El presidente de la República, Santiago Peña, ya se encuentra en Buenos Aires, Argentina, donde este miércoles se inició una nueva edición de la Cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur). El mandatario anunció su arribo a través de un mensaje desde la capital argentina, donde detalló algunas de las actividades que forman parte de su agenda oficial.
“Desde la capital de la República Argentina, Buenos Aires, estamos iniciando una serie de reuniones”, expresó Peña, quien mencionó su encuentro con el vicepresidente de la Confederación Suiza, en el marco de las negociaciones del cierre del acuerdo entre el Mercosur y los países que integran la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés).
El jefe de Estado también adelantó a través de sus redes sociales sobre su participación como orador en un evento organizado por la Fundación Mediterránea, una reconocida institución argentina que promueve el análisis y desarrollo de políticas públicas, especialmente en el área económica.
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“Vamos a estar compartiendo la visión de Paraguay”, señaló Peña al añadir que mañana jueves desde temprano se desarrollarán las reuniones oficiales de la cumbre regional, donde se espera que se aborden temas clave para el bloque.
En esta edición, la Cumbre del Mercosur estará marcada por el cierre de la presidencia pro témpore de Argentina, país que ejerció la conducción del bloque durante el primer semestre del año. Durante el encuentro se evaluarán los avances en materia de integración regional, comercio y negociaciones externas, y se dará paso al traspaso de la presidencia rotativa a otro país miembro. Se prevé también que los jefes de Estado emitan una declaración conjunta sobre los principales desafíos y objetivos del Mercosur.
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Argentina apelará las sanciones de la FIFA
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que apelará ante el TAS las sanciones impuestas por la FIFA, tras los incidentes ocurridos después de la final del Mundial 2026 que la Albiceleste perdió contra España.
La decisión tiene lugar luego de que la Cámara de Apelaciones de la FIFA reducirá el castigo del defensor Nahuel Molina de siete a cuatro partidos de suspensión y disminuirá la multa en su contra de 90.000 a 60.000 dólares.
Pero mantuvo el castigo y la sanción económica al volante Leandro Paredes (10 encuentros y 90.000 dólares). También la multa a la propia AFA (más de 321.000 dólares) por cánticos discriminatorios de los hinchas albicelestes.
“Los próximos pasos a seguir en defensa de los derechos del futbolista (Paredes) y de la AFA serán solicitar los fundamentos de las decisiones y con ellos recurrir al TAS (Tribunal Arbitral del Deporte) para una nueva revisión”, indicó la federación en un comunicado divulgado el viernes.
La AFA aseguró que acudirá a la máxima jurisdicción del deporte porque entiende que “cuenta con argumentos de hecho y derecho suficientes para instar la apelación”.
Los futbolistas argentinos fueron sancionados por protagonizar una reyerta con sus rivales al final de la final que España venció en la prórroga 1-0 en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, el 19 de julio.
La FIFA también sancionó en su momento al mediocampista Thiago Almada, de River Plate, quien ya pagó su fecha de suspensión.
A Molina, jugador del Atlético de Madrid, le queda uno de los cuatro cotejos de penalización y estaría en condiciones de regresar al equipo nacional en la primera ventana internacional de 2027.
En cambio, Paredes ya cumplió con tres partidos y se perderá los cotejos de la fecha FIFA de noviembre, cuando la Albiceleste se enfrentará a Uruguay y Costa Rica.
Tras los últimos amistosos del año, el capitán de Boca Juniors aún tendría otros cinco encuentros pendientes.
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Peña seguirá guardando reclusión en el Regimiento Escolta Presidencial
El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, resolvió que el exmandatario Santiago Peña seguirá guardando reclusión en la sede del Regimiento Escolta Presidencial. El economista se encuentra imputado por los hechos punibles de lesión de confianza y administración en provecho propio, en calidad de autor.
La medida apunta a garantizar su permanencia en el país y su sometimiento al proceso penal abierto por la causa ueno bank, evitando el riesgo de fuga. El magistrado comentó que para la decisión se tuvo en cuenta la información sensible que Peña manejó durante su gobierno, tanto financiera como relacionada con el crimen organizado y las leyes antilavado.
Otazú mencionó también que Peña se abstuvo de declarar. “Acá tenemos dos circunstancias, medidas cautelares de cáracter personal y real. Con respecto a la primera el juzgado ya ha tomado la decisión y se ha decretado la prisión preventiva del ciudadano Santiago Peña a los efectos de que pueda seguir el proceso, entendemos que se debe tener las garantías de su permanencia en el país es por eso que se decretó su prisión preventiva. Se maneja mucha información sensible y entiendo que la prudencia debe reinar”, comentó a los medios de comunicación.
Agregó que “seguirá guardando reclusión en el Regimiento Escolta Presidencial y se tiene en consideración toda la información que él pudo haber manejado como primer mandatario tanto en el ámbito financiero y del crimen organizado. Se sabe que estos son flagelos que tienen mucha repercusión y son circunstancias que uno debe tener en cuenta”.
Con relación a los demás requerimientos realizados por el Ministerio Público, como por ejemplo, decreta la inhibición general de enajenar y gravar sus bienes, la identificación e inmovilización de sus cuentas bancarias, depósitos e inversiones, así como la localización de sus bienes y derechos patrimoniales, Otazú refirió que “el juzgado está analizando, hay circunstancias que consideramos pertinentes”.
Antecedentes
La imputación contra Peña, quien se expone a una pena de hasta 15 años de cárcel, fue impulsada por los agentes fiscales Elena Fiore, Christian Benítez, Silvia González Véster y Ruth Benítez. La medida surgió luego de la declaración indagatoria por tres horas al economista, quien fue destituido ayer viernes de forma unánime por el Congreso Nacional vía juicio político.
Parte del acta de imputación menciona que “Santiago Peña, en ejercicio de la presidencia de la República, habría intervenido en el proceso mediante el cual organismos y entidades del Estado habrían colocado, renovado y mantenido importantes sumas de dinero en ueno bank S.A., entidad con la cual habría mantenido una relación económica y corporativa previa y directa”.
El documento agrega que “pese a esa vinculación, durante su administración se habría producido un incremento y una concentración relevante de fondos públicos y previsionales en ueno bank S.A., provenientes, entre otras entidades, del IPS, Itaipú Binacional, Yacyretá, ANDE, la Caja de Jubilados y Pensionados de la ANDE, la Caja Bancaria y Cajubi. Al mes de setiembre del 2026, dichos fondos habrían alcanzado, según cifras preliminares de la Dirección Nacional del Tesoro Público, G.3.608.550.782.201 y USD 233.400.495″.
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Crisis del Grupo Vázquez cruza fronteras y golpea a trabajadores de su tecnológica en Argentina
La crisis desatada en torno a ueno bank y las empresas vinculadas al Grupo Vázquez comenzó a trascender las fronteras paraguayas y ya tiene repercusiones en Argentina, donde trabajadores de la firma tecnológica Itti enfrentan suspensiones sin goce de sueldo e incertidumbre sobre el cobro de sus salarios. La situación evidencia el alcance internacional de las consecuencias que generó la intervención de la entidad financiera y el impacto sobre las distintas operaciones del conglomerado empresarial.
Según publicó este viernes La Nación Argentina, Itti, empresa tecnológica del Grupo Vázquez que desarrollaba sistemas para ueno bank, comenzó a comunicar, aparte de sus colaboradores, suspensiones por 30 días sin goce de sueldo. La medida afecta a trabajadores de su operación argentina, que cuenta con una dotación cercana a los 940 empleados, mientras que otro grupo recibió instrucciones de continuar prestando servicios de manera remota.
Uno de los aspectos más delicados es que la compañía reconoció que todavía no dispone de los recursos necesarios para afrontar el pago de los salarios correspondientes a octubre y que tampoco tiene asegurados los fondos para cumplir con las remuneraciones de noviembre. De acuerdo con los correos enviados al personal y a los que accedió el medio argentino, la firma atribuyó las dificultades a las restricciones operativas y financieras derivadas de la intervención de Ueno Bank.
Las suspensiones fueron comunicadas para el periodo comprendido entre el 5 de noviembre y el 4 de diciembre. Durante ese tiempo, los trabajadores alcanzados por la disposición no percibirán sus remuneraciones, aunque la empresa indicó que las relaciones laborales continuarán vigentes y que mantendrá la cobertura de medicina prepaga de los empleados y sus familias. En paralelo, quienes fueron considerados personal esencial deberán continuar con sus funciones desde sus domicilios.
El escenario representa un fuerte contraste con la expansión que Itti había impulsado en el mercado argentino. En agosto de 2025, la compañía había inaugurado oficinas en Buenos Aires y presentado al país como un centro estratégico para el desarrollo tecnológico regional. Su crecimiento llegó a ubicar su plantilla cerca de los 1.200 trabajadores, aunque a fines de agosto de este año ya había avanzado con una reducción de personal que, según los testimonios recogidos por el diario argentino, alcanzó a unas 200 personas.
La dependencia operativa de Itti respecto a las empresas del grupo en Paraguay, particularmente ueno bank, explica cómo las dificultades financieras de la entidad terminaron repercutiendo en trabajadores de otro país. La tecnológica estaba involucrada en el desarrollo y mantenimiento de sistemas, aplicaciones e infraestructura digital del banco, por lo que la intervención tuvo consecuencias que superaron el ámbito estrictamente financiero.
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En el caso argentino, todavía no existen precisiones sobre la regularización de los salarios pendientes ni sobre la continuidad de todos los puestos de trabajo. La Nación Argentina señaló que intentó obtener una respuesta de la empresa, pero que hasta la publicación de su informe no había recibido contestación.
De esta manera, la crisis que comenzó con la intervención de ueno bank deja al descubierto el alcance de las conexiones empresariales del Grupo Vázquez y cómo sus consecuencias pueden extenderse a distintos mercados, afectando no solo a los ahorristas y al funcionamiento de sus compañías en Paraguay, sino también a trabajadores y operaciones fuera del país.
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Fiscalía imputa a Santiago Peña y requiere su prisión preventiva
La Fiscalía requiere la prisión preventiva del expresidente de la República, Santiago Peña, al ser imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio, en calidad de autor. Además, decreta la inhibición general de enajenar y gravar sus bienes, en el marco de la causa judicial ueno bank.
También solicita la identificación e inmovilización de sus cuentas bancarias, depósitos e inversiones, así como la localización de sus bienes y derechos patrimoniales.
La imputación contra Peña quien se expone a una pena de hasta 15 años de cárcel, fue impulsada por los agentes fiscales Elena Fiore, Christian Benítez, Silvia González Véster y Ruth Benítez. La medida surgió luego de la declaración indagatoria por tres horas al economista, quien fue destituido ayer viernes de forma unánime por el Congreso Nacional vía juicio político.
El proceso de investigación apunta a establecer si existieron decisiones o gestiones desde el Ejecutivo que incidieron en la canalización de recursos estatales hacia el banco, cuyos directivos Juan Manuel Gustale Cardoni, Federico Miguel Vázquez Villasanti, Diana Leticia Mongelós González, Julio Daniel Rey Fernández, Mariana Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Miguel Ángel Almada se encuentran imputados por lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio.
Se busca a la vez determinar si esas actuaciones habrían generado beneficios indebidos para intereses particulares. El otro eje de la investigación se centra en los créditos que la entidad bancaria habría concedido a sociedades vinculadas a su propio grupo económico, mientras recibía y administraba fondos de entes públicos y previsionales.
La Fiscalía busca determinar si existió un manejo irregular de esos recursos y si las operaciones crediticias se realizaron en condiciones que pudieron comprometer los intereses patrimoniales involucrados.
Parte del acta de imputación menciona que “Santiago Peña, en ejercicio de la presidencia de la República, habría intervenido en el proceso mediante el cual organismos y entidades del Estado habrían colocado, renovado y mantenido importantes sumas de dinero en ueno bank S.A., entidad con la cual habría mantenido una relación económica y corporativa previa y directa”.
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El documento agrega que “pese a esa vinculación, durante su administración se habría producido un incremento y una concentración relevante de fondos públicos y previsionales en ueno bank S.A., provenientes, entre otras entidades, del IPS, Itaipú Binacional, Yacyretá, ANDE, la Caja de Jubilados y Pensionados de la ANDE, la Caja Bancaria y Cajubi. Al mes de setiembre del 2026, dichos fondos habrían alcanzado, según cifras preliminares de la Dirección Nacional del Tesoro Público, G.3.608.550.782.201 y USD 233.400.495″.
La imputación también menciona que al 30 de septiembre de 2026, el patrimonio de ueno bank ascendía a G. 2.525.148 millones, de acuerdo con el balance publicado por la entidad.
El documento menciona además que “durante casi los dos primeros años de su mandato presidencial, Santiago Peña habría mantenido simultáneamente su condición de presidente de la República y una participación accionaria y relación corporativa en ueno Holding S.A.E.C.A., sociedad vinculada a ueno bank dentro del mismo grupo empresarial”.
La imputación manifiesta también que “considerando la situación patrimonial del banco, Santiago Peña habría intervenido públicamente para sostener la confianza en la entidad en tres momentos diferentes”. Cabe recordar que el pasado 3 de noviembre el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso por unanimidad el procedimiento de resolución y disolución del banco tras detectarse que su índice de solvencia cayó por debajo del 50 % del mínimo requerido por ley.
“De esta manera, pese a la existencia de informes técnicos que advertían sobre irregularidades en las operaciones crediticias, posibles excesos regulatorios y riesgos para la situación patrimonial de ueno bank S.A., Santiago Peña habría continuado respaldando públicamente la situación financiera de dicha entidad, sin que se haya tomado medidas precautorias con relación a los fondos públicos allí colocados”, expresa.
Los hechos investigados se sustentan en denuncias presentadas el 5 de noviembre de 2026 por parlamentarios de la oposición, entre ellos Yolanda Paredes, Rafael Filizzola, Lucía Mendoza, Esperanza Martínez, Rubén Velázquez, Ignacio Iramain, Johanna Ortega y Ever Villalba.
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