El contralor general de la República, Camilo Benítez, advirtió que el proyecto de ley que modifica el artículo 30 de la Ley N.º 879/1981 “Código de Organización Judicial” podría debilitar seriamente la política anticorrupción del Gobierno, al restarle facultades de control a la Contraloría General de la República.
“Atenta contra toda la política anticorrupción del propio gobierno, nosotros tenemos una estrategia nacional de combate a la corrupción, tenemos unos objetivos que pretenden bajar la percepción de corrupción y esto va totalmente de contramano a toda la estrategia que nosotros hemos planteado”, expresó Benítez.
En diálogo con varios medios de prensa, el titular del ente contralor alertó que la iniciativa, que será tratada este martes por la Cámara de Diputados en sesión ordinaria, abriría la puerta para que las instituciones del Estado eludan el control fiscal de la Contraloría General.
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“Si esto se convierte en una ley, en una práctica legal, todas las instituciones del Estado, todas, imagínense el Ministerio de Salud, de Educación, de Obras, todo el gasto público podrían enviarse directamente al Tribunal de Cuentas y la Contraloría estaría imposibilitada a acceder a esa documentación”, advirtió.
En este sentido, remarcó que este “puenteo” a la Contraloría va en contra del artículo constitucional que establece cuál es el rol del ente contralor, institución que debe controlar la actividad económica y financiera del Estado, por lo que instó a los legisladores a analizar bien esta propuesta y no dar lugar a su sanción ya que también atenta con las atribuciones que tienen los parlamentarios.
“Esto sería trasladarle al Poder Judicial una competencia que tiene hoy el Congreso, es decir, los congresistas estarían legislando en contra de su propia competencia constitucional si esto se aprueba, vamos a rogarle al presidente que vete, sino vamos a tener que accionar ante el órgano jurisdiccional”, concluyó.