El interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, expuso en conferencia de prensa el hallazgo de graves irregularidades en la gestión del apartado intendente Miguel Prieto Vallejos que, confirman puntos consignados en el informe de la Contraloría General de la República, según la explicación. Lo encontrado representa el 30% de las causales de intervención indicadas por la CGR, según lo informado esta mañana. Son 31 días de auditoría.
“Las pruebas documentales a las que accedimos, nos permiten constatar graves irregularidades en la administración de Miguel Prieto al frente de la Municipalidad. Hay un mecanismo institucionalizado para violar la ley y para evitar controles de manera sistemática”, sostuvo el licenciado Ramírez.
Una de las conclusiones tiene que ver con la “transferencia de más de 3 mil millones de guaraníes (G. 3.042.645.716), que ya la propia Contraloría había señalado y esta intervención comprueba”.
Entre las principales causales identificadas por la CGR y corroboradas por el equipo interventor, según lo informado hoy, están las “inconsistencias y falta de justificación en la asignación de transferencias y el incumplimiento de los procesos de contratación, en el uso de dichos fondos para ejecutar obras”.
También “irregularidades en los procesos legales de asignación de fondos a ONGs y comisiones vecinales; y transferencias sin el cumplimiento de los requisitos legales y documentales exigidos”, explicó el interventor Ramírez.
“Las disposiciones exigen que, quienes reciben aportes deben tener cuentas bancarias, eso no fue observado en varios de los documentos a los que accedimos, hay regulaciones en materia de lavado de dinero, en materia de cumplimiento impositivo que no se cumplieron”, agregó el interventor, como ejemplo de las irregularidades.
Otro punto expuesto es que las entidades beneficiarias de los aportes no administraban los fondos recibidos.
Contrataciones fraguadas
Según la exposición, la intervención detectó también pagos a proveedores realizados antes de las adjudicaciones, donde la empresa ganadora cobró cheques antes de conocerse la firma ganadora. En este punto mencionó un caso en que la adjudicación tiene fecha 31 de diciembre de 2020, pero el cobro ya fue efectuado el 29 de diciembre.
“Los supuestos procesos de selección estaban montados, se crearon empresas para captar fondos, se hizo una instrumentación de comisiones vecinales que fueron simples intermediarios, simples endosantes, fueron utilizados como pantalla para eludir la ley. Las causales de intervención están plenamente confirmadas”, resumió el interventor.
La intervención resaltó que estos hallazgos no configuran errores administrativos, sino un sistema cuidadosamente planificado para burlar las leyes, para desviar fondos públicos, según indicó.