El interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, confirmó que las observaciones hechas por la Contraloría General de la República en torno a las transferencias a organizaciones sociales se sostienen tras una revisión exhaustiva. Además, señaló que se identificaron nuevos elementos que profundizan las sospechas sobre el manejo presupuestario de la administración municipal, principalmente durante el ejercicio fiscal 2020.
“La Contraloría tuvo la razón y nosotros ahondamos en algunos puntos adicionales. Esto va a formar parte del dictamen y son otras instancias las que deberán tomar decisiones al respecto, incluso el Ministerio Público, si corresponde”, afirmó Ramírez, quien este miércoles ya brindó una conferencia de prensa revelando datos sobre los hallazgos en la gestión de Miguel Prieto.
El equipo de intervención examinó el esquema de transferencias realizadas a comisiones vecinales, que involucran cinco de las doce causales planteadas por la Contraloría. Según Ramírez, las irregularidades identificadas no se trataron de simples errores administrativos, sino de un esquema sistematizado para romper las reglas.
Lea también: Intervención CDE: comprueban graves irregularidades en transferencia de fondos
La Contraloría había advertido sobre transferencias por más de 3.000 millones de guaraníes sin el cumplimiento de los requisitos documentales básicos. La intervención corroboró que los controles exigidos legalmente, desde el inicio del proceso hasta la conclusión de los trabajos financiados, fueron omitidos.
Entre las irregularidades detectadas figuran pagos realizados a proveedores antes de que se adjudicaran formalmente los contratos, así como deficiencias graves en las rendiciones de cuentas por parte de las comisiones que recibieron los fondos.
Si bien los principales hallazgos se concentran en el ejercicio 2020, la revisión posterior demostró que los mismos vicios persistieron en años posteriores, lo que refuerza la tesis de un mecanismo repetido y no de fallas aisladas.
Le puede interesar: Latorre y Alliana mantuvieron reunión para alinear agenda legislativa
“Para nosotros, estos hallazgos configuran graves irregularidades en la ejecución presupuestaria, tal como lo tipifican la Constitución y la Ley 317”, concluyó Ramírez ante la 1020 AM, quien recordó que el equipo de intervención aún se encuentra dentro del plazo de 60 días para culminar su tarea.