Para este lunes 21 está previsto el desarrollo de una audiencia pública en la que estarán presentes ministros de la Corte Suprema de Justicia y autoridades de otras instituciones estatales. El fin de esto es analizar dos iniciativas legislativas que surgieron a partir de la trama delictiva “mafia de los pagarés”.
Los ministros de la Corte, Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez Rolón; así como el viceministro de Mipymes del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Gustavo Ramírez serán parte del encuentro para debatir sobre el proyecto que “que crea el Registro Nacional de Pagarés y otros Títulos de Crédito” y la propuesta que “establece el régimen de depósito judicial de títulos de crédito o documentos originales en el marco de los procesos civiles ante los juzgados y tribunales de la República”.
La propuesta de creación de un registro nacional fue presentada por varios diputados, entre ellos José Rodríguez, Rocío Abed y Cristina Villalba, del Partido Colorado, y Rodrigo Blanco del Partido Liberal, Plantea una plataforma pública, digital y accesible que permitiría registrar este tipo de documentos, fortaleciendo la seguridad jurídica y reduciendo los riesgos de fraude.
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Según sus impulsores, la medida facilitaría las transacciones comerciales al permitir que los titulares puedan acreditar de forma más clara la existencia y titularidad de sus créditos. En tanto, el proyecto que establece un régimen de depósito apunta a modificar varios artículos del Código Procesal Civil.
El objetivo es evitar que estos documentos puedan ser utilizados de forma simultánea o reiterada en distintos procesos judiciales, promoviendo un mayor control y transparencia en los litigios civiles. Además, la propuesta contempla que el juez determine el destino final del documento una vez dictada la sentencia, con lo cual se busca cerrar la posibilidad de reutilización indebida de los mismos títulos.
La trama “mafia de los pagarés” derivó en diferentes propuestas legislativas en ambas cámaras con el propósito de evitar nuevos casos. En la última sesión ordinaria del Senado quedó aprobado un proyecto de ley que establece un límite en los descuentos salariales a los funcionarios públicos. Esta iniciativa también está pendiente de estudio por los diputados.