Luego de que la Cámara de Senadores prestara su acuerdo constitucional para su designación como embajador de Paraguay ante los Estados Unidos, Gustavo Leite ofreció un discurso en el que agradeció la confianza depositada en su persona y reflexionó sobre su paso por el Congreso, asegurando que asume el nuevo cargo con compromiso y responsabilidad.

“No es una tarea menor la que me acaban de encomendar, trataré de no defraudarlos, especialmente a aquellos que no confiaron en mí con su voto”, expresó Leite, quien se despide del Senado tras dos años de ejercicio legislativo.

Leite agradeció especialmente al presidente Santiago Peña por confiar en él para asumir la representación diplomática en Washington, y enfatizó su compromiso de no fallarle al país. “Me siento muy comprometido, no me puedo dar el lujo de fracasar. Pueden salir mal las cosas, sí, pero hacerle pasar vergüenza al Paraguay o a ustedes, nunca”, aseguró.

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Reconoció que su perfil no era el tradicional en el ámbito político, pero que, pese a eso, aceptó el desafío de representar a la ciudadanía en el Parlamento. “Soy un ave rara, como dijo una colega. Yo no estaba en los planes, no tenía por qué estar aquí. No vengo del rubro político, aunque tuve cargos importantes. La ciudadanía colorada y paraguaya determinó que esté aquí, y aprendí a tolerar, a escuchar”.

En su mensaje, también compartió su visión sobre el trabajo legislativo. Cuestionó la excesiva cantidad de leyes existentes en el país, “7.500 leyes es demasiado”, e instó a reflexionar sobre la calidad, más que la cantidad, de los proyectos presentados. “No caigamos en la presión periodística de que ‘fulano es un buche porque no presentó ni un proyecto de ley’. Eso es mentira. Los proyectos deben ser buenos”, sostuvo.

Asimismo, llamó a defender la identidad cultural del país ante los desafíos globales. “Tenemos que traer toda la tecnología, toda la ciencia a Paraguay, pero no podemos perder la paraguayidad, el guaraní. No somos mejores ni peores, somos únicos”.

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También mencionó su frustración por algunas propuestas impulsadas por él que no avanzaron en el Senado y abogó por que la salud pública sea prioridad en la agenda legislativa. “En salud debería estar el foco del trabajo parlamentario. Ponernos como meta que para el 2028 tengamos más médicos, mejor pagados, mejores hospitales y medicamentos en cada uno de ellos”, propuso.

Finalmente, recordó la deuda de casi USD 600 millones que mantiene el Estado con el Instituto de Previsión Social (IPS), calificándola como una cuestión pendiente que necesita ser enfrentada con urgencia.

Tras reunirse con la Comisión Especial que investiga la trama denominada “Mafia de los pagarés”, la fiscal Teresa Sosa advirtió sobre la necesidad urgente de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) intervenga para regular los descuentos que realiza el Banco Nacional de Fomento (BNF) sobre salarios de funcionarios públicos.

“Hay un trabajo pendiente que realizar, fundamentalmente con el Ministerio de Economía, porque es este ministerio el que debe establecer las pautas con respecto a los descuentos de salarios del funcionario en general que realiza el BNF”, manifestó la representante del Ministerio Público.

En conversación con varios medios de prensa, Sosa explicó que todos los funcionarios públicos cobran sus haberes a través del BNF por disposición del Poder Ejecutivo, específicamente del MEF, que establece el mecanismo de pago. En ese sentido, subrayó que las cuentas salariales no deben ser tratadas como cuentas corrientes comunes, ya que poseen una naturaleza jurídica distinta.

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“El BNF tiene que respetar que esa cuenta del funcionario público es una cuenta salarial y no puede realizar cualquier descuento ni tener convenio con cualquier entidad para hacer descuentos, y tampoco tiene la potestad jurídica de aceptar embargos judiciales”, afirmó.

La fiscal recomendó a la Comisión Especial que las directrices y acuerdos para corregir esta situación deben partir necesariamente del MEF, a fin de encontrar una solución definitiva que contemple una adecuación normativa.

Finalmente, detalló que el Ministerio Público ha intervenido en aproximadamente 2.000 causas vinculadas a este esquema de descuentos irregulares, en el marco de las investigaciones sobre la mafia de los pagarés.

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“En Paraguay, el uso descontrolado de pagarés —sin trazabilidad, sin control y muchas veces sin respaldo real— ha generado un circuito tóxico de endeudamiento, judicialización y abuso, afectando tanto a personas como a empresas, especialmente en los sectores más vulnerables de la economía”, afirmó el diputado José Rodríguez durante una entrevista en el programa Tribuna de Paraguay TV.

Rodríguez presentó los principales lineamientos del proyecto de ley que propone la creación del Registro Nacional de Pagarés y otros Títulos de Crédito (RNPyTC), una iniciativa que busca transformar el sistema de control de documentos crediticios en el país.

El legislador explicó que el objetivo central del proyecto es combatir la llamada “mafia de los pagarés”, una práctica que ha generado múltiples denuncias por fraudes, cobros duplicados y abusos por parte de usureros. “Queremos dar garantías a los ciudadanos y proteger especialmente a los más humildes, que muchas veces son víctimas de estos esquemas”, subrayó.

El parlamentario destacó que hoy existe una oportunidad histórica para construir un nuevo marco jurídico que combine seguridad financiera, protección judicial y tecnología, a través de un texto legal único y consensuado que unifica tres iniciativas clave: Poder Judicial, ejecución justa y controlada; Poder Ejecutivo y MIC, digitalización y trazabilidad; Poder Legislativo, creación del Registro Nacional de Pagarés.

La Corte Suprema de Justicia impulsa un proyecto que ya cuenta con media sanción legislativa. Este regula el proceso ejecutivo sobre pagarés, estableciendo criterios más estrictos para su ejecución judicial. El objetivo es evitar ejecuciones automáticas de títulos vencidos, sin respaldo o manipulados, garantizando el debido proceso y la buena fe contractual.

Desde el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) se implementa la Ley N.º 6822/2021, que reconoce la validez legal de los títulos de crédito en formato electrónico, incluyendo pagarés y letras de cambio. Esta normativa permite su digitalización con firma electrónica avanzada y trazabilidad, creando las condiciones técnicas y jurídicas para dejar atrás el papel y avanzar hacia un sistema moderno, confiable y transparente. Además, convierte al MIC en autoridad técnica y reguladora de los prestadores de servicios de confianza digital.

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Desde el Congreso Nacional, se impulsa la creación del Registro Nacional de Pagarés, una plataforma pública, digital y auditable donde se inscriban todos los pagarés emitidos en el país. Basado en la Ley 6822/21, este registro permitirá conocer si un pagaré ya fue ejecutado, venció, fue pagado o está en disputa, previniendo duplicidades, estafas y abusos judiciales. También facilitará a los jueces una evaluación rápida de la legitimidad del documento y protegerá a los firmantes.

“Por primera vez en mucho tiempo, los tres poderes del Estado y el Ministerio de Industria y Comercio estamos construyendo un solo texto de ley, trabajado en conjunto desde lo técnico, lo judicial, lo legislativo y lo económico”, destacó Rodríguez. “Este proyecto no se trata solo de pagarés: se trata de confianza. Confianza en el sistema. Confianza en el crédito. Confianza en las reglas”, agregó.

El diputado advirtió que quienes se benefician del sistema actual y de los vacíos legales probablemente se opondrán. “Pero nosotros trabajamos por la gente, por los emprendedores, por los comerciantes, por quienes piden un crédito con buena fe y terminan atrapados en un infierno judicial”, remarcó.

Finalmente, Rodríguez hizo un llamado a los sectores productivos, cooperativas, banca, justicia y ciudadanía a respaldar esta iniciativa: “Esta ley consensuada será el punto de partida para un Paraguay más formal, más justo y más moderno. Cuando el Estado trabaja unido, los beneficios llegan a todos”.

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La Cámara de Senadores decidió ayer postergar “sine die” el tratamiento del pro­yecto de ley que proponía modificar el horario del país y retornar a las dos modalidades, es decir, hora­rio de invierno y verano. El proyecto no contaba con dictamen por parte de las comisiones revisoras.

“Hemos conversado con los colegas y hemos llegado a un acuerdo de solicitar la postergación “sine die” sin entrar en discusión, esa es mi moción”, fue lo expre­sado por el senador Juan Carlos Galaverna, moción que fue acompañada por sus colegas durante la sesión ordinaria.

El proyecto fue presentado por varios senadores, entre ellos Blanca Ovelar, Rafael Filizzola, Silvio Ovelar, Yolanda Paredes, Luis Pet­tengill y otros más y tenía por objetivo establecer el huso horario UTC-3 para el verano y UTC-4 para el invierno y además, contem­plaba en qué época del año debía cambiarse el horario, tal y como se realizaba ante­riormente.

Con la postergación “sine die”, el proyecto queda sin una fecha concreta para su tratamiento, a la espera de un eventual consenso que permita retomar el análisis en futuras sesiones.

Previo al inicio de la sesión en el Senado, el presidente de la Cámara, Basilio “Bachi” Núñez, manifestó que se planteará como una alter­nativa la implementación de un sistema de horario esca­lonado, especialmente en el ámbito educativo en los días de frío extremo.