El interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, manifestó que entre los hechos llamativos detectados en la gestión del intendente Miguel Prieto figuran millonarias adjudicaciones con anticipos a favor de un grupo reducido de empresas, poco antes de iniciarse esta fiscalización, mientras que los pagos salariales estaban atrasados, incluyendo funcionarios que “ni están en la base de datos”.
“Llama la atención que hay un pequeño número de empresas que son siempre las ganadoras de todos los procesos de licitación”, dijo Ramírez, este martes, en una entrevista con el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Durante una conferencia de prensa realizada ayer lunes, el economista compartió la información de que el dirigente del movimiento Yo Creo firmó entre el 27 de mayo y 18 de junio últimos contratos por más de G. 30.200 millones, y pagó anticipos a las firmas adjudicadas, por G. 4.100 millones.
“También llama la atención la velocidad vertiginosa la adjudicación de un importante número de contratos, hay que aclarar que los mismos tienen vigencia de un año, no son contratos plurianuales por lo cual esta carga financiera debe ser cubierta con los recursos de este 2025. Una parte de las empresas ya percibieron los montos que corresponden al anticipo, esto también se concretó a una velocidad luz″, indicó.
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“Serias dudas”
Ramírez agregó que en la administración de Prieto se visualiza el “uso indiscriminado” del concepto de transferencia para realizar trabajos que deben ser canalizados mediante licitaciones.
“Además de esto tenemos serias dudas sobre los procesos de licitaciones. La Contraloría observó que la conformación, constitución o determinación de los precios de referencia adolecen de muchas deficiencias. Nos estamos centrando en esto, porque son mecanismos para direccionar ganadores o oferentes. También hay partidas que tienen un volumen elevadísimo de gastos, pero que no pasan por el proceso de contrataciones“, puntualizó.
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Antecedentes
De acuerdo a los reportes remitidos por la Contraloría, se observan estados financieros con graves inconsistencias, saldos irregulares, clasificaciones erróneas, variaciones injustificadas, incumplimientos de disposiciones legales y consecuente omisión de transferencias de recursos a otros organismos y entidades del Estado.
A la vez, existen inconsistencias y falta de justificación en la asignación y gestión de las transferencias, incumplimiento de los procesos para las contrataciones empleando transferencias para la ejecución de obras, incumplimiento de los procesos legales establecidos para las transferencias a oenegés, irregularidades en las transferencias a comisiones vecinales y a organizaciones sin fines de lucro.
Diferencias en la construcción de obras por falta de ejecución de ítems o por que fueran ejecutadas en cantidades diferentes con recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), royalties y compensaciones, pago efectuado a proveedores sin que estos hayan presentado documentaciones exigidas y sin que estén cumplidas las exigencias legales, entre otras irregularidades.