El director de Ciberseguridad del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Pedro Martínez, afirmó que la declaración de emergencia en ciberseguridad aprobada por la Cámara de Diputados no introduce elementos prácticos adicionales para enfrentar los ataques informáticos recientes sufridos por instituciones del Estado.
“La declaración de emergencia en sí no nos genera un abanico de posibilidades distintas a las que hoy ya manejamos”, sostuvo Martínez en conversación con La Nación/Nación Media. Si bien reconoció la buena intención detrás de la resolución, advirtió que este tipo de medidas puede ser malinterpretado y generar una percepción pública de mayor gravedad de la situación.
“En la realidad y en la práctica, pone un foco en la situación actual y eso realmente no es que ayude tanto a construir lo que estamos haciendo”, explicó. El director enfatizó en que, afortunadamente, la mayoría de los incidentes detectados no comprometieron datos sensibles de la ciudadanía.
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Minimizar los impactos
De acuerdo a lo que detallaron desde el Mitic, los ataques consistieron en el uso indebido de credenciales robadas o débiles, lo cual permitió a los atacantes modificar elementos visuales como los banners de páginas institucionales, pero no lograron acceder a información que compromete los datos de la ciudadanía.
“Las vulneraciones que se vinieron dando no representa que los ciberdelincuentes hayan accedido a datos personales de la ciudadanía, de hecho, instamos a que las bases de datos sensibles no estén accesibles desde internet, y eso es una de las capacidades que venimos promoviendo”, sostuvo.
El director remarcó que desde el Centro de Respuesta ante Incidentes (CERT-PY), dependiente de su dirección, se trabaja de manera coordinada con los puntos focales de cada institución afectada para recuperar el control de los sistemas y minimizar los impactos. “Acompañamos con trabajos técnicos y verificamos que no haya elementos persistentes que comprometan la infraestructura”, aseguró.
Buena intención, pero sin aportes concretos
Respecto a las posibles motivaciones detrás de los ataques, Martínez indicó que si bien pueden ser variadas, en este caso parecen tener un objetivo claro: “Socavar la reputación gubernamental o institucional”. En su análisis, no se puede afirmar con certeza qué grupo está detrás, pero el patrón observado apunta a acciones con una fuerte carga de daño reputacional.
Finalmente, insistió en que el país ya cuenta con normativas y guías técnicas que, de ser aplicadas correctamente, pueden mitigar eficazmente la mayoría de las amenazas. “A través de esta resolución no se proveen recursos ni herramientas adicionales. Seguramente hay una buena intención, pero en la práctica no cambia mucho”, reiteró respecto a la declaración de la Cámara Baja.