El diputado colorado Rodrigo Gamarra reprochó el anuncio de la medida de fuerza del sector transportista, señalando que este paro es un chantaje descarado contra la ciudadanía, ya que considera que no existen justificativos para esta medida de fuerza.

En comunicación con La Nación/Nación Media, señaló que no observa alguna crisis de costos, tampoco hay deuda atrasada por parte del Gobierno; por tanto, “lo que hay es una presión abusiva sobre la ciudadanía de parte de los empresarios del transporte", dijo.

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De hecho, afirmó que hace unos días el Viceministerio de Transporte confirmó que están al día con el pago de subsidio. El legislador compartió unos datos concretos respecto a la suba de combustible, explicando que sigue manteniendo la tarifa más baja, incluso cuando asumió el gobierno el presidente Santiago Peña.

Al respecto destaca que a pesar del último reajuste, el precio actual sigue siendo G. 1.600 más bajo que en enero de 2023, lo que representa una caída neta del −18 %.

“Nosotros, y menos la ciudadanía, puede seguir siendo rehenes de un grupo que amenaza con paralizar el país cada vez que no se le da un privilegio. El Estado no puede legislar bajo extorsión. Acá es necesario poner orden en el sector del transporte”, reprochó .

El legislador recriminó de este modo las últimas declaraciones del titular de Cetrapam, César Ruíz Díaz, quien bajo tono amenazantes hizo el anuncio del paro de tres días. Indicó que esa no es la base para iniciar una mesa de negociación seria.

“Las bases de negociación deben ser sobre realidades, y éstas son que el combustible bajó entre 4 o 5 veces en este gobierno. En enero del 2023, estaba G. 8.900, que fue el punto más alto registrado el diésel común. De ahí fue bajando, hasta G. 6.920. Recién ayer, 10 de julio, subió de vuela el costo del combustible, subió a G. 7.300; y aún así sigue siendo 1.600 guaraníes más bajo, de cuando inició este gobierno”, explicó.

Por otra parte, indicó que el aumento salarial que se dio en este mes, es aún muy poco, en comparación a lo que los empresarios están exigiendo para ajustar la tarifa.

“No existen argumentos válidos para decir que van a paralizar el país. Estoy de acuerdo, que cualquier sector puede exigir reivindicaciones, que pueda pedir revisiones y pueda asentar criterios o conceptos por los cuales cree que merece un mejor trato, y no generar de la nada una crisis cuando no los hay”, acotó.

Por otra parte, el legislador colorado señaló que considera que ha llegado el momento de analizar alguna legislación, para que cualquier ciudadano, usuario del transporte público, pueda demandar civilmente a los dueños de líneas transporte; cuando éstos suspendan el servicio sin razón válida.

Sostuvo que los empresarios deberían asumir las responsabilidades cuando perjudican económica, o en su salud al usuario de transporte.

“El usuario también necesita contar con garantías cuando utiliza el servicio, porque también está solventando el servicio con el pago de su pasaje. Por que la persona el día del paro, no podrá llegar a su lugar de trabajo, a riesgo que se lo descuenten la jornada, no podrá llegar a su consulta médica. Entonces, se tienen que hacer cargo de la responsabilidad civil o penal que ellos generan”, señaló.

Mencionó que también es necesario que se analice alguna legislación que establezca cancelar los itinerarios y volver a licitar los mismos, de aquellos que no cumplen con el servicio.

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El viceministro del Transporte, Emiliano Fernández, no descarta que el paro de buses convocado para el 21 de julio por un lapso de 72 horas, tenga como verdadero trasfondo el rechazo al proyecto del Ejecutivo que propone una reforma estructural del sistema de transporte.

“Se tienen contratos que vienen desde hace 15 a 20 años y cambiarlo sobre la marcha es un lío enorme. Entonces hagamos la reforma de una vez, repartamos las barajas, licitemos todos los tramos, tengamos un modelo financiero nuevo, nuevas exigencias”, sostuvo en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El día de ayer, jueves, el presidente de la República, Santiago Peña, anunció que se prevé para la próxima semana la presentación de la iniciativa ante el Congreso Nacional. El economista manifestó que el sistema de transporte público ya no resiste más y aseguró que se viene un cambio profundo y radical.

“Nosotros vamos por una reforma total para que empiece un cambio definitivo del sistema, sin esto se continuará de la misma manera, los empresarios tendrán el poder de presión y amenaza mediante paros, que es algo ilegal. Con el modelo que nosotros impulsaremos, esto se romperá“, refirió Fernández.

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De esta forma, el funcionario de Estado alegó que la propuesta podría ser la causa del paro, teniendo en cuenta que los empresarios del transporte tendrán que competir por las licencias si llegara a promulgarse.

“A veces es muy difícil hacer una autocrítica, pero el Viceministerio del Transporte es un regulador débil, pero esto está cambiando. Para tener como medidas las sanciones tenemos que tener fortaleza legal, técnica y de fiscalizador. Todas estas se encuentran incorporadas en la reforma”, dijo Fernández.

Asimismo, sostuvo que “estamos generando una fortaleza interna, técnica, de capital humano, tecnológica y de regulación de la institución, no desde el punto de vista que yo quiero ser un policía que sanciona, sino quiero ser un policía que ordena y dice que las cosas deben ser como son pactadas”.

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“Es urgente destrabar el paro de buses, saldrá perjudicado el sector más humilde”, sostuvo el especialista en empleo, Enrique López Arce, al advertir que la medida impulsada por los empresarios del transporte por un lapso de 72 horas, a partir del lunes 21 de julio, generará una pérdida equivalente a G. 22.400.000.000 por día o G. 66.000.000.000 por las tres jornadas.

A través de una entrevista con el diario La Nación/Nación Media, López Arce indicó que para medir el impacto de la eventual huelga, considerada como ilegal por el Viceministerio del Transporte, usó como fuente los datos proveídos por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), referente al comportamiento laboral por departamentos, así como el último informe del Banco Mundial, emitido en abril, y el informe de movilidad de Asunción y el área metropolitana del Viceministerio del Transporte, publicado en julio del 2023.

“De acuerdo a los últimos informes, en la ciudad de Asunción vienen a trabajar 269.470 trabajadores y en las principales ciudades de Central van 1.023.904 trabajadores”, puntualizó el especialista a LN.

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Señaló que el 69 % de los hogares cuenta con movilidad propia, es decir, de cada 10 casas, en 7 hay una moto o un auto. Agregó que un 19.97 % de los trabajadores van en bus, cifra que representaría a un total de 100.000 personas.

“Si de estas 100.000 personas perdieran el día y dejaran de cobrar, el perjuicio laboral sería de G. 22.400.000.000 por día. Si nos vamos al paro por 3 días, estamos hablando más de G. 66.000.000.000. Esto también generará una pérdida comercial y de logística ya que ese día saldrán muchos vehículos pequeños que eran reemplazados por los buses, se generará más tráfico”, refirió López Arce.

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Respecto al volumen de viajes, detalló que el 51 % de la población utiliza los buses para acudir a sus puestos de trabajo, el 10 % usa para realizar compras, el 8 % para estudios y otro 8 % para el ocio, mientras que un 7,8 % para desarrollar otras gestiones (recoger a alguien).

“Hay aproximadamente 350.000 personas que se mueven diariamente en buses, el 51 % equivale a 175.000 trabajadores que probablemente estén usando los buses. Con el paro de buses nadie gana, ni el trabajador, ni el transportistas, ni las empresas y mucho menos la economía", lamentó.

El viceministro de Trabajo, César Segovia, confirmó que este viernes estarán remitiendo notas de invitación para la instalación de una mesa tripartita con el sector del transporte, el próximo 14 de julio a las 15:30, a fin de evitar el paro de buses anunciado por el Centro de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), entre el lunes 21 y el miércoles 23 de julio.

En conversación con el programa “Dos en la ciudad”, que se emite por Universo 970 AM y canal GEN/Nación Media, Segovia explicó que el anuncio de la medida de fuerza activa un protocolo, que ya está establecido en la normativa legal, por el cual el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) remite una notificación para una audiencia tripartita de carácter obligatorio para las partes.

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“En ese momento se buscarán los mecanismos y posibilidad de acuerdos, porque el objetivo de esta mesa es buscar la conciliación y evitar de ese modo la medida de fuerza”, explicó el viceministro del MTESS acerca de la convocatoria de representantes de Cetrapam y, por otro lado, del Viceministerio del Transporte, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Indicó que a la desactivación del paro se puede llegar de dos formas, por la suspensión o bien el levantamiento total de la medida de fuerza. Segovia recordó que ya en junio del año 2024 se había dado una situación similar, y que luego de una serie de deliberaciones se lograron importantes avances.

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“En esa ocasión, el ministerio suspendió por 22 días la medida de fuerza, que es una de las facultades que tiene, y, en ese tiempo, se logró el acuerdo total y el levantamiento de la medida de fuerza. Ahora intentaremos de vuelta de acercar las posiciones, y todo dependerá de la voluntad de las partes porque, a pesar que sea una cuestión extrema, el paro es un derecho constitucional que tiene tanto patronales como empleados”, mencionó Segovia a Nación Media.

No obstante, manifestó que se buscará garantizar que se preste el servicio mínimo en caso de no llegar a un acuerdo antes de las fechas establecidas para el paro. En tal caso, el Viceministerio del Transporte debe de comunicar cuál es el mínimo de buses necesarios para garantizar que exista un servicio mínimo para no afectar a la ciudadanía.

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