El senador Dionisio Amarilla, presidente de la Comisión Antilavado del Congreso Nacional, urgió al presidente de la República, Santiago Peña, reglamentar la Ley de Transparencia de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), para su plena ejecución. La normativa fue sancionada en octubre del 2024.

“El Poder Ejecutivo tiene en ese sentido una tremenda responsabilidad porque el Congreso de la Nación aprobó una ley que establece protocolos para la rendición de cuentas que tiene que ser reglamentado”, sostuvo en una entrevista con el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media.

“Espero que el presidente de la República, a través de sus voceros, se haga eco. Podemos decirle con autoridad, presidente, por favor apresuren la formulación del decreto que reglamenta la ley de las oenegés", expresó el legislador.

Esta ley establece que se entiende como OSFL, todas aquellas organizaciones que reciben y administren recursos públicos o privados, nacionales o internacionales y que busquen incidir en los programas públicos. Quedan excluidos aquellos organismos internacionales, las agencias especializadas internacionales, las entidades de carácter multilateral, los partidos y movimientos políticos, las iglesias y confesiones religiosas.

También quedarán excluidos de los alcances de la ley, salvo que reciban, administren o inviertan fondos públicos, nacionales o internacionales, las organizaciones de carácter extrínsecamente deportivo, no profesionales, los sindicatos, asociaciones de trabajadores, las organizaciones campesinas, de estudiantes, comisiones vecinales y junta de saneamiento ambiental.

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El requerimiento de Amarilla surge tras detallar que mediante la labor de la Comisión Antilavado quedó evidenciado USD 52 millones proveídos por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y USD 5 millones otorgados por el Gobierno paraguayo fueron dilapidados por las oenegés de manera “desvergonzada”.

“Encontramos datos llamativos que prácticamente ninguna de las oenegés pudieron explicar de manera sobria qué resultado obtuvieron con esos fondos inyectados a sus organizaciones. El 71 % de los USD 52 millones fue a salarios. Los directivos se llevaron una ponchada de plata“, lamentó.

Amarilla incluso detalló que los directivos de las oenegés incluso se autorremuneraron salarios por encima del sueldo que recibe un ministro del Poder Ejecutivo. “No existe ningún ministro del Poder Ejecutivo que administre un presupuesto de 2 millones de dólares y se autoasigne 40 millones de guaraníes mensuales de remuneración. Es una desvergüenza”, sentenció.

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• Por Nadia Denis.

El senador Dionisio Amarilla se refirió al informe final de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), aprobado el miércoles 16 de julio por el Congreso, que decidió que sea remitido a varias instituciones estatales, entre ellas, organismos internacionales, dado que los hallazgos ameritan la intervención de varias entidades de control.

“Eso tiene que ser entregado al Ministerio Público, a la Procuraduría, a la Contraloría, Ministerio de Defensa, Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los organismos internacionales como el Parlasur, Parlatino, también debe llegar a Washington, al Departamento de Estado y al Departamento de Justicia”, afirmó el legislador.

En conversación con La Nación/Nación Media, el parlamentario añadió: “Queremos que la Fiscalía analice, que desestime o impute, pero no seguir sin tomar una decisión”, reclamando una respuesta concreta de las autoridades competentes frente a los hallazgos presentados por la comisión.

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Sobre la eventual conformación de una nueva comisión bicameral, Amarilla se mostró cauto y afirmó que esa es una decisión que debe tomar el pleno del Congreso. “La vigencia de esta comisión ya feneció, creo que es mejor que esperemos resultados, luego pensaremos en una comisión de vuelta”, manifestó.

El senador destacó el trabajo realizado por la CBI, calificando su labor como de “alto profesionalismo, competencia demostrada y resultados exitosos”, marcando una diferencia de la Comisión formada durante la presidencia de Mario Abdo, la cual ha sido calificada por varios referentes políticos como “comisión garrote”, dado que solo se perseguía a adversarios electorales del abdismo.

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El informe entregado a la Presidencia del Senado el pasado 14 de julio está compuesto por nueve tomos y cuenta con el respaldo de 231 biblioratos de documentación, fruto de más de seis meses de trabajo parlamentario. Entre las líneas investigativas principales, la CBI identificó tres núcleos de presuntas irregularidades:

1. Desvío de fondos públicos a través de ONG: se detectó que numerosas organizaciones no gubernamentales, muchas de ellas receptoras de recursos estatales, no rindieron cuentas del destino del dinero recibido.
2. Un fideicomiso sospechoso entre IPS y Banco Atlas: la comisión reveló que se transfirieron G. 828.000 millones desde el Instituto de Previsión Social a través de un fideicomiso con dicho banco, sin que las obras comprometidas se hayan ejecutado.
3. Vínculos con el crimen organizado y lavado de dinero: también se examinaron operaciones vinculadas al tráfico de armas, así como financiamiento de campañas políticas presuntamente con fondos ilícitos, incluyendo conexiones con figuras como el fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz.

El diputado Rodrigo Gamarra destacó que el informe final de la “Comisión Antilavado” podría servir como elemento probatorio para cualquier investigación seria de los organismos de control, ya que analizó el origen del dinero de las oenegés, el tráfico de armas y entidades financieras, y la relación con el financiamiento político.

En comunicación con La Nación/Nación Media, el vicepresidente de la Comisión Conjunta Transitoria para la Inves­tigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos, con­tra el Patrimonio del Estado, Contrabando y otros Delitos Conexos explicó que esta mesa de trabajo abordó diversos temas que de una u otra forma, se fueron hilando.

“Este informe constituye un elemento probatorio demasiado importante para cualquier instancia de control que quiera tomarlo en serio. Digo esto, porque hasta hoy, la fiscalía parece que no le interesa, o tiene miedo de la tapa del diario involucrado”, comentó. Los miembros de la comisión acordaron arbitrar la remisión del informe al Ministerio Público, a la Contraloría e inclusive al Departamento de Estado de los Estados Unidos.

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“Estamos hablando de diferentes temas, pero que casi todos están conectados de la mano. El caso de las ONG, por ejemplo, que movieron miles de millones de dólares y que se pudo confirmar por las investigaciones que realizamos, que el 71% de esos fondos fueron prácticamente para sueldos y consultorías, y que caían en manos y bolsillos de actores políticos y periodistas”, puntualizó.

Resaltó que, han descubierto que están registradas más de 12.000 organizaciones sin fines de lucro, y que sólo la mitad actualiza su información, y que el Tribunal Superior de Justicia Electoral no puede rastrear los aportes que se usaron en las campañas electorales. “No existe un portal unificado de trazabilidad para balance directivo, beneficiarios finales de las oenegés”, acotó.

Por otra parte, el legislador señaló que llevaron adelante la investigación sobre el delicado caso que vincula al Banco Atlas, donde han constatado que más de 6 millones de dólares de un préstamo del narco como “Cabeza Blanca” pasaron por la entidad financiera.

“Eso es bastante delicado. No vemos una acción concreta de la Fiscalía por ese caso; y creo que ese, es el motivo principal de los ataques furibundos de un sector interesado de la prensa, que está ligado al mismo grupo, hacia el gobierno de turno y hacia los actores del oficialismo”, indicó.

A lo que agregó que no hay un solo diputado, senador, ministro o actor político del oficialismo que no sea violentado, maltratado, calumniado, perseguido por el medio de comunicación que es Abc Color, “que está directamente vinculado a este grupo empresarial, que hoy fue descubierto con las manos en la masa”, remarcó.

“Es complicado, hasta a veces mencionar, nosotros estamos sufriendo ataques y persecuciones del medio, tratando de dañar nuestra imagen, de perjudicarnos, de maltratarnos. El medio ha buscado que haya una especie de escarnio público, malintencionado y con información tendenciosa”, indicó. “Acá hubo plata sucia, de cajeros, de víboras y con todo eso, la justicia sigue mirando a otro lado”, concluyó.

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El senador Gustavo Leite, miembro de la comisión conjunta de investigación sobre lavado de dinero, daño patrimonial al Estado, contrabando y otros delitos conexos, brindó algunos puntos resaltantes de las conclusiones del informe que elaboró esta mesa de trabajo y que fue presentado este miércoles ante el plenario de la Cámara Alta.

El legislador destacó algunas recomendaciones al respecto y destacó que el 100 % de todo lo que se expuso ante el plenario está documentado.

Señaló que un año antes que el gobierno de los Estados Unidos declare a la USAID extinta por corrupción y lavado de dinero, en Paraguay, un grupo político fue acusado de “garroteros” por querer mirar las cuentas de una institución que puso dinero para un convenio de cooperación que fue aprobado por ley de la Nación.

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Esa ley marcaba tres puntos fundamentales que se violaron, entre ellos no se respetó el elemento de la contratación a precios razonables.

“Ningún directivo de la ONG en cuestión cobró precios razonables, cobrar por muy encima de los precios de mercado. El otro elemento es que las contrataciones se debían dar en condiciones de competencia; las oenegés se asignaron a dedo los contratos, no hubo concurso público”, señaló.

Indicó además, que se establecía que se debía favorecer a organizaciones de la sociedad civil incipiente.

“Ninguno de los asignados fueron incipientes, salvo uno o dos que se quedaron con migajas, la plata grande se las llevaron los sospechosos de siempre. Dicho esto, no hay resultados, nada está mejor, la democracia no está mejor, la Justicia no está mejor, los únicos que están mejor son los que llevaron la plata”, acotó.

Leite sostuvo además que la Justicia Electoral reconoció que no podía hacer un control real del financiamiento político porque no saben quiénes fueron los beneficiarios, por tanto, no saben si ese dinero terminó en campaña política.

Ante esto, una de las recomendaciones que dan es que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y la Justicia Electoral se tienen que comunicar informáticamente, al menos con algunos niveles de secreto para el control del financiamiento político.

Leite recordó que además de los fondos de USAID comprometía igualmente otros 5 millones de dólares de los fondos del Estado, y hasta ahora se negaron a brindar información sobre quién llevó la plata. Sobre el punto, la recomendación es que se vuelva a crear una nueva CBI para seguir insistiendo en saber quién o quiénes llevaron el dinero.

“No podemos dejar esto en el opareí, porque la ley de cooperación no está rendida, ¿qué haremos como Congreso?, porque se dejaría en la nada unos 52 millones de dólares, es una recomendación de la comisión", acotó.

Otro punto que resaltado fue que durante el trabajo de investigación se enteraron de que el valor de la importación de armas declarado de forma legal y el valor en frontera es 1.000 % más, conforme a los datos brindados por la Dirección de Material Bélico (Dimabel).

Manifestó que desde la DNIT alegaron cuestiones de confidencialidad, por lo que ahora solo se manejan con estimación de la Dimabel, que maneja un monto, los importadores manejan otros montos y los vendedores de fronteras están felices porque no se puede realizar un verdadero control en la frontera. “Mientras que los organismos del Estado que deberían controlar alegan confidencialidad”, acotó.

En lo que respecta a lavado de dinero, Leite señaló que llamó la atención que el Banco Atlas aparece en dos denuncias, una tiene que ver con el caso de Conmebol. Por otra parte, el caso del crédito del tractorista vinculado al presunto narcotraficante brasileño Luiz Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca. Ambos casos, aún están en proceso de investigación de la Fiscalía.

“Respetamos el trabajo, pero no nos cierra la bondad de la Fiscalía con Banco Atlas, en el caso Conmebol, Cabeza Branca, y ni que hablar en el fideicomiso de IPS que está ahí en la nebulosa. Esto es lo que podemos contar, el resto está escrito en el informe”, indicó.

También dijo que las veces que la comisión solicitó celeridad al Ministerio Público fue acusada de “comisión garrote”, por presionar a la Fiscalía para que realice su trabajo en casos que llevan más de 10 años sin que se expida, ya sea para desestimar o imputar.

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