputaciones por tipos penales más severos, como por ejemplo lavado de dinero o asociación criminal, no restringe la investigación de estas conductas a medida que surjan nuevos elementos.
Te puede interesar: Cecilia Rodríguez renuncia a la gerencia logística del IPS
Dejanos tu comentario
Gobierno creará consejo para atender a empresas de Ueno
A través de este consejo se analizará situación de las empresas del Grupo Vázquez para evaluar la posibilidad de que se mantengan activas.
El presidente de la República, Pedro Alliana, y su gabinete se encuentran realizando acciones urgentes para mitigar la situación financiera que dejó la resolución de Ueno Bank. En este contexto, el asesor jurídico de la Presidencia de la República, Eduardo González, anunció la creación de un consejo para atender a las empresas afectadas con el extinto banco.
“Desde el día uno, por instrucción del presidente de la República, hemos analizado diferentes situaciones que implican también un trabajo por parte de la asesoría jurídica de la Presidencia. Una preocupación que hemos tenido desde el inicio fue justamente la posibilidad de que las sociedades vinculadas al banco intervenido puedan tener la posibilidad de que sus activos sean importantes, de seguir teniendo existencia”, indicó González en conferencia de prensa.
El asesor jurídico explicó que a través de este consejo se analizará la situación de todas las empresas que formaron parte del Grupo Vázquez y sus vinculaciones para luego evaluar la posibilidad de que se mantengan activas.