El diputado Raúl Aguilera, presidente de la Comisión Especial de Intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, sostuvo que conforme al informe presentado por el interventor Ramón Ramírez se observan muchos "puntos oscuros" dentro de la administración del intendente suspendido Miguel Prieto. Aun así, espera que junto con sus colegas puedan emitir un dictamen objetivo.

En conversación con La Nación/Nación Media, el legislador comentó que para este lunes 18 de agosto está prevista, a las 9:00, la reunión de la comisión especial de la Cámara de Diputados, a fin de iniciar el estudio del informe final remitido por el economista Ramón Ramírez.

“Hay muchos puntos oscuros y negros en la administración de Miguel Prieto; pero, por nuestra parte, vamos a hacer lo que corresponda. Vamos a tomar una decisión objetiva, yo confío mucho en la objetividad de los integrantes de la comisión y finalmente será la decisión de los 80 diputados que resolverá sobre el destino del intendente de Ciudad del Este”, expresó.

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Explicó que la ley no tiene establecido el plazo máximo para el estudio del informe; no obstante, señaló que desde el pasado jueves ya se socializó el informe a todos los miembros de la comisión especial para que lo puedan ir estudiando los volúmenes entregados por el equipo auditor.

“Eso depende de cada miembro, en mi caso, ya estoy leyendo y preparándome al respecto, para poder emitir una opinión el lunes. Realmente, no creo que se alargue mucho su estudio. Acá lo que el lunes se va a decidir, es que, si se dictamina o no ya sobre el informe”, comentó.

Aguilera dijo que será la mayoría lo que decida, si dictamina a favor o no de la destitución del intendente Miguel Prieto, podría salir un dictamen único, como se dio cuando se aprobó la intervención de Asunción; o dictámenes diferentes, a favor y otro en contra, ya sea en mayoría o minoría.

Indicó que esos dictámenes se pondrán a consideración de la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, que luego decidirá si pone a consideración del plenario en sesión ordinaria o convoca a una extraordinaria para el efecto.

“El informe es bastante extenso, todavía no lo he podido terminar, pero en lo que ya leí se está corroborando todas las observaciones y denuncias que hizo la Contraloría General de la República. En el uso irregular de más de G. 29.000 millones, que era uso de gasto capital, que se usaron para transferencia de entidades sin fines de lucro, para obras, pero no tenían documentos respaldatorios fue corroborado por el interventor”, puntualizó.

Mencionó que también se corroboró que se usaron más de G. 10.000 millones que fueron transferido al Consejo local de Salud, entre el periodo 2019 y 2022, donde casi G. 6.000 millones no cuentan con respaldo suficiente sobre su uso. Destacó otras denuncias que fueron surgiendo como el caso de la caja paralela, denunciada penalmente por Ramírez ante el Ministerio Público; así como los estados contables que prácticamente no se pueden analizar porque no tienen consistencias.

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El interventor de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, calificó con un acto mafioso el atraco realizado a su despacho el día ayer jueves. El atropello se registró en la noche luego de una movilización a favor del intendente opositor y dirigente del movimiento Yo Creo, Miguel Prieto.

Ante este hecho, no se descarta que el atraco a su oficina y otras dependencias de la municipalidad haya sido cometido por dirigentes prietistas. El economista argumentó que el acto es un atropello a la institución y a la figura constitucional de la intervención.

“Este grave hecho, que se suma a otros actos como el robo de equipos informáticos, el acceso de funcionarios directivos en horas de la noche y el ataque a vehículos asignados a la intervención, comprueba el sistemático esquema de maniobras arteras, violencia e intento de amedrentamiento sufrido por el equipo interventor durante todo el proceso”, manifiesta el comunicado.

Detalla que la Policía Nacional se encuentra en el lugar de los hechos realizando los relevamientos de datos y las diligencias pertinentes, “desconociéndose hasta este momento el objetivo de dicho actuar criminal y si fue introducido o sustraído algún tipo de documento, dispositivo de escucha/video o elementos en las oficinas donde se produjeron los hechos”.

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El comunicado refiere además que el personal de Criminalística de la Policía Nacional, constituido en la sede de la Intendencia, determinó que la puerta frontal de dicha sede no fue forzada, deduciendo que fue abierta mediante la utilización de un juego de llaves. “No obstante, se evidencia que fue forzada la puerta de acceso a la sala de reuniones de la Intendencia, así como al despacho del intendente, ubicándose marcas de pisadas sobre el escritorio del Intendente, para alcanzar los equipos de iluminación de la oficina”, indica.

El documento agrega que “el interventor condena dichos hechos y deposita su plena confianza en las Autoridades Policiales y del Ministerio Público a los efectos de llevar a cabo las diligencias necesarias para dar con los responsables de este acto criminal. Las evidencias recabadas ayudarán a llegar y castigar a los mismos. La intervención agotará todos los mecanismos institucionales para que todas estas violaciones a la institución municipal no queden impunes“.

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Medios de comunicación de Ciudad del Este, Alto Paraná, informaron que la oficina del economista e interventor, Ramón Ramírez, fue violentada ayer jueves, luego de una movilización convocada en apoyo al intendente opositor y líder del movimiento Yo Creo, Miguel Prieto.

Según las publicaciones, el hecho se registró durante la noche, pese a la orden de estricto resguardo policial del edificio comunal. También detallan que varios funcionarios fueron arreados por Prieto para participar en la movilización como medida de fuerza tras la remisión del informe final de la intervención a su gestión a la Cámara de Diputados, documentos que exponen graves irregularidades en la administración del jefe comunal suspendido.

De acuerdo con las informaciones preliminares, aún no se confirmó si se sustrajo algún objeto. Una de las principales hipótesis que manejan las autoridades es que los intrusos habrían ingresado para instalar cámaras y micrófonos en el despacho de Ramírez, ya que los vándalos subieron sobre el escritorio.

Detallan además que el hecho fue comunicado a la Policía Nacional y al Ministerio Público, que ya iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables y determinar el objetivo real del ingreso forzado.

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La fiscalización a la gestión del intendente opositor y líder del movimiento Yo Creo, Miguel Prieto, se inició el pasado 23 de junio. El proceso fue impulsado mediante el requerimiento de la Contraloría General de la República (CGR) ante la existencia de graves irregularidades.

Entre las irregularidades detectadas en la administración de Prieto figuran, por ejemplo, una presunta malversación por G. 29.000 millones. El desfalco guarda relación con dinero que debía destinarse a obras y bienes de capital, pero habría sido desviado para cubrir gastos corrientes, transferencias y pago de deudas, según reveló el economista Ramírez.

Prieto contaba con una partida presupuestaria equivalente a G. 83.000 millones, que estaba asignada al financiamiento de gastos de capital. La utilización irregular de este recurso fue reportada por la Contraloría General de la República (CGR), y forma parte de los puntos clave que sustentaron el requerimiento de indagación.

Por otra parte, informaciones desprendidas de la revisión administrativa y financiera hecha sobre recursos canalizados mediante el Consejo Local de Salud, entre el 2019 y 2022, que alcanzaron más de G. 10.500 millones en dicho periodo, demuestran serios incumplimientos de las normativas vigentes.

De dicho monto, G. 6.000 millones se destinaron a obras y refacciones que fueron ejecutadas sin ningún tipo de control técnico ni administrativo, lo que impide determinar si esas inversiones realmente se realizaron como figuran en las facturas presentadas, o siquiera si se hicieron.

Ramírez también presentó el pasado lunes una denuncia penal ante el Ministerio Público luego de detectar la presunta existencia de una caja paralela, cuyos recursos fueron recaudados por diferentes impuestos, sin embargo, no ingresaron finalmente a las arcas de la comuna. Señaló que existiría un daño patrimonial de unos G. 75 millones que no ingresaron a Tesorería.

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Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este apartado del cargo, renovó una serie de contratos de funcionarios que prestaban servicios en la comuna esteña y cuyos contratos fenecían el 30 de junio. Lo llamativo del caso es que dichos contratos figuran como que fueron renovados el 1 de julio de este año, fecha en que Prieto ya no ejercía funciones como intendente, por tanto, dichos documentos no tienen validez.

Esta situación está ahora generando un serio problema en la administración de la comuna esteña, ya que estos funcionarios están exigiendo el pago de sus salarios por el mes de julio muchos de los cuales no están pudiendo acceder, porque la renovación del contrato debería haber firmado el interventor Ramón Ramírez, puesto que es el actual responsable de la administración del municipio.

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Para comprender la situación, La Nación/Nación Media conversó con el interventor Ramírez, quien explicó que los contratos firmados con fecha 1 de julio por el señor Prieto, quien ya había dejado la administración, carecen de validez.

“Sí, justamente hoy tuve una manifestación de funcionarios, entre ellos aquellos que dicen que no cobraban sus salarios y cuyos contratos fueron renovados por este señor que ya no estaba en funciones en fecha 1 de julio y me entregaron como prueba esos contratos firmados por Prieto“, comentó.

Señaló que aparentemente estos contratos fueron firmados por Prieto, antes de dejar el cargo el pasado 20 de junio, fecha que inició la intervención municipal; el problema es que lo hizo con fecha 1 de julio, pero aun así los documentos no son válidos, ya que aún no fenecía en esa fecha el contrato anterior.

No obstante, señaló que ya ordenó reimprimir aquellos contratos de los funcionarios que sí cumplieron funciones en la municipalidad durante este tiempo.

“Lo que hizo Prieto fue firmar un nuevo contrato desde el 1 de julio y obviamente es inválido, él no estaba en funciones. Ahora, no puedo pagar sueldos de contratos que no están vigentes. Están volviendo a imprimir los contratos, de a poco me están pasando, y estoy volviendo a firmar, pero solo de aquellos que están confirmados que han cumplido funciones”, precisó.

Esta redacción tuvo acceso a uno de los contratos firmados por Prieto, que guarda relación con su asesor, Daniel Pereira Mujica, cuyo contrato feneció el pasado 30 de junio; y que fue recontratado de manera irregular por el intendente Prieto en fecha 1 de julio. Esto no tiene validez, ya que a esa fecha debía ser firmado por el interventor, Ramón Ramírez, quien estaba en funciones.

Al respecto, el interventor señaló que esos contratos son inválidos, por tanto, no puede pagar salarios con base a esos contratos. No obstante, aclaró que en este caso particular del asesor Pereira Mujica, así como varios otros asesores que están en la misma situación, adelantó que sus contratos no serán adelantados.

“Ese contrato en particular (Pereira Mujica) no voy a renovar, así como a muchos otros asesores que no tengo pruebas de que hayan cumplido con funciones específicas en la municipalidad en este tiempo. Esa es una de las razones, por las que ellos querían sostener que el contrato firmado por Prieto era válido. Pero no les voy a renovar, porque no cumplieron con funciones en este tiempo. Pereira Mujica se ha dedicado a hacer campaña política en este tiempo”, precisó.

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