Mientras que en la Argentina sale a luz la información a la que pudo acceder el portal argentino PeriodismoyPunto del periodista Luis Gasulla sobre los registros bancarios que probarían la existencia de dos sociedades de responsabilidad limitada (LLC) con fondos millonarios a nombre del expresidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, y su esposa, Silvana López Moreira; en Paraguay sigue trabada la investigación sobre presunto enriquecimiento ilícito del exmandatario.
Así lo confirma el periodista del área de Judiciales de La Nación/Nación Media Aldo Insfrán, quien recordó que en setiembre del 2024 se había abierto una carpeta fiscal tras la denuncia presentada ante el Ministerio Público.
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Explicó que sobre este caso se estaba aguardando la designación del agente fiscal que se encargará de la investigación. Por otra parte, señaló que los exministros del expresidente Abdo Benítez pudo y sigue logrando trabar los procesos legales por varios hechos punibles.
“En el caso conocido como filtración de información de Seprelad, donde los exministros habían presentado una chicana ante la Cámara de Apelaciones; por lo que el expediente va a la Corte Suprema de Justicia”, mencionó.
“Está en manos de la Corte Suprema de Justicia, específicamente en la sala penal de la máxima instancia judicial poder destrabar nuevamente este proceso penal, atendiendo las últimas actuaciones que se tiene”, mencionó
Recordó que el tribunal de apelación había destrabado meses atrás este proceso, pero la defensa de los imputados Carlos Arregui, René Fernández, Arnaldo Giuzzio, así como Carmen Pereira y otros, han recurrido nuevamente la decisión que se había adoptado en segunda instancia y que básicamente destrababa el caso.
“Habían rechazado las chicanas de la defensa, por ello, hoy este expediente llegó a la Sala Penal de la CSJ, que también ya está habilitada para sancionar a los abogados que han presentado nuevamente esta dilación en el caso de Seprelad”, acotó.
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Corte recuerda que esta semana vence el plazo para solicitar bienes en donación
La Corte Suprema de Justicia recordó este domingo que esta semana concluirá el plazo para que las organizaciones sin fines de lucro presenten sus solicitudes para acceder a la donación de bienes institucionales dados de baja. La convocatoria, iniciada el 1 de julio, finalizará el viernes 10 de julio, luego de cumplirse los ocho días hábiles establecidos para el proceso.
La iniciativa, impulsada por la Dirección General de Administración y Finanzas, está dirigida a entidades sin fines de lucro legalmente constituidas interesadas en recibir mobiliarios, equipos informáticos y otros bienes que ya no forman parte del patrimonio de la institución. Aunque estos elementos quedaron obsoletos o dejaron de ser utilizados en las labores judiciales, todavía podrían ser aprovechados en proyectos de carácter social.
La Corte precisó que los bienes serán entregados en las condiciones físicas y de funcionamiento en las que se encuentran actualmente. Por ese motivo, las organizaciones que resulten beneficiadas deberán asumir los costos de retiro, carga, transporte y traslado de los artículos adjudicados.
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Las manifestaciones de interés deben presentarse por escrito en la Mesa de Entrada de la Dirección General de Administración y Finanzas, ubicada en el cuarto piso de la Torre Sur del Palacio de Justicia de Sajonia, en Asunción, de lunes a viernes, entre las 07:00 y las 13:00.
Entre los documentos exigidos figuran una copia autenticada del estatuto social de la organización, los documentos de identidad del representante legal, la constancia vigente de inscripción en el Sistema Integrado de Administración de los Registros Administrativos (SIARA) y un informe que detalle el destino social que tendrán los bienes solicitados.
Como parte del proceso, las organizaciones interesadas también pueden realizar una inspección previa de los lotes disponibles durante el período de la convocatoria. Para coordinar las visitas, la División Inventario de Bienes habilitó la línea telefónica 0981 297-488, además de la central (021) 439-4000, internos 2012 y 2826.
La máxima instancia judicial aclaró igualmente que la presentación de la solicitud no garantiza la adjudicación de los bienes. La selección final de los beneficiarios se realizará conforme a los criterios establecidos en la normativa interna, priorizando que los artículos sean destinados a iniciativas de beneficio para la comunidad.
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Villarrica fue sede de una intensa jornada para mejorar el servicio de justicia
La ciudad de Villarrica concentró este viernes una amplia agenda institucional del Poder Judicial en el marco del denominado “Día de Gobierno”, una iniciativa orientada a fortalecer la administración de justicia en el departamento del Guairá mediante actividades de gestión, formación, concursos, incorporación de nuevos profesionales y reuniones con actores del sector.
Como parte de la jornada, se llevó adelante el examen de conocimientos correspondiente al Concurso para el Ingreso de Personas al Poder Judicial, que reunió a más de 1.000 postulantes interesados en ocupar cargos jurisdiccionales, administrativos y forenses. La evaluación constituyó una de las actividades centrales del programa desarrollado en la capital guaireña.
Además, 37 nuevos abogados prestaron juramento de ley para ejercer funciones en la Circunscripción Judicial del Guairá. El acto fue encabezado por la secretaria de la Sala Civil y Comercial de la Corte Suprema de Justicia, Rita Monges, quien tomó el compromiso legal a los profesionales que se incorporarán al servicio de justicia en la región.
La agenda también incluyó la presencia del vicepresidente primero de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera, y del ministro Manuel Ramírez Candia, superintendentes de la Circunscripción Judicial del Guairá, quienes participaron de las distintas actividades previstas dentro del Día de Gobierno.
Las autoridades
Durante el encuentro con los nuevos abogados, Benítez Riera los felicitó por este paso profesional y los instó a continuar su capacitación permanente para brindar una atención de calidad a la ciudadanía, resaltando la importancia del compromiso humano en el ejercicio del Derecho. A su turno, Ramírez Candia destacó la responsabilidad que tiene la profesión jurídica de responder de manera eficiente a las necesidades de la población.
La visita de las autoridades judiciales forma parte del plan institucional impulsado por la Corte Suprema de Justicia para reforzar el funcionamiento del sistema judicial en las circunscripciones del interior del país, promoviendo una gestión más cercana a las comunidades y receptiva a las inquietudes planteadas por autoridades locales y ciudadanos.
Optimización de servicio de justicia
Como cierre de la jornada, los ministros mantuvieron una reunión de trabajo con integrantes del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial del Guairá para coordinar acciones destinadas a optimizar la prestación del servicio de justicia. Asimismo, recibieron a representantes de gremios de abogados del departamento, con quienes analizaron diversos temas vinculados al funcionamiento del sistema judicial y otros asuntos de interés público.
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Histórica condena por violencia digital: 10 años por hostigar a su expareja desde la cárcel
La Justicia paraguaya dictó la condena más alta registrada en el país por un caso de violencia psicológica ejercida a través de medios telemáticos, marcando un precedente en la lucha contra la violencia digital y la protección de las mujeres víctimas de agresiones sistemáticas.
La agente fiscal María Eusebia Segovia Cabrera, titular de la Unidad Especializada de Lucha contra la Violencia Familiar y de Género N.º 4 de Asunción, obtuvo una sentencia de 10 años de pena privativa de libertad y dos años de medidas de seguridad contra un hombre hallado culpable del hecho punible de violencia familiar agravada, en la modalidad de violencia psicológica ejercida mediante medios digitales.
La condena, considerada la más severa aplicada hasta la fecha en Paraguay por este tipo de delitos, fue dictada tras un juicio oral y público en el que el Ministerio Público logró acreditar un prolongado patrón de hostigamiento, amenazas e intimidaciones dirigidas contra la víctima, quien es expareja del condenado y madre de sus tres hijos menores.
De acuerdo con los antecedentes expuestos durante el proceso, el hombre sometió a la mujer a amenazas de feminicidio, presiones psicológicas y actos reiterados de violencia a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto, audios y videos enviados durante un período de un año y diez meses, mientras permanecía recluido en distintos establecimientos penitenciarios del país.
La Fiscalía presentó un amplio conjunto de pruebas testimoniales, documentales, periciales y evidencias digitales que permitieron reconstruir la conducta sistemática del acusado y demostrar la persistencia de los actos de violencia pese a su condición de privado de libertad.
El Ministerio Público también acreditó que el condenado contaba con antecedentes de violencia contra la misma víctima. En 2023 ya había sido condenado a tres años de prisión por hechos similares, mientras que registraba otra condena previa por violencia familiar dictada en el año 2018.
El Tribunal de Sentencia, integrado por la jueza Olga Ruíz, en carácter de presidenta, y los magistrados Mario García y Celia Salinas, valoró de manera conjunta la totalidad de las pruebas incorporadas al juicio, otorgando especial relevancia a la evidencia digital, los informes técnicos especializados, la prueba documental y las declaraciones testificales.
Entre los elementos determinantes figuró el informe psicológico practicado al acusado mediante la aplicación del instrumento SARA (Spousal Assault Risk Assessment), una herramienta internacional utilizada para evaluar el riesgo de violencia contra la pareja. El estudio, solicitado por el Ministerio Público, arrojó un nivel de riesgo moderado, reforzando la necesidad de medidas de protección y prevención.
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En consecuencia, el Tribunal resolvió por unanimidad hacer lugar íntegramente a la pretensión punitiva planteada por la Fiscalía, imponiendo una pena de 10 años de prisión y dos años adicionales de medidas de seguridad.
La sentencia constituye un precedente relevante en materia de violencia digital en Paraguay y refleja el creciente reconocimiento judicial de las agresiones psicológicas ejercidas a través de medios tecnológicos como una forma grave de violencia de género.
Desde el Ministerio Público señalaron que el fallo reafirma el compromiso institucional con la protección integral de las víctimas y con el cumplimiento de los estándares internacionales asumidos por el Estado paraguayo.
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Fiscalía: relato de Vinicius coincide con acusación a Arnaldo Giuzzio
La Fiscalía también indaga los posibles vínculos con el rey de la cocaína Lindomar Reges Furtado, quien fue condenado a 37 años de prisión.
El juicio oral al exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, acusado por cohecho pasivo agravado, avanzó con la declaración del sospechado de narcotráfico y detenido en Brasil, Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua, cuyas manifestaciones, según el Ministerio Público, fortalecen la teoría sostenida desde el inicio de la investigación.
Tras la audiencia del día 25 de junio, la fiscala Verónica Valdez recalcó que el testimonio de quien en nuestro país fungía de empresario guarda plena concordancia con los elementos reunidos durante la pesquisa y será confrontado con las demás evidencias incorporadas al proceso.
COINCIDENCIA CON FISCALÍA
En expresiones que reproduce el sitio especializado El Observador, “las manifestaciones del señor Marcus Vinicius coinciden con la hipótesis del Ministerio Público”, recalcó la agente del Ministerio Público al evaluar el desarrollo de la jornada.
Valdez explicó que la declaración no será analizada de manera aislada, sino en conjunto con el resto de las pruebas producidas durante el juicio oral y con aquellas que aún serán incorporadas antes de la etapa final del proceso.
Según la agente fiscal, varios de los puntos expuestos por Marcus Vinicius respaldan la línea investigativa que sostiene la acusación contra el exsecretario de Estado. Explicó que estos elementos “serán cotejados con otros elementos de prueba que se produjeron y que se van a producir, para la presentación de los alegatos finales”, dijo.
INTERCAMBIOS DE MENSAJES
La fiscala también hizo referencia a documentación obtenida durante la investigación, particularmente a intercambios realizados desde el teléfono de Marcus Vinicius con autoridades nacionales, elementos que, según indicó, serán contrastados con las demás evidencias.
“Tenemos algunos presupuestos que fueron enviados desde el teléfono Marcus Vinicius a algunas autoridades, y eso después vamos a cotejar con otros elementos para demostrar que sí hubo un ofrecimiento al Estado”.
El Ministerio Público sostiene que el conjunto de pruebas documentales, periciales y testimoniales permitirá acreditar la existencia del ofrecimiento de beneficios investigado en la causa.
La Fiscalía también indaga los posibles vínculos con el rey de la cocaína, Lindomar Reges Furtado, quien fue condenado a 37 años de prisión por la Justicia brasileña por liderar una red narco en el Brasil.
Es por ello que ha pedido la pericia técnica de los celulares incautados a Lindomar en vecino país y que ya obran en la Justicia paraguaya.