Tras reunirse con la Comisión Especial que investiga la trama denominada “Mafia de los pagarés”, la fiscal Teresa Sosa advirtió sobre la necesidad urgente de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) intervenga para regular los descuentos que realiza el Banco Nacional de Fomento (BNF) sobre salarios de funcionarios públicos.
“Hay un trabajo pendiente que realizar, fundamentalmente con el Ministerio de Economía, porque es este ministerio el que debe establecer las pautas con respecto a los descuentos de salarios del funcionario en general que realiza el BNF”, manifestó la representante del Ministerio Público.
En conversación con varios medios de prensa, Sosa explicó que todos los funcionarios públicos cobran sus haberes a través del BNF por disposición del Poder Ejecutivo, específicamente del MEF, que establece el mecanismo de pago. En ese sentido, subrayó que las cuentas salariales no deben ser tratadas como cuentas corrientes comunes, ya que poseen una naturaleza jurídica distinta.
“El BNF tiene que respetar que esa cuenta del funcionario público es una cuenta salarial y no puede realizar cualquier descuento ni tener convenio con cualquier entidad para hacer descuentos, y tampoco tiene la potestad jurídica de aceptar embargos judiciales”, afirmó.
La fiscal recomendó a la Comisión Especial que las directrices y acuerdos para corregir esta situación deben partir necesariamente del MEF, a fin de encontrar una solución definitiva que contemple una adecuación normativa.
Finalmente, detalló que el Ministerio Público ha intervenido en aproximadamente 2.000 causas vinculadas a este esquema de descuentos irregulares, en el marco de las investigaciones sobre la mafia de los pagarés.
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Paraguay y CAF-AM analizan mecanismos para financiar obras de infraestructura
El ministro de Economía, Óscar Lovera, y el viceministro de Economía y Planificación, Gerardo Ruiz Díaz, mantuvieron un encuentro con el gerente general de CAF-AM Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe, Alberto Ñecco, con el objetivo de evaluar los avances en proyectos destinados al sector de infraestructura paraguayo, según información del propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Desde la cartera económica señalan que se analizaron herramientas financieras basadas en la participación privada, tales como concesiones y asociaciones público-privadas (APP), similares a los modelos de fondos de financiamiento ya implementados por el organismo en países como Colombia, Uruguay y Costa Rica.
La estrategia busca facilitar el financiamiento de obras que impacten directamente en la calidad de vida de la población y mejoren los niveles de productividad del país. Actualmente, el organismo trabaja en el establecimiento de condiciones habilitantes en Paraguay, tanto en el marco normativo como en términos de mercado. El cumplimiento de estos requerimientos permitiría la creación de una industria de fondos de infraestructura que fomente la competencia y genere beneficios económicos directos para el Estado.
Desde la perspectiva de CAF-AM, Paraguay destaca en la región por su estabilidad macroeconómica y sus perspectivas de crecimiento saludable. Este desarrollo económico conlleva una demanda creciente de ampliación y mejora de la capacidad logística, entendiendo que la infraestructura es el soporte fundamental de la capacidad productiva de las naciones. El organismo identifica un alto potencial en la capacidad económica paraguaya para sostener el desarrollo de infraestructura de uso público de alta calidad.
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En el encuentro participaron también representantes del área legal y consultoría de Asset Management Corp, subsidiaria de CAF, junto con ejecutivos séniores del banco de desarrollo, quienes acompañaron el análisis técnico de los mecanismos de inversión propuestos para el territorio nacional.
Sobre CAF-AM y su gestión
La CAF Asset Management Corp. (CAF-AM) opera como la entidad gestora de fondos del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Su función principal es el manejo de fondos de capital de terceros, orientados mayoritariamente al financiamiento privado de proyectos de infraestructura en los países que integran el grupo de accionistas de CAF.
La entidad se rige por un modelo de negocio independiente que cuenta con una estructura de gobierno corporativo propio y una gerencia con trayectoria en la región. Esta configuración permite que diversos inversionistas institucionales, como fondos de pensiones, compañías de seguros, bancos de desarrollo y administradores profesionales, accedan a oportunidades de inversión respaldadas por la experiencia operativa y el historial crediticio de CAF en el mercado latinoamericano.
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Cantero defiende su nominación para juez: “Es injusto que no se mire mi trayectoria”
“Dejan de lado todo lo que es mi carrera, me parece injusto que no se mire mi trayectoria”, indicó el agente fiscal Aldo Cantero, al defender su inclusión en la terna para juez penal de Primera Instancia de Asunción, elaborada por el Consejo de la Magistratura (CM). El fiscal recordó además que no es la primera vez que se postula a cargos judiciales y que en ocasiones anteriores quedó fuera de ternas.
“La gente y los medios de comunicación que me atacan se olvidaron que tuve muchas causas de altísimo nivel y popularidad referente a cuestiones políticas. Yo, con 30 años, formé parte de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción. Empecé muy joven como fiscal y tengo 14 años de gestión probada y aprobada por todos los entes de control”, sostuvo este miércoles al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Cantero reconoció que los cuestionamientos en su contra provienen principalmente de sectores ligados al gobierno anterior, encabezado por Mario Abdo Benítez, luego de la imputación que él y otros fiscales promovieron contra el exmandatario y varios de sus exministros en el escandaloso caso Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes), en que se instrumentó la persecución política de adversarios electorales desde instituciones estatales.
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¿Defensora de Pecci?
El agente fiscal cuestionó el rol actual de Cecilia Pérez, operadora política del expresidente que criticó su selección para la terna, al recordar las diferencias que ella tuvo con el fiscal Marcelo Pecci cuando ocupaba el Ministerio de Justicia, pero que hoy funge como abogada de una parte de la familia del agente del Ministerio Público, asesinado hace cuatro años en Colombia.
“Me llama muchísimo la atención que una persona que en su momento fue crítica, incluso dando mensajes increíbles al doctor Marcelo Pecci, hoy sea abogada de la familia”, expresó al recordar que Pérez ni podía cruzarse con Pecci y afirmó que la exministra utiliza los medios para instalar cuestionamientos políticos y defender causas vinculadas al abdismo. “Cada vez que agarra un micrófono es para hacerse publicidad. Ella es apoderada de un movimiento político”, aseveró.
Actualmente, la exfuncionaria del gobierno de Abdo Benítez se desempeña como apoderada general de la disidencia colorada y además ejerce la defensa legal del exministro abdista Arnaldo Wiens en el caso Metrobús y del propio exmandatario en la causa de las filtraciones de la Seprelad, aunque continúa escudado en sus fueros como senador vitalicio, pese a que en un video lanzado en redes sociales en marzo de 2025 prometía que se sometería a la justicia.
Solidez jurídica, no persecución
El agente fiscal comentó en que el expediente abierto contra Abdo Benítez y exautoridades de su gobierno fue construido con sustento jurídico por distintos equipos fiscales y validada por un juez penal, negando cualquier persecución política. “Nosotros hicimos una investigación impecable”, afirmó. “La carpeta pasó por varios fiscales y hubo un juez que admitió la acusación. Todo está documentado”.
Para Cantero, nunca se discutió el contenido de las pruebas y los cuestionamientos se limitaron a instalar la idea de una persecución política. Defendió su presencia en la terna elaborada por el Consejo de la Magistratura y resaltó que cuenta con calificaciones superiores incluso a las del fiscal Deny Yoon Pak, quien encabezó el operativo A Ultranza Py. “Sin desmerecer el enorme trabajo del doctor Pak, yo tengo mejor puntaje que él”, afirmó. “Llegó mi momento. Tengo mi gestión aprobada y mi puntaje aprobado”, aseguró.
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Administración Central ejecutó G. 22,8 billones hasta abril de 2026
La Administración Central ejecutó G. 22,8 billones durante el primer cuatrimestre de 2026, equivalente al 27,7 % del presupuesto vigente, según el informe de la Dirección General de Presupuesto (DGP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Los datos reflejan que el mayor volumen de recursos públicos estuvo orientado a servicios sociales, infraestructura, seguridad y compromisos previsionales y financieros del Estado.
El presupuesto vigente de la Administración Central asciende actualmente a G. 82,4 billones y, hasta abril, el Poder Ejecutivo concentró cerca del 94 % de toda la ejecución acumulada. Del total desembolsado, unos G. 19,3 billones fueron destinados a servicios considerados esenciales y sectores estratégicos para el funcionamiento del Estado.
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Entre las instituciones con mayor nivel de ejecución sobresalen el Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio del Interior.
El MEF lideró la ejecución presupuestaria con el 33 % del total acumulado, equivalente a G. 7,5 billones. Estos recursos estuvieron dirigidos principalmente al pago de jubilaciones, transferencias a gobiernos subnacionales y cumplimiento de obligaciones vinculadas a la deuda pública.
En segundo lugar, aparece el Ministerio de Educación, que concentró el 15 % de la ejecución, seguido por Salud con el 14 %, Obras Públicas con el 9 %, Desarrollo Social con el 7 % e Interior con el 6 %.
El informe también detalla cómo se financió la ejecución presupuestaria acumulada. El Tesoro Público cubrió el 66,5 % de los desembolsos, con una erogación de G. 15,1 billones. Bajo esta fuente se financiaron completamente programas sociales emblemáticos como la Pensión Universal para Adultos Mayores, que demandó cerca de G. 1 billón, y Tekoporã Mbarete, con unos G. 400.000 millones.
El esquema de financiamiento se complementó con un 18,5 % proveniente de crédito público y un 15 % correspondiente a recursos institucionales.
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Gobierno completó primera etapa de pagos a proveedores de salud: desembolsó USD 100 millones
El gobierno completó la primera etapa del plan de pagos a proveedores del sistema de salud, con un desembolso de USD 100 millones, en el marco de la regularización de la deuda acumulada con las empresas del rubro.
El presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica del Paraguay (Cifarma), Gerardo García, dijo a La Nación/Nación Media, que los pagos comprometidos se cumplieron en los primeros días de mayo, de acuerdo con el cronograma establecido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
“El gobierno desembolsó los USD 100 millones durante los primeros días de mayo. Cumplieron con lo comprometido”, afirmó García.
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Para este mes, se prevé una segunda fase de pagos por USD 80 millones, que dará continuidad al cronograma acordado entre el gobierno y los proveedores del sector, para finalizar con la deuda de USD 180 millones.
García señaló que el rubro se encuentra con la expectativa de que el plan se ejecute dentro de los plazos establecidos. “Ahora estamos esperando los USD 80 millones de este mes, que esperamos que sea pronto”, indicó.
El esquema de desembolsos forma parte de un proceso de regularización de compromisos pendientes del sistema de salud pública, que incluye deudas por provisión de medicamentos, insumos médicos y otros servicios sanitarios esenciales.
La iniciativa fue presentada en una reunión entre la ministra de Salud, María Teresa Barán, el ministro de Economía, Óscar Lovera, y representantes del sector farmacéutico.
Desde el sector privado destacan que este tipo de desembolsos son clave para sostener la cadena de abastecimiento de medicamentos e insumos, en un contexto donde las empresas venían operando con importantes retrasos en los cobros.
El plan de pagos busca ordenar la deuda acumulada del sistema sanitario y mejorar la previsibilidad financiera tanto para el Estado como para los proveedores, en un sector considerado estratégico por su impacto directo en la atención médica de la población.
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