El titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Agustín Encina, informó este miércoles que la Gobernación de Central, encabezada por Ricardo Estigarribia, canceló una licitación “urgente”, poco después de que el ente regulador suspendiera ayer el llamado que pretendía la adquisición por vía de la excepción de un sistema tecnológico de seguridad por más de G. 8.300 millones, que incluye 300 cámaras IP Full HD para exteriores.

Encina explicó que este tipo de procesos por vía de la excepción es utilizado para una licitación de carácter urgente, pero que también requiere de controles para su aplicación. La convocatoria se subió el viernes 31 de julio a las 22:10, un horario atípico; con visita técnica de carác­ter obligatorio para el lunes 3 de agosto a las 8:30 en la sede gubernamental, y apertura de ofertas para este miérco­les 5 de agosto a las 8:00.

“Las herramientas están establecidas para su buena utilización, no para su mala utilización. Cuando uno hace este tipo de procesos por vía de la excepción es porque efectivamente hay una urgencia tan grande que ni siquiera se puede llegar a publicar por cinco días. Entonces, ellos tienen que demostrar, justificar que ni siquiera tuvieron cinco días para contratar una cámara, no tenía sentido”, detalló Encina al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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El titular de Contrataciones Públicas aclaró que el proceso de licitación se realiza para situaciones de carácter urgente. “Es importante aclarar que dentro de todos los procedimientos por vía de la excepción, una de esas es esta y efectivamente este tipo de procedimiento contempla la posibilidad de hacer un proceso demostrando que existe una urgencia o emergencia”, detalló.

En ese contexto se puede realizar todo el proceso con comunicación posterior, pero “eso no significa que la compra se haga”. Al momento en que se suben todos los documentos, la DNCP verifica si existió tal urgencia, como así también “si efectivamente fue un llamado en forma, si se dio oportunidad o no las empresas a participar o no, porque en cada proceso licitatorio nosotros velamos es que exista efectivamente un concurso, que se actúe con transparencia y si de alguna manera tiene un ribete que el proceso haya sido licitado y que no haya tal emergencia, nosotros procedemos a rechazar el llamado así hayan firmado contrato”, refirió Encina.

La DNCP suspendió este proceso, pero la Gobernación de Central decidió cancelar el llamado, lo que para el director llama aún más la atención. “Igual existe el plazo de protestas, el día de ayer entraron dos protestas, lo suspendimos de manera inmediata y esta mañana amaneció ya este proceso cancelado por la gobernación, hoy está cancelado. Luego de nuestra suspensión del día de ayer, hoy amaneció ya cancelado el proceso, llama la atención”, sentenció.

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La administración de Ricardo Estigarribia, gobernador del departamento Central, trató de acelerar la compra de un sistema de vigilancia por la vía de la excepción, pero el llamado fue finalmente suspendido por Contrataciones Públicas.

• HOY.COM.PY

La Gobernación del departamento Cen­tral, encabezada por el liberal Ricardo Estigarribia, intentó llevar a todo vapor un llamado por la vía de la excep­ción por valor de más de G. 8.300 millones para la adqui­sición de un sistema tecnoló­gico de seguridad. La convo­catoria se hizo en un horario atípico y con plazos de cum­plimiento prácticamente imposibles de lograr.

La intención de compra bajo el ID n.º 1180, denominada “Central es seguro, trans­formación histórica hacia el primer departamento inte­ligente y protegido del Para­guay”, fue subida en el sitio de Contrataciones Públicas el pasado viernes 31 de julio en el inusual horario de las 22:10.

Con una sospechosa celeri­dad, el ajustado cronograma fijó la visita técnica de carác­ter obligatorio para el lunes 3 de agosto a las 8:30 en la sede gubernamental, otorgando un lapso nulo de días hábiles entre la publicación y la inspección previa. A su vez, la apertura e inspección de las ofertas que­daron fijadas para este miérco­les 5 de agosto a las 8:00. Varios referentes del sector informá­tico aseguraron que es impo­sible presentar documentacio­nes y propuestas en tan corto lapso de tiempo.

Sin embargo, todo el pro­ceso quedó suspendido finalmente por la Direc­ción Nacional de Contrata­ciones Públicas (DNCP). El acto impugnado fue el pliego de bases y condiciones. “En atención a lo establecido en el art. 129 de la Ley n.o 702L/2022, la apertura de la protesta por esta Dirección Nacional trae aparejada la suspensión de la continuidad del procedimiento de contra­tación, en la etapa en la que se encuentre, bajo responsabili­dad personal del protestante o sus representantes legales”, señala el documento emitido por la DNCP que informa sobre la suspensión.

El llamado por excepción llevado adelante por la Uni­dad Operativa de Contrata­ciones (UOC) de Central iba a implicar una erogación de G. 8.368.600.000 y contem­plaba la provisión e instala­ción de un complejo apara­taje tecnológico en un plazo récord de tan solo 30 días corridos.

Entre los insumos solicita­dos figuraban 300 cámaras IP Full HD para exteriores, 10 sistemas con software Inte­ligente de Lectura Automá­tica de Patentes (ANPR), 25 tótems con botón de emer­gencia, audio bidireccio­nal e intercomunicador IP, montaje físico de servidores, videowall, estaciones de tra­bajo y software profesional, desarrollo de aplicaciones para Android e iOS, plata­forma web, trazado de fibra óptica y switches adminis­trables.

Los equipos, según el lla­mado suspendido, serían instalados en las ciudades de Luque, Mariano Roque Alonso, Lambaré, Itauguá y Areguá, del 7 de agosto al 13 de setiembre de 2026.

Fuentes del sector comercial y conocedores del mercado tecnológico habían señalado la imposibilidad operativa de estructurar una propuesta técnica seria para un des­pliegue de semejante enver­gadura en apenas tres días hábiles, sumado a la exigen­cia de una Garantía de Man­tenimiento de Oferta equiva­lente al 5 % del valor total. La modalidad de publicación vía excepción tampoco figuraba dentro de las búsquedas habi­tuales del portal de la Direc­ción Nacional de Contratacio­nes Públicas (DNCP), lo que redujo drásticamente la visi­bilidad del llamado para otros competidores.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) oficializó este viernes el traspaso del proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Registro Unificado Nacional (RUN) a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como parte del proceso de consolidación del nuevo sistema que integra el Catastro y el Registro de Inmuebles bajo una administración unificada.

El acto fue encabezado por el ministro de Economía, Óscar Lovera, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, quienes coincidieron en que el RUN constituye una de las principales reformas institucionales para modernizar la gestión de la propiedad inmobiliaria y fortalecer la seguridad jurídica en el país.

La transferencia forma parte del proceso iniciado en enero de este año, cuando las funciones relacionadas con el Catastro comenzaron a pasar al Poder Judicial tras la creación del Registro Unificado Nacional.

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Durante el encuentro también participaron autoridades del MEF, representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y funcionarios de las instituciones involucradas en la implementación del proyecto.

Lovera destacó que el funcionamiento del RUN tendrá un impacto que trasciende el ámbito administrativo. “En economía mucho se mueve por expectativas. Cuando empecemos a dar señales de que el sistema está funcionando, de que la decisión fue la correcta y que el proceso de gestión unificado comienza a mostrar resultados, se generará un cambio importante, tanto para la ciudadanía como para quienes buscan invertir en Paraguay”, afirmó.

Creado mediante la Ley N.º 7.424/2025, el RUN unifica en una sola plataforma la información catastral y registral de los inmuebles, con el objetivo de simplificar los trámites relacionados con la propiedad, mejorar la calidad y confiabilidad de los datos y reducir los tiempos de gestión.

Desde el Gobierno sostienen que esta transformación permitirá brindar mayor previsibilidad al mercado inmobiliario, fortalecer la seguridad jurídica sobre los derechos de propiedad y mejorar el clima de negocios.

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La gerente administrativa del Instituto de Previsión Social (IPS), Gladys Vera, manifestó que la institución se encuentra avanzando con éxito en las negociaciones con las entidades bancarias para la reestructuración de sus deudas, lo que le permitirá contar con recursos económicos hasta febrero del 2027 para la compra de medicamentos e insumos.

“Nuestro problema hoy no es el proceso de las compras, sino los recursos para afrontar esas compras. El IPS está trabajando en una reingeniería financiera conjuntamente con el doctor Carlos Pereira, se está enfocando en acciones de manera integral para garantizar la sostenibilidad financiera en un corto y largo plazo, optimizando los recursos”, dijo al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Vera indicó: “Ya estamos cerrando las negociaciones con las entidades bancarias, donde tenemos mayor compromiso en este periodo. La propuesta sería diferir esas cuotas en un mayor plazo de manera a liberar ese crédito presupuestario o recursos para la compra de los medicamentos. Esto sería hasta febrero del 2027 y posterior a esto plantear un cambio integral".

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Detalló que la reingeniería impulsada bajo la presidencia de Isaías Fretes no solo apunta a la reestructuración integral de la deuda a largo plazo con los bancos para la compra de medicamentos e insumos, sino que también busca mejorar la gestión para el control y ejecución de los contratos.

“Hoy la prioridad es fortalecer y aumentar los medicamentos e insumos en nuestros depósitos“, remaró. Con la propuesta de reestructurar la deuda e impulsar una reingeniería financiera, el IPS podrá tener sus estanterías repletas de medicamentos en un periodo máximo de 22 días.

Por otra parte, Vera se refirió a la propuesta impulsada desde el Parlamento que consistente en declarar en estado de emergencia al Fondo de Enfermedad-Maternidad del IPS e incorpora mecanismos de financiamiento específicos, entre ellos, la emisión de bonos, empréstitos con organismos multilaterales y otros instrumentos financieros con el propósito exclusivo de adquirir medicamentos, insumos médicos, equipamientos y contratación de personal, sin usarse para el pago de deudas.

La propuesta plantea que el Estado honre su aporte pendiente al sistema de salud, equivalente al 39 % de los recursos, unos USD 304 millones de los USD 800 millones. El proyecto de ley propone obtener esos fondos mediante emisión de bonos u otros mecanismos gestionados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“La ley de emergencia queda prácticamente sin efecto. Yo creo que no habría ningún impedimento (emisión de bonos), pero esto llevaría su tiempo es por eso que se habla de acciones a corto plazo de forma a ir desarrollando la acción a largo plazo, ya que hay varios procesos que se deben cumplir y esos requisitos llevarían su tiempo. Nosotros necesitamos dar una respuesta inmediata en lo que respecta a este periodo en cuanto al pago a nuestras farmacéuticas y compra de medicamentos”, puntualizó.

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