El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, quien cuenta con 49 denuncias por corrupción, envió este jueves a una escribana pública hasta la sede la municipalidad para que el interventor Ramón Ramírez se ratifique o rectifique sobre sus afirmaciones ante la prensa, acerca de la existencia de irregularidades en la administración del opositor.

El intento de amedrentamiento no va a hacer mella en el trabajo que estamos haciendo. Evidentemente, nosotros estamos molestando con la información que estamos poniendo a conocimiento de la gente”, sostuvo Ramírez tras la presencia de la escribana pública Marina Beatriz Cáceres Aguayo, del distrito de Naranjal.

El economista dijo que no se retractará y aseguró estar respaldado por documentaciones en todos los aspectos denunciados. “No vamos a desacelerar ni un milímetro. Obviamente, estamos expuestos a este tipo de situaciones, pero quiero dar tranquilidad a la ciudadanía: no va a afectar nuestro ánimo”, refirió.

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El pasado 15 de julio, Ramírez reveló ante los medios de comunicación nuevas y escandalosas irregularidades en la administración del líder del movimiento Yo Creo.

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Entre los puntos objetados por Prieto figuran datos sobre la cantidad de funcionarios contratados, el estado de avance en la construcción de plazas, el uso de combustibles, las cifras de recaudación comparadas al año anterior y el manejo de fondos rotatorios o “cajas chicas” dentro de distintas dependencias municipales, con presunto uso mayoritario en gastos gastronómicos.

Interventor no retrocede

Ramón Ramírez fue enfático en afirmar que se ratificó en todos los puntos ante la escribana enviada por Prieto y afirmó que la cifra exacta sobre la cantidad de funcionarios y otras cuestiones, ya la dio a conocer en conferencias de prensa anteriores.

Estamos molestando con la información que estamos poniendo a conocimiento de la gente, es una intención de amedrentamiento”, señaló el economista y posteriormente añadió, “es un intento de intimidarnos en el trabajo que estamos llevando adelante, pero vamos a seguir haciéndolo sin ningún tropiezo y con el mismo ímpetu”.

El economista indicó que es consciente de que por la labor que realiza, está expuesto a este tipo de situaciones, sin embargo, dejó en claro a la ciudadanía que estas actuaciones por parte del intendente suspendido no va a afectar su ritmo de trabajo. “Absolutamente no vamos a retroceder, no vamos a desacelerar”, aseveró.

El interventor Ramón Ramírez afirmó que no dejarán amilanar por las artimañas de Miguel Prieto. Foto: Gustavo Galeano

Principales falencias detectadas

1. Documentos que aparecen y desaparecen

Desde el inicio de la intervención, Ramón Ramírez y su equipo se han enfrentado a enormes trabas para acceder a la documentación requerida. “No es desorden, es un desorden bien planificado”, afirmó el interventor. Documentos clave que inicialmente “no existían” en los legajos, aparecen de manera repentina, evidenciando un intento deliberado de obstaculizar la investigación.

2. Dudosa asignación de G. 83.000 millones

La propia administración municipal reconoció ante la Contraloría General de la República haber destinado G. 42 mil millones de fondos de capital -que debían financiar obras e infraestructura- para cubrir gastos corrientes y operativos.

3. Obras retrasadas y con plata ya transferida

Se detectaron casos graves de contratos adjudicados y con anticipos millonarios pagados, pero sin ninguna ejecución real. En varios casos, han transcurrido semanas de las fechas de inicio y las obras simplemente no existen.

4. Combustible con cifras imposibles

La intervención también descubrió un esquema de corrupción con el manejo de combustibles.

- Un vehículo declaró un kilometraje que implicaría recorrer más de 1.300 km en un solo día, algo físicamente imposible.

- Otro caso reporta 1.120 litros de combustible cargados en una semana, lo que equivale a llenar el tanque más de seis veces en apenas siete días.

5. Fondos rotatorios usados para compras injustificadas.

Se detectó la asignación indiscriminada de fondos rotatorios a dependencias municipales que los utilizaban para gastos fuera de norma, como la compra de bocaditos, en vez de destinarlos a urgencias reales.

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