Con el objetivo de frenar la “extorsión” que sufren madres y padres ante la negativa de viaje de sus hijos por parte de progenitores ausentes, la Cámara de Senadores analiza un proyecto de ley que busca simplificar los trámites burocráticos de autorización de salida al exterior.

La iniciativa es impulsada por la senadora Lizarella Valiente; propone la modificación del artículo 100 de la ley 1680 del Código de la Niñez y la Adolescencia, estableciendo que ante el incumplimiento del deber del cuidado y alimentario sea causal suficiente para que un juez prescinda de la venia del progenitor deudor, eliminando así barreras burocráticas que afectan el interés superior del niño.

La parlamentaria se puso en contacto con La Nación/Nación Media, a raíz de una publicación de LNPop, en la cual abordaba una discusión en redes sociales, a raíz de la dificultad que estaba pasando la actriz paraguaya Diana Frutos sobre el permiso de viaje para su hija. Hubo un planteamiento general de aplicar en Paraguay la “Ley Cazzu” (legislación vigente en México, inspirada en los conflictos entre la cantante argentina Julieta Emilia Cazzuchelli “Cazzu” y Christian Nodal por los permisos de su hija Inti).

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Ante este planteamiento, la senadora Valiente informó que en el Senado está en estudio un proyecto de ley, presentado el 19 de marzo de este año; plantea la modificación del artículo 100 de la ley 1680 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Con el propósito central de agilizar y simplificar el trámite de autorización de viaje al exterior de los menores de edad, cuando exista la falta del deber de cuidado y alimentación por parte de uno de los progenitores.

Señaló que su propuesta es diferente a la Ley Cazzu, no tiene sesgos feministas ni ideológicos, que incluso fue muy criticada tanto en Argentina como en México. Explicó que la norma aplica por igual a padres o madres que ostenten la convivencia y sufran el incumplimiento por parte del otro.

La senadora Valiente destacó que la propuesta surge de una inquietud de la sociedad civil, mencionando específicamente la iniciativa de la ciudadana y artista Nadia Portillo, quien planteó la necesidad de una reglamentación más ágil para proteger a los niños que quedan “rehenes” de las disputas entre sus padres.

“Nuestra propuesta tiene la finalidad de modificar y simplificar el trámite de autorización de viajes al exterior de los menores, eliminando obstáculos burocráticos cuando existan las faltas del deber del cuidado de uno de los progenitores o el incumplimiento del deber alimentario. Puesto que se buscaría eliminar la necesidad de solicitar la autorización judicial del progenitor cuando se encuentre inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios (Redam)”, explicó.

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La parlamentaria señaló que cuando uno de los progenitores, sea este papá o mamá, esté inscripto en el Redam, perdería automáticamente la facultad de negar la venia de viaje a su hijo menor. Indicó que, de ese modo, se evitará que la firma del permiso sea utilizada como “moneda de cambio” o herramienta de extorsión frente a denuncias por prestación alimentaria.

Argumenta que la patria potestad conlleva deberes (afectivos y económicos); si no se cumplen dichos deberes, no se pueden ejercer los derechos (como el de restringir el viaje del hijo). “El progenitor que no cumple con su deber tampoco debería tener el derecho que le otorga la patria potestad. Muchos niños quedan sin viajar por riñas de papá y mamá; el niño no tiene por qué pagar las consecuencias”, acotó.

Mencionó que la propuesta ya se encuentra en estudio en las comisiones de Legislación; Asuntos Constitucionales; Equidad y Género; así como en la comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, la cual preside; y espera que para la próxima semana un dictamen con el parecer técnico del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA). La senadora estima que el proyecto podría ser tratado en el pleno de la Cámara de Senadores en un plazo aproximado de 15 días.

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El presidente del Congreso y titular de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, adelantó que se incluirá en el orden del día del próximo martes, el pedido de pérdida de investidura del senador Erico Galeano, durante una sesión extraordinaria.

Indicó que si bien, aún no fue incluido en el orden del día, lo estará anexando mediante una adenda, en el caso de que no llegue a presentar su renuncia de forma voluntaria.

El titular del Congreso explicó en conversación con radio 1020 AM, que si bien, “uno puede estar apoyando al amigo hasta cierto punto”, cuando aún está vigente el derecho constitucional de la presunción de inocencia. Pero al existir dos sentencias judiciales que ratifican la condena el escenario cambia por completo, según dijo.

“Cuando se ratifica la sentencia en segunda instancia, esa fue la oportunidad que se dio estando en un estado de derecho, donde se presume la inocencia del ciudadano que también es un derecho humano universal, que ahora anula la Corte. En este caso de Erico tenemos dos sentencias en contra, entonces también se debe poner en la balanza las cuestiones ética, moral, la institución, así como las causales”, expresó.

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“Al tener un senador que no solo está acusado, sino con sentencia en primera y segunda instancia, por lavado de dinero vinculado al narcotráfico, con asociación criminal, frente a un discurso que lleva adelante el combate a la narcopolítica, en su caso particular, son cuestiones que no condice, y no es el mensaje que busca transmitir a la ciudadanía y a su familia", afirmó.

De esa manera, dijo que a esta altura del tiempo, el pensamiento tanto personal como de sus colegas es prácticamente ya por unanimidad, la voluntad de avanzar con el pedido de pérdida de investidura, siempre que el legislador no llegue a presentar de forma voluntaria su renuncia al cargo de legislador.

Recordó que este tema ya incluso fue analizado y debatido tiempo atrás, previo a que se le conceda el permiso sine díe para someterse a la justicia.

“Al día siguiente que él se retiró, algunos integrantes de la bancada hemos conversado, luego lo ampliamos y es el pensamiento de los colegas en general, tanto de la bancada como también de otras bancadas”, acotó.

Explicó que con esta ratificación de la sentencia en dos instancias, ya no existe condiciones de continuar con el permiso para ausentarse, es por eso, que el plenario votó este miércoles por unanimidad la revocación de ese permiso.

“Entonces, ahora está en la decisión del senador Erico Galeano en renunciar al cargo, que es una cuestión personal, ya que nadie puede forzar una renuncia; pero caso contrario sí están las instancias parlamentarias, que es el pedido de pérdida de investidura que será incluido en el orden del día del próximo martes. Como presidente del Congreso, tengo la potestad de incluir como adenda, si es que no llega la renuncia antes”, concluyó.

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De manera conjunta sesionaron las comisiones de Hacienda y Presupuesto, presidida por el senador Silvio Ovelar, y de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, encabezada por el senador Dionisio Amarilla. En la ocasión, recibieron a representantes de instituciones del Poder Ejecutivo, con el objetivo de analizar normativas vinculadas a sus respectivas competencias legislativas.

Como primer punto del orden del día se estudió el proyecto de Ley “Acuerdo por Notas Reversales entre el Gobierno de la República del Paraguay y el Gobierno del Japón, relativo a la cooperación financiera no reembolsable para la implementación del proyecto de desarrollo de instalaciones vinculadas a tecnología satelital”, remitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En este contexto, el Gral. Div. Aer. (R) Osvaldo Almirón Riveros, titular de la Agencia Espacial del Paraguay, presentó los avances institucionales mediante un informe ilustrado, detallando las funciones de la entidad y las pruebas realizadas para verificar el funcionamiento del proyecto.

Posteriormente, los miembros de ambas comisiones debatieron lo expuesto, manifestando distintos puntos de vista y formulando sugerencias orientadas a fortalecer el desarrollo del sector. Asimismo, destacaron el trabajo realizado por la Agencia Espacial del Paraguay.

Cabe mencionar que, para el análisis de este tema, también participó la viceministra de Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas, Teodora Recalde. Finalmente, ambas comisiones resolvieron dictaminar a favor del proyecto, el cual será considerado en una próxima sesión ordinaria del Senado.

En el segundo punto del orden del día, se recibió al ministro de Desarrollo Social, Miguel Tadeo Rojas, junto con representantes del Ministerio de Educación y Ciencias y de la OPACI, a fin de analizar el proyecto de ley que modifica disposiciones de la Ley Nº 7264/24, relacionada con el Fondo Nacional de Alimentación Escolar (programa “Hambre Cero”), así como normativas conexas, presentado por varios senadores.

Durante el tratamiento, los senadores desarrollaron un amplio debate en el que expusieron diversas posturas respecto a las modificaciones planteadas. Entre los principales argumentos, señalaron que no resultaría adecuado asignar a los municipios la responsabilidad del programa “Hambre Cero”, debido a la falta de herramientas y capacidades para su implementación, considerando la magnitud y complejidad de dicha función.

Asimismo, indicaron que el proyecto aún no se encuentra plenamente consolidado, por lo que no sería oportuno introducir modificaciones en esta etapa.

En ese contexto, el senador Dionisio Amarilla, presidente de la Comisión de Cuentas y Control, propuso como moción de orden postergar el tratamiento del proyecto, sugiriendo convocar a los gobernadores para conocer sus posturas.

Argumentó que se trata de una normativa de alta sensibilidad, al involucrar directamente a la población infantil, por lo que su análisis requiere mayor profundidad y consenso.

Finalmente, ambas comisiones resolvieron postergar el estudio del proyecto, con el objetivo de contar con información adicional que permita una mejor toma de decisiones.

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El pleno de la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de Ley “Del Fondo de Jubilaciones y Pensiones para miembros del Poder Legislativo de la Nación”. El documento será remitido nuevamente a la Cámara de Diputados para su consideración, la cual deberá ratificarse en su sanción inicial o aceptar las modificaciones planteadas por la Cámara Alta.

El presidente de la Comisión de Cuentas y Control, senador Dionisio Amarilla, se refirió a las modificaciones introducidas al proyecto de reforma de la Caja Parlamentaria, señalando que existe consenso para elevar la tasa de aporte del legislador activo, incrementar el aporte del jubilado y suprimir cualquier tipo de aporte del Estado, entre otras modificaciones expuestas ante el pleno. Asimismo, indicó que el proyecto fue consensuado con la Comisión de Legislación.

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La Cámara de Senadores aprobó la versión con media sanción de la Cámara de Diputados, que establece en su artículo 6° el aporte de los legisladores del 24 % sobre la dieta mensual y los gastos de representación.

Los jubilados parlamentarios y pensionados deberán aportar obligatoriamente el 11 % de sus haberes, mientras que aquellos con ingresos superiores a G. 15 millones aportarán el 15 %.

El texto aprobado establece además la prohibición expresa de todo aporte estatal al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Legislativo. El artículo 7° fue aprobado con modificaciones, suprimiendo la autorización a la Comisión Administradora de la Caja Parlamentaria para el descuento de cheques diferidos.

Retiro de aportes: el artículo 12 fue aprobado en su versión modificada. La normativa establece que el afiliado tendrá derecho a la restitución del 95 % de sus aportes en un pago único. Asimismo, deberá cancelar previamente cualquier deuda pendiente con la Caja.

Jubilación ordinaria: el artículo 14, por dictamen de la Comisión de Legislación, establece el derecho a jubilación ordinaria a partir de los 60 años de edad y 15 años de aporte (180 meses).

Jubilación extraordinaria: el artículo 15 establece la jubilación extraordinaria desde los 60 años de edad, con un mínimo de 10 años de aporte (120 meses).

Haber jubilatorio: El artículo 17 fue aprobado con modificaciones:

• Jubilación ordinaria: 80 % del promedio de dietas y gastos de representación de los últimos 15 años.
• Jubilación extraordinaria: 60 % del promedio de los últimos 10 años.
• Jubilación por invalidez: equivalente al salario mínimo legal vigente.

Indemnización de afiliados: el artículo 29 fue aprobado con modificaciones, estableciendo que en caso de desvinculación del funcionario con deudas con la Caja, la indemnización correspondiente quedará retenida hasta la cancelación total de la deuda.

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