“Hay una abierta inconsistencia entre su discurso, su gestión y sus obras”, dijo el interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, tras acusar al intendente Miguel Prieto de impulsar junto con sus aliados políticos una "campaña de desobediencia" en la localidad, principalmente en obstaculizar el proceso de recaudación de la comuna.

“Alentamos a la ciudadanía que no se deje amedrentar y que se acerque a la institución para cumplir con sus obligaciones (pago de impuestos). Vamos a intensificar los procedimientos en el área de las recaudaciones. Sabemos que existe una campaña en contra y esto incluso puede calificarse como una campaña de desobediencia a las normas vigentes“, expresó el economista en una entrevista con la radio Tribuna.

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Ramírez mencionó que, ante dicha situación, finalmente serán los funcionarios de la municipalidad y la población en general los más afectados, teniendo en cuenta que ante la falta de ingresos será difícil zanjar las deudas con proveedoras, el pago del salario y la continuidad de los servicios.

“Esta es la situación que enfrentamos y la tenemos que administrar. Me espanta la desprolijidad administrativa de una ciudad, una capital tan grande como es Ciudad del Este. Hay una discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos. A la ciudadanía que ellos dicen defender les boicotean exigiendo, incluso a sus adeptos, a no cumplir con sus obligaciones“, lamentó.

En un desesperado intento de interferir en la intervención instalada el 23 de junio pasado, Prieto envío la semana pasada a la escribana pública Marina Beatriz Cáceres Aguayo, del distrito de Naranjal, hasta la sede la municipalidad para que Ramírez se ratifique o rectifique sobre sus declaraciones en una conferencia de prensa del 15 de julio, acerca de la existencia de irregularidades en su gestión.

“Estamos haciendo un trabajo técnico y profesional. Queremos seguir con nuestro cronograma y completar profesionalmente esta intervención. Estamos trabajando sin estar en contra ni a favor de nadie. Los informes se establecerán con pruebas concretas“, puntualizó Ramírez.

Entre los puntos objetados por Prieto figuran datos sobre la cantidad de funcionarios contratados, el estado de avance en la construcción de plazas, el uso de combustibles, las cifras de recaudación comparadas al año pasado y el manejo de fondos rotatorios o “cajas chicas” dentro de distintas dependencias municipales, con presunto uso mayoritario en gastos gastronómicos.

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