Fiscalía sostiene que existen elementos suficientes para imputar al intendente Luis Yd
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En la tarde del lunes se confirmó la imputación contra el intendente de Encarnación, Luis Yd, en el marco de la investigación por el derrumbe del edificio que se cobró la vida de dos personas.
Desde el Ministerio Público defendieron esta acción manifestando que existen elementos suficientes para señalar al jefe comunal de uno de los responsables en la negligencia que ocasionó el colapso de la estructura edificada.
“Esta es una imputación que versa sobre sospechas de comisión de hechos punibles y las pruebas hasta este momento han arrojado la sospecha necesaria para la presentación de la imputación, debemos seguir recabando otros medios de prueba a los efectos de pasar del estado de sospecha al de convicción y eso sí motivaría la presentación de una acusación”, explicó el fiscal Ever Williams.
En conversación con varios medios de prensa, el fiscal expuso que el Ministerio Público se ha tomado el tiempo necesario para hacer la investigación y que no podían apresurarse a presentar una imputación dado que a partir de esta etapa, existe un plazo limitado para la conclusión de esta fase y pasar a la acusación, por lo que era necesario recabar los datos que permitan sustentar las sospechas. A partir de ahora, la Fiscalía tiene seis meses de trabajos para presentar la acusación.
“No estamos ante un hecho punible común, estamos hablando de la caída de un edificio, lleva tiempo la toma de declaraciones y eso merece un análisis exhaustivo. Apresurarnos a presentar una imputación sin siquiera tener un presupuesto de cuánto iba a costar realizar un estudio pericial en la zona del derrumbe, sería muy aventurado, por eso nos tomamos el tiempo suficiente para presentar la imputación”, alegó.
El derrumbe del edificio en construcción se registró en la noche del 2 de abril pasado, en el barrio San Roque de la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa.
Yd es sindicado por la comisión de hechos punibles de actividades peligrosas en la construcción y homicidio culposo, al igual que el ingeniero de obras. Asimismo, los arquitectos son señalados por estos hechos punibles y además, son sospechados por la exposición de personas a trabajos peligrosos, mientras que el encargado de obras fue imputado por homicidio culposo.
“No vimos la necesidad de ordenar ninguna orden de detención, sí hemos solicitado la aplicación de algunas medidas que garanticen el sometimiento de los mismos al procedimiento como la prohibición de salida al país, la constitución de un domicilio, la firma mensual de los imputados en el juzgado”, detalló el fiscal.
Los demás imputados por la Fiscalía son: René Orlando Miglio, director de Obras; Ramona Teresa Bogado Benítez, propietaria del edificio; Roberto Montiel Cabral, sereno; y los arquitectos Mario Bruno Urbina, y Roberto Faustino Ramírez.
Caso Ueno: Fiscalía imputa por asociación criminal a Peña y cinco autoridades del BCP
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La Fiscalía formuló este viernes 13 de noviembre una nueva imputación por el supuesto hecho punible de asociación criminal contra el expresidente de la República Santiago Peña y cinco autoridades y exautoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades financieras que derivaron en el colapso de Ueno Bank.
El Acta de Imputación N.º 9, correspondiente a la causa penal N.º 92/2026, sostiene que los investigados habrían integrado una estructura organizada y jerárquica dentro del aparato estatal para favorecer los intereses del conglomerado empresarial Grupo Vázquez, controlador de la entidad bancaria.
La nueva imputación alcanza a Santiago Peña Palacios, expresidente de la República; Carlos Carvallo Spalding, expresidente del BCP; Holger Insfrán Ibarrola, exsuperintendente de Bancos; y los exdirectores Marco Aurelio González Maldonado, Liana Emilce Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora.
En el caso de los tres exintegrantes del directorio, la Fiscalía también atribuye otros hechos punibles relacionados con presuntas omisiones de supervisión y el manejo de documentos oficiales.
Peña habría encabezado la presunta estructura criminal
Según la hipótesis del Ministerio Público, Santiago Peña habría utilizado su posición como presidente de la República para colocar y mantener en cargos estratégicos a personas de su confianza o con vínculos corporativos previos.
Los investigadores sostienen que estas designaciones habrían permitido establecer un esquema de protección institucional para Ueno Bank, mediante la participación de autoridades encargadas de regular y supervisar el sistema financiero.
La Fiscalía señala que Peña habría actuado como jefe de la presunta organización, mientras que los demás integrantes habrían cumplido funciones específicas desde sus respectivas responsabilidades públicas.
En ese contexto, el documento menciona la designación de Carlos Carvallo, expresidente de financiera ueno, como titular del BCP, además de la permanencia de Holger Insfrán en la Superintendencia de Bancos y la actuación de los tres integrantes del directorio. La imputación sostiene que el objetivo de la presunta estructura habría sido subordinar los mecanismos de control financiero a los intereses particulares del Grupo Vázquez.
Reuniones reservadas con Miguel Vázquez en Mburuvicha Róga
Otro de los aspectos centrales del acta fiscal es la presunta relación entre el expresidente Peña y Federico Miguel Vázquez Villasanti, principal referente del conglomerado empresarial. Los investigadores sostienen que ambos habrían mantenido reuniones reservadas en Mburuvicha Róga para coordinar necesidades e intereses del grupo financiero.
De acuerdo con la imputación, Peña habría impartido directivas destinadas a evitar la intervención de Ueno Bank y frenar las alertas públicas relacionadas con su situación de insolvencia.
El documento también menciona el presunto hallazgo y entrega de USD 200.000 en efectivo, distribuidos en sobres dentro de la residencia presidencial, como parte de las contraprestaciones ilícitas que la Fiscalía atribuye al exmandatario. Estas afirmaciones forman parte de la hipótesis fiscal y deberán ser acreditadas durante el proceso penal.
Carvallo habría ocultado información sobre la insolvencia
La imputación también señala a Carlos Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central, como uno de los presuntos responsables de impedir la aplicación oportuna de los mecanismos regulatorios. Según el Ministerio Público, Carvallo habría paralizado procedimientos de regularización y suscrito documentación dirigida al Congreso Nacional que no reflejaba íntegramente las advertencias técnicas sobre la situación financiera de Ueno Bank.
En particular, se cuestiona la Nota BCP/P N.º 016/2026, remitida a la Cámara de Senadores, cuyo contenido habría omitido información relevante sobre operaciones financieras investigadas. La Fiscalía sostiene que estas actuaciones habrían contribuido a mantener la operación del banco sin restricciones, pese a los informes que advertían sobre su deterioro patrimonial.
En cuanto a Holger Insfrán, la Fiscalía sostiene que habría utilizado su posición al frente de la Superintendencia de Bancos para evitar la aplicación de medidas correctivas. Entre los hechos investigados figura la venta de una cartera crediticia de Ueno Bank a Vinanzas S.A. por USD 74,4 millones, operación que, según los informes técnicos, habría sido financiada indirectamente con recursos del propio banco.
El Ministerio Público también cuestiona el tratamiento dado a un informe elaborado por el exgerente de Supervisión Fernando Rivarola, fechado el 10 de julio de 2026, que advertía sobre presuntas irregularidades en esa operación. De acuerdo con la hipótesis fiscal, la falta de aplicación de sanciones y medidas preventivas habría permitido que la entidad continuara captando fondos del público.
Exdirectivos del BCP habrían permitido continuidad de operaciones
La imputación atribuye a Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González presuntas omisiones en sus deberes de control como integrantes del directorio del Banco Central. Según la Fiscalía, los tres habrían conocido las alertas relacionadas con el deterioro patrimonial de Ueno Bank desde junio de 2026, sin impulsar oportunamente las medidas previstas en la legislación bancaria.
El acta señala que, pese a los informes técnicos disponibles, el directorio se habría limitado a disponer la apertura de un sumario administrativo, sin ordenar la suspensión preventiva de determinadas operaciones. En particular, la Fiscalía atribuye a Marco Aurelio González una presunta participación directa en la modificación de un informe institucional remitido al Senado, que habría omitido observaciones técnicas relevantes.
Respecto de Liana Caballero, sostiene que habría recibido una versión del documento cuestionado sin promover posteriormente una rectificación oficial. En cuanto a Miguel Ángel Mora, los investigadores señalan que habría presidido interinamente una sesión del directorio en la que no se impulsaron medidas más restrictivas contra la entidad financiera.
El Ministerio Público sostiene que la presunta actuación coordinada de los investigados permitió que Ueno Bank continuara operando entre junio y octubre de 2026, pese a las observaciones sobre su solvencia. En ese periodo, la entidad habría desarrollado campañas comerciales para atraer nuevos depósitos y certificados de depósito de ahorro, incluyendo promociones con reintegros del 50 %.
La Fiscalía considera que la continuidad de estas operaciones habría incrementado la exposición del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y comprometido recursos públicos y previsionales. El acta señala que, al 30 de septiembre de 2026, los fondos públicos depositados en la entidad ascendían a aproximadamente G. 3,6 billones y USD 233,4 millones.
La situación desembocó en el procedimiento de resolución dispuesto por el BCP el 2 de noviembre, luego de constatarse que la solvencia del banco había caído por debajo del límite establecido por la normativa.
Prisión para González y arresto domiciliario para Caballero y Mora
La nueva imputación también contiene solicitudes de medidas cautelares contra los exintegrantes del directorio del BCP. El Ministerio Público requirió la prisión preventiva de Marco Aurelio González Maldonado, mientras que para Liana Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora solicitó arresto domiciliario.
Asimismo, pidió la inhibición general de vender y gravar bienes de los tres imputados y la identificación de sus cuentas, depósitos, inversiones y otros activos financieros, a fin de determinar eventuales medidas de inmovilización.
Nueva dimensión en la investigación
La imputación por asociación criminal representa una ampliación de la investigación que inicialmente apuntaba a presuntas irregularidades financieras, omisiones de supervisión y decisiones administrativas relacionadas con ueno bank.
Ahora, el Ministerio Público sostiene la hipótesis de que los hechos no habrían respondido únicamente a actuaciones individuales, sino a una presunta organización que habría funcionado mediante una división de tareas entre autoridades del Poder Ejecutivo y del Banco Central. La Fiscalía atribuye a Santiago Peña el supuesto liderazgo político de esa estructura y a las autoridades del BCP la presunta utilización de sus cargos para favorecer la continuidad operativa del banco.
Presunto esquema criminal encabezado por el expresidente Santiago Peña. Foto: Gentileza
La Municipalidad de Encarnación cerró octubre de 2026 con un pasivo total de G. 58.252.852.935, de acuerdo con el informe final de transición presentado por el intendente Sebastián Remesowski y su gabinete. Foto: Archivo
Encarnación: municipio reporta deuda superior a G. 58.000 millones y rescindirá contrato del estacionamiento tarifado
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Rocío Gómez, corresponsal en Itapúa.
La Municipalidad de Encarnación cerró octubre de 2026 con un pasivo total de G. 58.252.852.935, de acuerdo con el informe final de transición presentado por el intendente Sebastián Remesowski y su gabinete.
Del total, G. 41.722.959.047 corresponden a deudas ya registradas por la gestión anterior, mientras que otros G. 16.529.893.888 surgieron de compromisos que no figuraban en los registros oficiales. En ese listado aparecen obligaciones con la Ande, recolección de basura, alquileres, seguros y préstamos bancarios.
Las autoridades indicaron que la comuna tenía apenas G. 1.330 millones disponibles, monto que deberá compararse con sobregiros y otras cuentas pendientes. También advirtieron que una deuda cercana a los G. 6.110 millones podría frenar el ingreso de alrededor de G. 13.000 millones en royalties.
A esto se suman 111 juicios en curso, entre civiles, laborales y contencioso-administrativos, por más de G. 3.067 millones.
En cuanto a la flota municipal, de 147 vehículos, 86 están en el taller y 54 directamente no arrancan. Desde la administración anunciaron que pedirán una auditoría a la Contraloría General de la República y que derivarán a las instancias correspondientes cualquier irregularidad detectada.
Rescisión del contrato de estacionamiento tarifado
El asesor jurídico de la Municipalidad, Salim Abud, anticipó que el gobierno de Remesowski evalúa poner fin a la concesión del Servicio de Estacionamiento Medido (SEM), que debía seguir vigente hasta octubre de 2028.
Según explicó, el análisis legal ya está avanzado y cuenta con dictámenes en proceso. Entre lunes y martes se reunirá con el intendente para cerrar los últimos puntos y luego anunciar oficialmente la decisión.
Abud afirmó que el contrato firmado en 2023 establece obligaciones que la empresa concesionaria no habría cumplido. Dijo que detectaron alrededor de diez incumplimientos y sostuvo que la Municipalidad no faltó a lo pactado.
También alertó sobre variaciones en los montos transferidos por la empresa al municipio en distintos periodos, ya que en el último tiempo se registró una cifra bastante mayor a las anteriores, hecho que también está bajo revisión.
Concluyó que se analizan acciones judiciales por lo hallado en la revisión de documentos, y que los casos que ameriten serán enviados a la Justicia, en el fuero penal y civil, para establecer responsabilidades y recuperar fondos.
Fiscalía imputó al asaltante herido durante una persecución tras el asalto a una mujer en la calle. Otro de los supuestos autores falleció. Foto: Ilustrativa
Imputan a asaltante herido en persecución policial tras ataque a una mujer con su hijo
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Ciudad del Este. Agencia Regional.
El fiscal Gabriel Segovia Villasanti imputó a Alfredo Ramón Ríos Villalba (36) por el asalto a una mujer en la vía pública e intento de robo. El mismo está hospitalizado en el pabellón de emergencias del Hospital Regional de Ciudad del Este con una herida en el muslo y fractura del brazo.
El hecho ocurrió ayer 11 de noviembre, a las 13:00, en la vía pública del Km 10 Monday, a unos 3 mil metros de la Ruta PY02, Ciudad del Este. En esa ocasión huían en una moto con su hermano mellizo, Alcides Ramón Ríos Villalba (36), tras intentar robar a una mujer que circulaba en una moto con su hijo, a quien llevaba a la escuela.
Fue víctima María Antonia Ferreira Portillo (32), quien vive en la misma zona. La mujer se resistió a la entrega de su moto y uno de los asaltantes efectuó disparos hacia ella que no le impactaron.
De acuerdo con los datos recabados por el fiscal, un vecino vio lo que pasaba y auxilió a la mujer obligando a los asaltantes a que huyeran, además de comunicar a un oficial de policía, Niño Daniel Cardozo Miranda (37), poblador de la zona, que dos asaltantes escapaban en moto hacia su casa.
Ante ese dato, el policía salió a perseguir a los dos motociclistas produciéndose un intercambio de tiros hasta que uno cayó y falleció en el lugar, mientras que el otro fue herido.
El herido fue auxiliado hasta el Hospital Regional por el personal de la Subcomisaría 14ª., que acudió al sitio tras lo ocurrido. Ambos supuestos atacantes cuentan con antecedentes por robo agravado y reducción.
En el lugar fueron encontrados la motocicleta en la que huían los mellizos y un arma de fuego tipo pistola con inscripción “Fabrique Nationale d’Armes de Guerre”, con un cargador con 9 cartuchos sin percutir del calibre 9 mm. Intervino el médico forense Aníbal Duarte para el levantamiento del cadáver.
El agente que persiguió a los asaltantes es Niño Daniel Cardozo Miranda (37), un suboficial inspector que presta servicios en la Agrupación Motorizada de Alto Paraná y que ayer estaba de franco.
Dijo que abordó su automóvil de la marca Toyota, Premio, color gris, chapa CEU 747 Py e inició una persecución contra los delincuentes, produciéndose un intercambio de disparos en el que los supuestos autores resultaron heridos, falleciendo uno de ellos en el lugar.
El oficial ya prestó declaración testifical y, por ahora, el único imputado es el asaltante herido. El fiscal Gabriel Segovia mencionó que todavía está recabando imágenes de circuito cerrado en el marco de la investigación.
El Ministerio Público informó que personas no identificadas usan sin autorización el nombre de la fiscala Ingrid Cubilla para solicitar dinero y por ello ya se denuncio ante la Fiscalía el hecho. FOTO: ARCHIVO
Ministerio Público advierte sobre suplantación de identidad de agente fiscal en WhatsApp
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El Ministerio Público informa que personas aún no identificadas estarían utilizando, sin autorización, una fotografía de perfil de la agente fiscal Ingrid Cubilla en una cuenta de WhatsApp asociada al número 0985 126 358, desde la cual solicitan transferencias de dinero bajo la promesa de recuperar el acceso a cuentas de la aplicación.
La fiscala Cubilla presentó una denuncia penal para que se investiguen los hechos y se identifique a los responsables de la utilización indebida de su imagen. La institución aclara que el número telefónico señalado no corresponde a la agente fiscal y advierte sobre posibles intentos de estafa mediante la suplantación de identidad.
Asimismo, recomienda no realizar transferencias de dinero ante este tipo de solicitudes, no compartir información personal ni códigos de verificación y comprobar la autenticidad de los mensajes antes de responder.
El Ministerio Público insta a extremar las precauciones frente a posibles maniobras fraudulentas realizadas a través de aplicaciones de mensajería instantánea.