“No había necesidad de llegar a una amenaza de esta naturaleza”, dijo el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, al cuestionar el paro de buses convocado por los empresarios del transporte por un lapso de 72 horas, a partir del lunes 21 de julio.
“No es necesario hacer un daño cuando hay mesas instaladas y que dan resultado. Esta es una medida desproporcional porque los puntos que ellos reclaman son puntos que ya se vienen trabajando, son perfectamente atendibles con un diálogo y en mesas que hoy están instaladas, funcionando, son dinámicas y que ya dieron sus resultados”, indicó este viernes en el estudio del programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Te puede interesar: Triple Frontera: instalan base contra el crimen organizado con apoyo del FBI
El funcionario de Estado desmintió que la deuda por subsidios sea de USD 8 millones como reclaman los empresarios del transporte. Agregó que el monto equivale a un total de USD 3,9 millones y corresponde a un atraso de un solo mes.
“No reclaman una mejora de itinerarios, un proceso de mejoras de buses o alternativas para la gente, no hay nada relacionado para la calidad de servicio al usuario. Todos sus reclamos son finanzas. Si es cierto que estamos demorados con este monto, pero se pagará la semana que viene“, refirió Fernández.
Lea también: Peña lanza portal institucional para la prevención de incendios
El viceministro de Transporte acotó que desde el inicio del gobierno de Santiago Peña “se pagan deudas atrasadas. Se vienen realizando pagos regularmente conforme a la estrategia del mes vencido. Tenemos un inconveniente ahora que se solucionará. Nunca se dijo que no se pagará, como el sector del transporte dice. No es cierto que no exista voluntad por parte del Gobierno para pagar“.
Agregó que el esquema de pagos está estipulado en el decreto firmado en noviembre del año 2023, cuando asumió esta administración y se hizo cargo de las deudas atrasadas. Fernández reiteró que los empresarios del transporte no cuentan con una justificación que avale la toma del paro, calificando la medida como “ilegal”. “Someter a la población a un daño muy grande con un argumento que no tiene mucha fuerza, ya que se está trabajando, es ilegal”, sentenció.