El diputado José Rodríguez informó que continúan trabajando en ajustes al proyecto de creación del Registro Nacional de Pagarés, con el objetivo de asegurar que su implementación sea verdaderamente útil, tanto para el sistema financiero como para los usuarios.
Según explicó, uno de los principales aportes de su bancada fue lograr que se incorporen mecanismos de digitalización al proyecto, permitiendo que los pagarés y otros títulos de crédito tengan trazabilidad digital además del respaldo físico.
Esto evitará irregularidades como falsificaciones o doble cobro. “Si el pagaré es por G. 10 millones, el sistema debe reflejar exactamente ese monto y su fecha. Así habrá un control cruzado entre lo físico y lo digital”, detalló en conversación con varios medios de prensa.
Rodríguez señaló que inicialmente la Corte Suprema de Justicia proponía que los pagarés se depositaran en los juzgados como garantía, sin contemplar los componentes digitales. Gracias al trabajo legislativo, esos elementos fueron incluidos en artículos específicos del proyecto.
El legislador aclaró que, pese a los avances, el trabajo continúa en conjunto con los ministros de la Corte, Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez, para asegurar que no haya vacíos legales que afecten a sectores como el de los microempresarios.
“Queremos que el registro funcione, pero también que no genere trabas futuras. Si nos apuramos demasiado, en el futuro podría haber problemas en las transacciones entre microempresarios porque el circulante puede parar por algunas lagunas jurídicas y puede afectar a la economía”, advirtió.
El proyecto apunta a fortalecer el sistema financiero a través de la transparencia y el control digital, pero Rodríguez insistió en que su éxito dependerá de que la norma esté bien diseñada desde el inicio. “Nuestro objetivo es que sea útil y eficaz desde el primer día”, concluyó.
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La CEDEAO respalda en Freetown el Gasoducto Africano Atlántico, el proyecto estratégico impulsado por el Rey Mohammed VI
Los países miembros de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) firmaron en Freetown el Acuerdo Intergubernamental (IGA) que establece el marco jurídico para el desarrollo del Gasoducto Africano Atlántico Nigeria-Marruecos, consolidando oficialmente su adhesión a este proyecto estratégico.
Impulsado por el Rey Mohammed VI, junto con el expresidente nigeriano Muhammadu Buhari y con el respaldo del actual presidente Bola Ahmed Tinubu, el proyecto se ha transformado de una iniciativa bilateral entre Marruecos y Nigeria en un ambicioso programa continental que busca fortalecer la integración regional, la seguridad energética y el desarrollo económico de África Occidental.
Con una extensión aproximada de 6.800 kilómetros, el gasoducto atravesará trece países africanos antes de conectarse con el Gasoducto Magreb-Europa en el norte de Marruecos. Tendrá una capacidad de transporte de 30.000 millones de metros cúbicos de gas natural al año, contribuyendo tanto al abastecimiento energético regional como a las exportaciones hacia Europa.
Valorado en 25.000 millones de dólares, el proyecto impulsará la creación de un mercado regional integrado del gas, favorecerá la industrialización, estimulará la producción de electricidad y promoverá un mayor aprovechamiento de los recursos naturales del continente.
La firma del acuerdo marca el inicio de una nueva fase de implementación, que incluye la creación de la empresa responsable del proyecto en Casablanca y del organismo de gobernanza con sede en Abuya. Asimismo, la Oficina Nacional marroquí de Hidrocarburos y Minas (ONHYM) y la Compañía Nacional de Petróleo de Nigeria (NNPC), confirmaron que los principales estudios técnicos, ambientales y de ingeniería ya han concluido, allanando el camino hacia la ejecución del proyecto.
Más allá de su dimensión energética, el Gasoducto Africano Atlántico se perfila como un corredor estratégico para la integración económica africana y refleja la visión del Rey Mohammed VI de promover la cooperación Sur-Sur y el desarrollo sostenible del continente.
Los líderes políticos de los países de la (CEDEAO) presentes en la ceremonia de firma del acuerdo se felicitaron por la visión clarividente del soberano de Marruecos, a quien agradecieron por priorizar iniciativas en favor del desarrollo y la integración regional.
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Títulos falsos: senadores citarán a ministros de la Corte y al fiscal general
El presidente de la Comisión Especial de Investigación sobre títulos falsos de la Cámara de Senadores, Patrick Kemper, manifestó que próximamente convocarán a los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón, con el fin de interiorizarse sobre los avances de las denuncias impulsadas y las causas judiciales que se encuentran abiertas.
“Comenzamos a trabajar hace 15 o 20 días, hasta la fecha ya le hemos recibido al ministro de Educación y Cultura, Luis Ramírez, y también en su rol de presidente del Consejo Nacional de Educación Superior. A la vez recibimos al presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior de Paraguay, y tenemos previsto para la próxima reunión recibir a los representantes de la Corte y al fiscal general”, comentó Kemper a los medios de comunicación.
El parlamentario detalló que ya remitieron pedidos de informes a dichas instituciones del ámbito educativo cuyas respuestas serán proporcionadas en el transcurso de esta semana. Señaló que las solicitudes abarcan desde el año 2013 en adelante. “Queremos interiorizarnos sobre los avances de los procesos presentados. Vamos a hacer un conjunto de esfuerzos para que esto en lo posible ya no vuelva a pasar en nuestro país y encontrar a los responsables que se prestaron a esta situación nefasta”, refirió.
Agregó que requirieron informes a siete universidades, de las cuales ya respondieron cinco. “También hemos solicitado informes a seis institutos superiores y solo uno dio acuse y recibo; los plazos de 15 días establecidos en la Constitución Nacional para que nos brinden datos vencen esta semana, por lo cual vamos a realizar las reiteraciones”, puntualizó.
Señaló que entre este lunes y mañana martes remitirán otros 20 pedidos de informes a 10 universidades privadas e institutos. “Queremos recibir todos los datos necesarios para poder procesarlos”, refirió tras comunicar que también se prevé la conformación de una mesa técnica con representantes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes).
“Esto para que trabajen en conjunto fuera de lo que son las reuniones ordinarias de la comisión”, mencionó. Añadió que en el transcurso de esta semana también se concretará una “alianza estratégica” con la Contraloría General de la República (CGR), con el objetivo de que su equipo técnico pueda colaborar con el volumen de fiscalización de las informaciones recibidas.
“Una sola universidad nos entregó 800 páginas y la comisión requerirá informaciones a 60 instituciones o más. Estamos hablando de un volumen de información muy grande y necesitamos de la ayuda de las carteras especializadas en educación y la Contraloría, que de hecho ya tiene investigaciones abiertas”, indicó.
Denuncia ante Fiscalía
Por su parte, el ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, comunicó que en el transcurso de la mañana de este lunes formularon una denuncia penal ante el Ministerio Público contra funcionarios que participaron en la emisión de títulos falsos. Se detectaron 130.000 acciones irregulares, sumando ya 283 funcionarios sumariados por este esquema de títulos falsos.
“En la primera hora de este lunes ya hemos hecho una denuncia en la Fiscalía de la auditoría que impulsamos. Detectamos a 13 funcionarios que participaron en el proceso de emisión de 330 títulos investigados. Esta denuncia fiscal investigará el caso de los 550 usuarios o personas que no fueron autorizadas y que por algún motivo o circunstancias extrañas, entraron y cargaron al sistema con algún elemento vinculado a títulos. Estas personas también ya fueron también denunciadas", comentó.
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FMI saluda proyecto de reforma del banco central argentino
El Fondo Monetario Internacional (FMI) saluda el proyecto de reforma del banco central argentino que apunta a fortalecer su independencia, declaró este jueves la portavoz de la institución, Julie Kozack.
Esa reforma del estatuto del banco central forma parte de la nueva agenda de cambios financieros de gran calado que anunció recientemente el gobierno ultraliberal de Javier Milei.
Esta batería de reformas “respalda los esfuerzos de Argentina por recuperar de manera duradera el acceso a los mercados, manteniendo flexibilidad en cuanto al momento y las modalidades”, explicó en rueda de prensa Kozack.
“Asimismo, apoyamos la intención de las autoridades de reformar la carta orgánica del banco central. Una reforma de este tipo fortalecería las salvaguardias institucionales del banco central que protegen la independencia de su política”, añadió.
El gobierno de Milei quiere modificar la carta orgánica del Banco Central para que la entidad vuelva a limitarse a vigilar la inflación y pueda ser más inmune a las intervenciones gubernamentales.
La directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, visitará Argentina los días 28 y 29 de julio, precisó Kovack.
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Es una clara señal de respaldo al gobierno Milei, que es a su vez uno de los principales aliados de Estados Unidos en la región.
“La visita refleja nuestra relación estrecha y constructiva con Argentina y brindará una oportunidad para intercambiar opiniones sobre los avances, desafíos y oportunidades del país”, explicó la portavoz.
Georgieva mantendrá reuniones con Milei y su equipo económico, así como con otros interlocutores no gubernamentales, añadió.
El anuncio coincide con la publicación esta semana de las nuevas perspectivas económicas del organismo, que mantuvo su previsión de crecimiento para Argentina en 3,5 % en 2026 y en torno al 4 % para 2027.
Argentina firmó en 2025 un Acuerdo de Facilidades Extendidas con el FMI a cuatro años por 20.000 millones de dólares, y el gobierno asegura que cuenta con los fondos suficientes para afrontar los pagos de deuda de 2026.
El país sudamericano es el principal deudor del FMI, tras recibir en 2018 el mayor préstamo de la historia del Fondo de la mano del entonces presidente de derecha Mauricio Macri.
- Fuente: AFP
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Mafia de pagarés: instan garantizar servicio de débito automático
En la Cámara de Diputados, un grupo de legisladores presentaron un proyecto de declaración que “que exhorta al Poder Ejecutivo, al Banco Central del Paraguay (BCP) y al Banco Nacional de Fomento (BNF) a implementar medidas urgentes que garanticen la seguridad y continuidad del servicio de débito automático para empresas en fiel cumplimiento normativo y no vinculadas a esquemas de fraude”. El documento fue firmado por los diputados Carlos Núñez Salinas, Rubén Roussillón, Francisco Petersen y Jatar Fernández.
Los proyectistas argumentan la urgente necesidad de salvaguardar la seguridad jurídica, la inclusión financiera y la dinámica económica de las empresas formales que operan legítimamente en el país. Los diputados señalan que el proyecto se da en el marco de una preocupación ciudadana e institucional respecto a las graves denuncias sobre falsificaciones y estafas en el ámbito financiero, esquema informalmente denominado “mafia de los pagarés”.
“Esta situación exige una intervención rigurosa por parte de las autoridades competentes para desarticular estas estructuras delictivas y proteger los derechos de los consumidores”, expresa el documento. Mientras tanto, se señala que las medidas de contingencia o restricciones generalizadas que se vienen aplicando en el sistema financiero han comenzado a generar un impacto colateral adverso sobre el sector empresarial formal.
“El servicio de débito automático -una herramienta fundamental para la formalización y la eficiencia transaccional-, que se está viendo severamente afectado o paralizado de manera indiscriminada. Dicha situación desincentiva la inclusión financiera y perjudica a aquellas empresas que operan bajo estricto cumplimiento de las exigencias de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), el Banco Central del Paraguay y demás órganos de control.
“Castigar de forma generalizada al ecosistema comercial por las malas prácticas de actores criminales identificables atenta contra la reactivación económica”, sostiene el texto.
Para los proyectistas, “resulta imperativo que el Ejecutivo, el BCP -en su carácter de órgano regulador y supervisor- y el BNF -como banca pública de desarrollo- coordinen esfuerzos para diseñar e implementar protocolos de control inteligentes y diferenciados”, considerando que estos mecanismos “deben aislar y sancionar a las firmas denunciadas por fraude, pero, al mismo tiempo, garantizar seguridad, previsibilidad y continuidad del servicio de débito automático para aquellas que cumplen a cabalidad con las condiciones legales”.