Las actividades escolares en las zonas del departamento Central y otros puntos del país están suspendidas este lunes y se prevé que la medida tomada por los maestros se extienda hasta mañana. Si bien durante el fin de semana se estuvieron oficiando reuniones entre el ministro de Educación, Luis Ramírez, y los representantes docentes, no se llegó a un acuerdo para levantar la huelga.

“En nuestro programa está previsto que nos concentremos en distintos puntos de la República, realizando reuniones con las diversas comunidades educativas para poder explicarles la situación en la que estamos con más detalles, leer el texto hecho por el Ministerio de Educación y conversar sobre nuestro planteamiento”, expresó Gabriel Espínola, secretario general de la Organización de Trabajadores de la Educación – Sindicato Nacional (Otep-SN).

Entre las principales exigencias de los docentes se encuentra el incremento del 5 % adicional al 3,6 % establecido por el índice inflacionario oficial, así como un mayor presupuesto para el escalafón, la contratación de más docentes y profesionales de otras áreas como psicología, entre otros pedidos.

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“Hay un déficit monetario del 26 % que se traduce en términos monetarios en unos 300 millones de dólares, y estos son los déficits de rubros, horas cátedra, infraestructura, equipamiento, incorporación de especialidades para las diversas funciones”, explicó Espínola en contacto con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El representante del gremio docente remarcó que contar con estos fondos es sumamente importante, en especial para los centros educativos inclusivos, ya que necesitan de personal extra para el apoyo y acompañamiento escolar.

Recordó además que recién en noviembre de este año los docentes llegarían al monto del salario básico profesional, por lo que exigen un reajuste salarial por encima del parámetro estándar, atendiendo que la inflación interanual los afecta en mayor medida debido a las deudas que existen con el sector.

“Lo único que nos garantizó el viceministro de Finanzas, Óscar Lovera, es el escalafón docente, porque habíamos firmado un acuerdo en agosto del 2023 donde el gobierno se comprometía a incorporar 9 millones de dólares cada año para el escalafón, de manera que ningún docente con resolución esté esperando a que alguien renuncie o se jubile para contar con su escalafón, sino que, al contar con su resolución, vaya a acceder a sus derechos”, mencionó Espínola.

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El ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, aseguró que se está pagando el subsidio a transportistas como se había acordado. Al respecto, recordó que el acuerdo que se firmó con los empresarios del sector fue de un pago por mes.

El alto funcionario respondió a las consultas periodísticas sobre este tema. En ese sentido, enfatizó que el Gobierno está cumpliendo con los pagos, desembolsando los subsidios una vez al mes, conforme al cronograma acordado.“Todos van a recibir una vez por mes lo que les corresponde”, afirmó.

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También se refirió al reclamo de los empresarios, que desde hace unos días volvieron a exigir el desembolso del subsidio pendiente del mes de julio. Al respecto, el titular del Centro de Empresarios del Transporte Público de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam) César Ruíz Díaz, apuntó nuevamente al Viceministerio de Transporte.

Ante esto, el ministro pidió tener en cuenta lo que se firmó en el acuerdo. “Le pido que lea el acuerdo, dice que se va a pagar uno por mes. Es lo que estamos pagando, no me pueden pedir a mí que pague dos veces por mes. Con el pago de uno por mes estamos cumpliendo”, enfatizó.

El titular de la cartera del Tesoro aseguró que no existen privilegios para nadie, ya que a todos se está pagando uno por mes, es decir, tanto el pago de salarios, pago a los proveedores de farmacéuticas, a las empresas de construcción, a todos se les está haciendo el pago como corresponde.

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El proyecto de ley que fue presentado el pasado 24 de julio ante el Congreso Nacional para su estudio “mejorará, en general, el ecosistema del transporte público”, apunta el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández. Un técnico especialista insiste en la implementación del sistema ferroviario y los usuarios organizados reclaman participación. Aquí un panorama.

• Por Jorge Zárate
• jorge.zarate@nacionmedia.com
• Fotos: Archivo / Gentileza

“Lo que busca­mos es mejorar el servicio de transporte público y la eco­nomía de las familias, man­teniendo bajo su gasto de bol­sillo en movilidad”, resume el viceministro de Trans­porte, Emiliano Fernández. Se aspira a que sea “un servi­cio digno y con mejor veloci­dad para los desplazamien­tos con vías preferenciales e inversión vial constante”.

“La idea es mejorar aspectos financieros, generar o atraer a empresas solventes, incorpo­rar flota nueva, dar un mejor servicio a los actuales usua­rios y atraer a nuevos”, agrega.

Expone que “El bus que viene” es un proyecto inte­gral que abarca ejes de gober­nabilidad, modelos de con­tratación, financiamiento y planificación metropolitana. “Además de seguir cubriendo Asunción y alrededores pro­ponemos mecanismos para extendernos a nuevas áreas metropolitanas, como Ciu­dad del Este o Encarnación. La futura ley nos permitirá llegar al interior”, asegura.

Aquí su diálogo con La Nación/Nación Media:

–La ley, una vez aprobada, será permanentemente eje­cutada. Si hablamos de las mejoras más importantes se prevé que se inicien en 2026. La idea es que haya servicios nocturnos, incorporación de buses eléctricos, construc­ción de estaciones de carga­dores, información de servi­cios de transporte público metropolitano en Google Maps, entre otros.

–Uno de los pilares centrales es la renovación y ampliación de la flota con la incorpora­ción de buses 0 km, tanto a combustión como eléctricos. Se estima una inversión de 300 millones de dólares para renovar 1.000 unidades, cifra que representa la cantidad de buses que alcanzarían su vida útil antes de finalizar el actual periodo de gobierno. La incorporación de estos nue­vos vehículos será impulsada principalmente por el sector privado a través de procesos de licitación que adjudicarán tanto la operación como la provisión de flota. El esquema de financiamiento prevé que los pagos correspondientes a la operación y la inversión en flota se realicen dentro del propio sistema, mediante el mecanismo de tarifas técni­cas, subsidios y pasajes.

–La propuesta de ley de reforma otorga las herra­mientas jurídicas necesa­rias para avanzar en el orde­namiento del sistema. La ley nos habilita a reordenar itine­rarios, generar instrumentos de planificación, establecer un nuevo esquema de finan­ciamiento y aplicar diversas medidas que contribuirán al reordenamiento, pero de manera gradual.

–El fideicomiso, en esta ley, es un fondo creado con todo el dinero generado por el sis­tema de transporte, gestio­nado por la Agencia Finan­ciera de Desarrollo (AFD). Entre las fuentes de recur­sos estarán las cargas por los usuarios en sus tarjetas, los subsidios que otorga el Estado, determinadas mul­tas, cánones que pudieran pagar las empresas, entre otros. La idea es que desde este fondo se pague a todos los prestadores, es decir, a los que proveen los buses, a las empresas operadoras, a quie­nes proporcionan los patios de estacionamiento para los buses, etc. El MOPC será el fideicomitente de este fondo.

–Se prevé la elaboración de políticas tarifarias con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a fin de definir los beneficios para las poblaciones más vulne­rables. Cabe resaltar que estos no se modifican y que, además, el proyecto de ley incluye otros bene­ficios como des­cuentos por uso frecuente e inte­gración tarifa­ria (transbor­dos gratuitos o a menor costo).

–Se prevé que los operadores que se inserten en el nuevo modelo tengan experiencia y se acceda por vía competi­tiva, mediante licitaciones que estarán abiertas para cualquier empresa, nacional o internacional, en las cuales podrán participar los actores actuales. Bus­cando una transición ordenada, se incentiva la creación de con­sorcios para postu­lar a las nuevas lici­taciones.

–Todo este conjunto de mejo­ras motivará en las decisio­nes de empresas para ensam­blar buses en Paraguay. De hecho, ya se cuenta con el proyecto de la empresa Master Bus de Taiwán –que apunta tanto a Paraguay como a la región– y otros proyectos que están siendo monitoreados principal­mente por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

Fernando Maidana, arquitecto urbanista especialista en transporte, considera que en Asunción y Central se necesita “un reordenamiento de la gobernanza del sistema, ya que actualmente hay una descoordinación de los buses inter­departamentales, los buses metropolita­nos y los buses municipales”.

Apunta por ello que el pro­yecto gubernamental que estudia el Congreso “en su redacción actual propone ajustes administrativos para el sistema de trans­porte público. Necesita­mos que el Viceministerio de Transporte delegue la planificación y operación de los servicios de buses a las gobernaciones para que el Gobierno Nacional se pueda encargar de reintroducir y operar el sistema ferroviario en Paraguay”, expone.

Para ello propone “un plan eje­cutivo que establezca en deta­lle las características del ser­vicio que se quiere alcanzar y una propuesta financiera, que logre efectivamente colocar inversión en el mejoramiento de la infraestruc­tura y de la calidad del servicio del transporte público”.

Maidana, que tiene una maestría en Planificación y Políticas Urba­nas en Rotterdam, Países Bajos, considera que para mejo­rar el sistema se deben tener en cuenta cuestiones técnicas como malla de iti­nerarios, cálculo de buses necesarios en cada itinera­rio, frecuencias de buses en cada iti­nerario y un cálculo presupuestario para cada itinerario”.

El urbanista, con expe­riencia en políticas y proyectos de planifi­cación territorial y del transporte, enfatiza que de manera inmediata se requeriría “revisar la tarifa técnica para saber el costo real del pasaje”.

Gustavo Espínola y Griselda Yúdice, de la Organización de Pasajeros del Área Metro­politana de Asunción (Opama), señalaron que “como pasajeros creemos que de manera inmediata el Viceministerio de Transporte (VMT) debe impulsar cambios como carriles exclusivos, renovación de la flota, reingeniería de los itinerarios, paradas cada 500 metros y tarifa integrada (transbordo gratuito)”.

“Vemos una coincidencia de todos los secto­res, sean pasajeros o no, de que el sistema de transporte público debe mejorar. Pero tam­bién se debe ser claro en cómo se va a solven­tar esta reforma, los detalles sobre la financia­ción y la calendarización de la ejecución de la reforma”, consideraron.

El proyecto de ley plantea nuevas modalida­des de división del servicio, “que pueden salir bien como también pueden salir mal si no se fortalece la capacidad pública para el control del sector privado. Además, los pasajeros exi­gimos tener más participación en las decisio­nes que afectan a nuestra movilidad, al mismo nivel que los empresarios”, reclamaron.

Pidieron a su vez “avanzar en mecanismos de generación de datos y transparencia de toda la información referente a movilidad. Los datos sobre tarifa técnica, subsidio, resolución de frecuencias, cantidad de pasajeros, presu­puesto deberían ser públicos y de fácil acceso para la ciudadanía, y habilitar un mecanismo de denuncia para los pasajeros”, concluyeron.

El viceministro de Transporte destaca que “un tema esencial del proyecto es la declaración del servicio de transporte público metropo­litano de pasajeros como un servicio público imprescindible”. Lo hace entendiendo que “eso le dará una mayor fuerza jurídica para exi­gir a los concesionarios que brinden servicios todos los días independientemente de las cir­cunstancias”.

Esto significa en términos prácticos “que el servicio no puede parar. Se debe garantizar continuidad y regularidad incluso frente a epi­sodios de paros y huelgas bajo pena de san­ciones muy fuertes. Si bien esto de la impres­cindibilidad ya estuvo en la Ley 1626 “De la función pública” y se puede interpretar de la nueva ley del servicio civil, lo cierto es que no estaba en la ley del transporte, en la ley espe­cializada, como proponemos ahora”, apunta.

“La otra herramienta importantísima es que vamos a firmar contratos separados para la provisión de los buses y la operación. Los buses van a ser pagados por la disponibilidad para el sistema, independientemente de quién los opere. Así, cuando un operador falla y tiene que retirarse, los buses van a seguir tra­bajando y pasarán al nuevo operador, porque son contratos separados”, expone.

La flota de buses pasó de 2.500 a 1.782 en los últimos años.

A pesar de la renovación de 2015, la antigüedad de la flota es de 11,54 años promedio.

En los últimos 20 años el diésel aumentó un 3 %, los salarios en un 7 % y los cos­tos de los vehículos un 4 %, mientras que el pasaje man­tiene su precio hace 10 años gracias a los subsidios.

Hace 20 años había 60 empresas concesionarias. Hoy en día son 33.

Fuente: Datos consignados en el proyecto “El bus que viene” remitido al Congreso

El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, explicó que se busca un servicio con eficiencia y regularidad, al acudir este jueves a la audiencia pública en la Cámara de Diputados sobre el “plan de reforma del transporte público de pasajeros”, en torno al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, que ya se encuentra en la Cámara Alta para su estudio.

“Esta es una reformas estructural, es un proyecto de ley que da habilidades jurídicas al Estado para hacer lo que debe hacer obligatoriamente, que es garantizar la movilidad de la gente, la gente tiene derecho a movilizarse, por lo tanto, el Estado tiene que tener instrumentos jurídicos que habiliten a abordar todas las situaciones”, expresó Fernández en conversación con los medios de comunicación, antes del inicio del encuentro.

Expresó que, actualmente, la mayor deficiencia en el sistema de transporte es el tiempo de espera y la incertidumbre de la frecuencia de los mismos, señalando que para paliar esta situación se prevé la incursión de más buses, aumentando así la frecuencia en los itinerarios.

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“La peor cosa es esperar mucho y no saber si viene o no viene, esa es la peor cosa que sucede, y eso se aborda en el proyecto de ley de dos maneras, una que es bien visible que es: necesitamos más buses, y necesitamos buses nuevos; lo segundo, la tecnología, con que nosotros damos al ciudadano el servicio de transporte público, esa tecnología de tener claro a qué hora viene el bus, así como se usan en las plataformas privados”, explicó.

Con relación a la tarifa final para el usuario, indicó que en ningún momento se analizó o se discutió sobre el aumento del precio del pasaje. “Nosotros no estamos hablando, en ninguna mesa, ni con el presidente (Peña), ni con la ministra (Claudio Centurión), ni con nadie de cambios en el pasaje al usuario. La ley prevé que el precio del pasaje debe ser accesible para todos, tiene que haber un precio que dé oportunidad de movilidad de la mayor parte de la población, hoy no hablamos del cambio del pasaje”, refirió.

El viceministro indicó que determinados factores estarían siendo abordados más adelante. “Estas cosas, evidentemente, a medida que afinemos el proyecto vamos a abordar, pero no hablamos de cambio del pasaje bajo ningún aspecto, lo que hablamos de hacer más eficiente el sistema, y si hacemos más eficiente, incluso podemos mejorar las finanzas del sistema”, sentenció.

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