La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) informa que este lunes 7 de julio de 2025, la Corte Suprema de Justicia hizo lugar al recurso de apelación presentado por la DNCP en el caso de “Urnas electrónicas” del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
De acuerdo al informe de Contrataciones Públicas, esta decisión de la máxima autoridad judicial permite el levantamiento de la medida cautelar dispuesta por el Tribunal de Cuentas – Tercera Sala a favor de la firma Bypar S. A., que había suspendido temporalmente el avance del proceso licitatorio.
“Esta resolución representa un paso relevante hacia la garantía de la legalidad y la transparencia en los procedimientos de contratación pública, reafirmando el compromiso de la DNCP con el respeto al debido proceso y a la correcta aplicación de la normativa vigente”, expresa el comunicado.
Cabe recordar que desde la Justicia Electoral aguardaban la resolución de esta objeción de parte de la firma, a fin de continuar con el proceso licitatorio para la adquisición de 28.000 máquinas de votación, que serán usadas en los comicios internos partidarios, en las elecciones generales municipales del 2026 y las presidenciales del 2028.
El motivo de la objeción planteada por la firma Bypar S. A., es que el TSJE pida 10 años de experiencia en la fabricación, utilización, alquiler y venta de las máquinas de votación.
Desde la Justicia Electoral señalaron que esta empresa tiene 5 años de trayectoria, por ello buscaban reducir el plazo de experiencia. Pero, el problema de esta firma es que tampoco reunía ninguno de los demás requerimientos, por ello, no pudo participar en la licitación.
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Vialeras, Contrataciones y ministerios avanzan en proceso para agilizar el pago de intereses
La Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) informó sobre un encuentro mantenido con instituciones del sector público para agilizar el pago de intereses originados de la deuda que mantiene el Estado con las empresas contratistas.
La cita congregó a representantes de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Cavialpa y la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco). La reunión estuvo orientada a fortalecer los mecanismos para el procesamiento y pago de intereses moratorios correspondientes a certificados de obras.
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El encuentro tuvo como eje la coordinación de los procedimientos necesarios para que las solicitudes puedan ser tramitadas con mayor agilidad y sin reparos, facilitando la articulación entre las distintas instituciones involucradas.
Actualmente, la cartera de Obras dispone de un procedimiento específico para la presentación y gestión de estas solicitudes, que contempla su registro en el Sistema de Información de Contrataciones y Ejecución de Obras (SICOE).
La articulación entre las instituciones del Estado y los gremios del sector privado permite identificar puntos de mejora, unificar criterios y acompañar la implementación de soluciones para las empresas constructoras, valora la publicación de Cavialpa.
Ley promulgada
La Ley N.º 7699/2026, “Que autoriza el pago de intereses por certificados de obra y autoriza la emisión de títulos de deuda pública”, fue sancionada y promulgada en el pasado mes de agosto. En el marco de dicha normativa, el MOPC habilitó el procedimiento para la presentación de Solicitudes de Pago en Concepto de Intereses Moratorios correspondientes a certificados de obra, a ser presentadas por proveedores, contratistas y firmas de fiscalización a través de la Mesa de Entrada Única (MEU) del Ministerio.
Desde inicios de este año, las empresas contratistas comenzaron a demandar el pago de la deuda, reconocida por el Estado de unos USD 220 millones, además de los intereses, de unos USD 100 millones, según el sector vialero.
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Juez desestimó denuncia contra ministros sobre compra de camionetas para la Corte Suprema
El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú hizo lugar a la desestimación de la denuncia presentada por el Ministerio Público en la causa originada por una denuncia de supuestos sobrecostos en la adquisición de nueve camionetas para la Corte Suprema de Justicia. Luego de analizar las actuaciones y contrastar los fundamentos fiscales con la documentación incorporada a la causa, señaló que no se advirtió perjuicio patrimonial, requisito indispensable para la configuración del hecho punible de lesión de confianza.
El requerimiento de desestimación fue presentado el 31 de agosto de 2026 por la agente fiscal Soledad González. Durante la investigación, el Ministerio Público reunió declaraciones, informes y documentación vinculada con el procedimiento de contratación, la determinación del precio referencial, la adjudicación, el contrato y la modalidad de adquisición.
De acuerdo con la documentación individualizada en la resolución, la compra se realizó mediante la Subasta a la Baja Electrónica Nacional PAC N.º 71/2025, ID N.º 463277, con un precio referencial de G. 573.500.000 por unidad. En su requerimiento, el Ministerio Público sostuvo que el precio comprendía, además de los vehículos, distintas prestaciones y obligaciones previstas en la contratación, entre ellas servicios de mantenimiento, garantía, seguro, transferencia y matriculación. La Fiscalía señaló asimismo que la adquisición fue realizada a crédito y consideró esa modalidad entre los elementos que incidían en el precio de compra.
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Entre los antecedentes incorporados a la investigación se encontraba también el análisis documental de la Contraloría General de la República. Según lo reproducido en el A.I. N.º 302, el dictamen indicó que, en términos generales, el procedimiento siguió la secuencia formal prevista y que los precios unitarios tendían a ubicarse dentro de parámetros análogos y próximos a otros procesos estatales comparables.
El documento precisó que su examen tuvo carácter eminentemente documental y estuvo limitado al análisis de las actuaciones administrativas, el procedimiento de selección, la adjudicación y la formalización contractual.
Al analizar las actuaciones, el Juzgado verificó la documentación incorporada a la carpeta fiscal y señaló que los fundamentos expuestos por el Ministerio Público concordaban con los antecedentes reunidos durante la investigación. Entre los elementos examinados se encontraban las prestaciones comprendidas en la contratación y la modalidad de adquisición a crédito.
A partir del análisis de los fundamentos fiscales y de los elementos incorporados a la causa, el Juzgado concluyó que no se reunían los presupuestos necesarios para la configuración del hecho punible investigado por lo que corresponde la desestimación de la denuncia.
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Senado pide frenar licitaciones del IPS por casi G. 190.000 millones
Por mayoría, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de declaración que insta al Instituto de Previsión Social (IPS) a cancelar dos millonarias licitaciones para servicios de limpieza e higienización, cuyos montos globales rondan los G. 190.000 millones.
La propuesta legislativa fue promovida por el senador Dionisio Amarilla, vicepresidente de la Cámara Alta, quien logró el acompañamiento de sus colegas para la aprobación.
El parlamentario explicó que impulsó el pedido ante los cuestionamientos surgidos en torno a las condiciones de los procesos de contratación y la necesidad de garantizar una mayor transparencia y competencia en el uso de los recursos del IPS.
El senador liberal explicó que se trata de las licitaciones N.º 27/2026 y N.º 28/2026, destinadas a la contratación de servicios de limpieza e higienización para dependencias del IPS en el Área Central y el interior del país. En conjunto, ambas convocatorias representan aproximadamente G. 189.230 millones.
Garantizar la libre participación
Amarilla sostuvo que, ante las dudas y cuestionamientos existentes, corresponde detener los procesos antes de avanzar hacia una eventual adjudicación y revisar las condiciones establecidas en los pliegos.
“Considero que es necesario garantizar la libre participación de oferentes y evitar cualquier situación que pueda generar sospechas de privilegio o favorecimiento en una contratación de semejante magnitud”, expresó.
Con la aprobación de la declaración, el Senado respalda el planteamiento de Amarilla y pide al IPS cancelar los actuales procesos y realizar una revisión integral antes de convocar nuevamente a una licitación, bajo criterios que aseguren transparencia, igualdad de oportunidades y competencia efectiva.
Para Amarilla, la prioridad debe ser resguardar los recursos del IPS y evitar que una contratación cercana a los G. 190.000 millones avance mientras persisten cuestionamientos que requieren ser esclarecidos.
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Salud tendrá USD 760 millones para medicamentos e insumos en el PGN 2027
El ministro de Economía, Óscar Lovera, anunció que se está incluyendo en el proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación 2027, la mayor disponibilidad de recursos para la compra de insumos y medicamentos, por un valor de USD 760 millones, lo que significa un aumento de USD 260 millones del presupuesto vigente 2026.
Al respecto, el jefe de Gabinete, ministro Javier Giménez, destacó que el presidente de la República, Santiago Peña, mantuvo una larga reunión con el ministro de Economías y Finanzas Óscar Lovera y la ministra de Salud Pública, María Teresa Barán.
“Mañana estaremos presentando al Congreso Nacional el proyecto de presupuesto para el año 2027 y quiero destacar aquí, lo que estamos incorporando para el Ministerio de Salud aparte de cancelar las deudas o los remanentes de deuda que tenemos con los proveedores; también estamos apostando a un fortalecimiento de lo que hace a la adquisición de medicamentos e insumos por parte de la cartera sanitaria”, mencionó.
En ese sentido, confirmó que Salud Pública tendrá para el año 2027 un presupuesto de USD 760 millones para la adquisición de medicamentos que representa un incremento de USD 260 millones con respecto al presupuesto aprobado para el año 2026. Dijo además, que en el caso del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), pasa de un presupuesto de USD 110 millones aprobado para este año, a un presupuesto de USD 195 millones para el año 2027.
Salud con mayor incremento
Lovera explicó que, mirando al interior del Poder Ejecutivo, el 62 % de los incrementos va destinado al Ministerio de Salud y presenta una variación positiva del 77 % con respecto al presupuesto aprobado en el 2026.
“Es un fortalecimiento del proceso de gestión del Ministerio de Salud. Un detalle no menor, USD estos 760 millones que estamos hablando son nuevos medicamentos, nuevos insumos para el 2027. No, un presupuesto que también va a tener que ser vinculado a las deudas; a las deudas les vamos a dar un tratamiento diferenciado para la cancelación”, explicó.
Más recursos y mejores condiciones
Las autoridades informaron también que 2.390 médicos pasarán de contratos a nombramientos, como parte del proceso de desprecarización impulsado por el Ministerio de Salud. Estos forman parte de 11.100 nuevos nombramientos autorizados para la cartera sanitaria.
La ministra María Teresa Barán recordó además la implementación de las 12 horas universales, que permitió reducir de 24 a 12 horas la carga correspondiente a cada contrato médico, manteniendo la remuneración de G. 5 millones. Para acompañar esta medida y cubrir las necesidades del sistema fueron habilitados además 1.000 nuevos contratos.
Otro de los puntos abordados corresponde al pago por servicios prestados durante días feriados, uno de los planteamientos realizados por el sector médico. El Ministerio de Economía y el Ministerio de Salud trabajan en la definición del mecanismo que permita avanzar en una respuesta a este reclamo.
Avanzar en la carrera sanitaria
Igualmente, el ministro Javier Giménez remarcó que el mandatario lidera este proceso dando énfasis al sistema de salud, pero también cuidando aquello que preocupa que son las finanzas públicas, buscando lograr un equilibrio entre todos. Señaló que para el Gobierno el sistema de salud es una prioridad absoluta, pero no están de acuerdo con aceptar un sistema que se aleje de la carrera médica.
“Si se van a aceptar los aumentos salariales se den mediante un sistema de meritocracia, llevando en consideración años de antigüedad, especializaciones de los médicos; antigüedad y trayectoria profesional, estableciendo incentivos y remuneraciones sobre criterios objetivos y financieramente sostenibles”, enfatizó.
La ministra Barán señaló que el objetivo es avanzar hacia un esquema que permita remunerar al médico especialista de acuerdo con su grado académico y formación, tomando como referencia el trabajo que ya se desarrolla con la carrera de enfermería.
A estas medidas se suma el avance de una inversión de más de USD 500 millones en infraestructura sanitaria que se viene ejecutando durante esta administración, con la construcción de siete nuevos grandes hospitales, dotados de equipamiento, tecnología y recursos humanos.
Señaló que estas obras forman parte del proceso de fortalecimiento del sistema de salud impulsado por el Gobierno, que ahora incorpora mayores recursos para medicamentos e insumos y nuevas medidas para los profesionales médicos.
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