El senador Derlis Maidana se refirió este martes sobre las denuncias mediáticas que salpican al expresidente, Mario Abdo Benítez, quien tendría una fortuna no declarada de USD 21 millones en Seychelles. El legislador emitió su opinión respecto a si el exmandatario debería ser incluido en la lista de significativamente corruptos de Estados Unidos.
“Lo de ser declarado o no significativamente corrupto lo verán los Estados Unidos”, expresó Maidana,en contacto con La Nación/Nación Media, sin embargo, subrayó que más allá de lo que determine Washington, lo urgente y prioritario es que las instituciones paraguayas actúen con prontitud, responsabilidad y transparencia para esclarecer los hechos.
“Nosotros tenemos que centrarnos en que las instituciones paraguayas funcionen bien y rápido”, insistió el senador del Partido Colorado, al mencionar a organismos como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), la Contraloría General de la República, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y el Ministerio Público como actores clave en la investigación sobre el caso.
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Para Maidana, permitir que los órganos de control trabajen con independencia y eficiencia es esencial para preservar el Estado de Derecho y dar señales claras, tanto a la ciudadanía como a la comunidad internacional. “Confío en las instituciones paraguayas y confío en que van a investigar este caso con celeridad y transparencia. Eso va a respaldar a nuestro Estado de Derecho y va a demostrar al mundo que Paraguay es un país creíble”, afirmó.
Cabe mencionar que el Ministerio Público ya anunció la apertura de una investigación preliminar sobre el caso Abdo, dada la contundencia de las informaciones difundidas por el portal argentino PeriodismoyPunto, el cual dio a conocer sobre una fortuna no declarada por el expresidente, que supera ampliamente los USD 3 millones que consta en la declaración de bienes que realizó al dejar su cargo en el 2023.
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La declaración
La figura de “significativamente corrupto” es una designación oficial utilizada por el Gobierno de los Estados Unidos, principalmente a través del Departamento de Estado, en el marco de la ley de Asignaciones Consolidadas. Esta medida permite al Ejecutivo estadounidense prohibir el ingreso a su territorio de funcionarios extranjeros, y sus familiares cercanos, que hayan participado directa o indirectamente en actos de corrupción de gran escala o violaciones graves de derechos humanos.
Aunque no equivale a una sentencia judicial, esta declaración tiene un fuerte peso político y diplomático. Generalmente, se basa en información de inteligencia, investigaciones propias o reportes de terceros. Ser incluido en esa lista suele implicar un serio daño reputacional ya que sugiere la existencia de hechos de corrupción.
Los medios internacionales que se hicieron eco de la fortuna de Mario Abdo hicieron mención al estrecho vínculo que existía entre el entonces mandatario y el exembajador de Estados Unidos, Marc Ostfield. Apuntan como hechos llamativos la forma en que el diplomático defendía los negocios de Abdo y hablaron también sobre las suspicaces declaraciones como “significativamente corrupto” que se otorgaron a los adversarios políticos del expresidente.