El diputado colorado Miguel Ángel del Puerto señaló durante la sesión ordinaria de la Cámara Baja, que desde el movimiento “Yo Creo” ya no saben cómo tapar el “po pindá” o el “po kare” de su líder, el intendente suspendido Miguel Prieto. Esto, con relación a la denuncia penal presentada por el interventor Ramón Ramírez, que ha encontrado serios indicios de una caja paralela en la administración de la Municipalidad de Ciudad del Este.

Durante su alocución, el diputado Del Puerto señaló que justamente el intendente Prieto ha sido separado del cargo, mientras dura esta intervención, ante la sospecha seria de corrupción denunciada por la Contraloría General de la República.

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Al respecto, el legislador expresó en modo irónico que algunos de sus colegas en el plenario, que son amigos y aliados de Prieto, han minimizado el robo denunciado por el interventor, mediante la caja paralela.

“Para algunos colegas, esto ha sido un vyroreí que Miguel Prieto robe 75 milloncitos cada 24 horas. Es demasiado poco lo robado, entonces hay que perdonarlo, hay que dejar de lado, porque había sido es un robo menor”, sentenció.

Del Puerto cuestionó que cuando se “trata del chancho del propio chiquero”, entonces no es ningún ladrón, ni corrupto, ni po pindá, “solo desvía fondos, es malversación, upéa ichuchivé”, expresó. Lamentó que se busque usar términos más rebuscados, para que la gente no pueda entender que en el fondo son robos de recursos, ya que al final lo robado ha sido muy poco.

“Por eso, yo creo que estamos por buen camino. Hay que apostar a que las instituciones funcionen y que tengamos confianza que van a castigar, sea el corrupto que sea, sea la cantidad que robe. Siempre que sea un robo debe ser castigado y espero que los más de 1.000 millones que el Consejo de Salud local utilizó sin ningún permiso del Ministerio de Salud se pueda corroborar también”, acotó.

A su turno, el diputado Rodrigo Gamarra también se refirió al asunto señalando que en la Municipalidad de Ciudad del Este han montado toda una asociación para saquear y delinquir. Aseguró que no existe un plan para persecución política como busca plantear el equipo de Miguel Prieto.

“Un sistema delictivo, bien aceitado para saquear en familia y con amigos, parientes y hasta empresas fantasmas. Hemos visto como una pequeña empresa de minicarga recibía 400 millones de guaraníes del municipio con el mismo sistema del copetín de Tía Chela durante la pandemia”, indicó.

Remarcó que en este caso no se trata de hacer un juicio de valor político, sino de determinar un juicio de valor jurídico sobre el daño patrimonial que se viene causando a la ciudadanía, en especial a la gente de Ciudad del Este.

“Creo que acá lo que corresponde, antes que venga la sentencia, es que este delincuente de Miguel Prieto, por decoro por lo menos, renuncie, ponga el cargo a disposición y se ponga a disposición de la Justicia como corresponde”, concluyó.

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El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, intentó minimizar la denuncia penal por una caja paralela en las recaudaciones de la comuna esteña, que informó ayer el interventor Ramón Ramírez; refiriendo a otro caso por patentes del 2024, sin embargo, el reciente informe apunta a graves maniobras irregulares que involucrarían a la prima del jefe comunal, durante enero y febrero de este año, en cuanto a impuesto inmobiliario.

La intervención revisó datos del sistema de recaudación entre enero y junio de 2025, detectando, entre algunas irregularidades, que la Caja 6 figuraba como receptora de pagos el 30 de enero, pese a que ese día no operó, según la rendición diaria; en tanto, la Caja 8 reportó operaciones pagadas, pero en el arqueo no registró ingresos; mientras que los comprobantes estaban en el orden de los 1.000, pero se hallaron numeraciones por encima de 100.000 (seis dígitos).

En solo dos días se detectaron operaciones irregulares que superan los G. 75 millones, según los cálculos compartidos por Ramírez en una conferencia de prensa. Ante esto, Prieto reaccionó, alegando: “El interventor descubrió algo que nosotros habíamos descubierto en enero”. La denuncia de Prieto del 3 de abril, tras una auditoría interna, apuntaba a irregularidades en el Impuesto a la Patente Comercial e Industrial del año 2024, sin identificar responsables al inicio y, luego, señalando a dos funcionarios municipales.

El exmandatario Mario Abdo Benítez develó este martes una estrategia que ya había sido anticipada que utilizaría, que consiste en desentenderse de ser el presunto propietario de cuentas bancarias en el paraíso fiscal de las islas Seychelles (África), cuando la investigación publicada por la prensa argentina nunca le atribuyó tal titularidad nominal, siendo más bien señalado como el aparente beneficiario final de un monto millonario, por valor de USD 21 millones, cuyo origen se desconoce.

Bajo investigación del Ministerio Público desde setiembre de 2024 por inconsistencias detectadas en sus declaraciones juradas y las ganancias generadas por empresas de asfalto, Abdo busca escudarse en un informe preliminar en inglés que compartió en redes sociales, que lleva la fecha del 12 de agosto de 2025, firmada supuestamente por Thereza Dogley, quien sería secretaria principal de la Oficina del Presidente de la República de Seychelles.

“La mentira se acabó”, escribió el expresidente paraguayo. Por lo contrario, la filtración de una fuente confidencial a la que accedió el periodista argentino Luis Gasulla, que publicó con pruebas documentales en el portal PeriodismoyPunto el pasado 20 de julio, apunta a empresas creadas en Hong Kong y Dubái, remarcando que los organismos jurisdiccionales deben investigar sobre los apoderados y la “ruta del dinero”, que sindican a Abdo y su esposa como “únicos autorizados”, según las filtraciones.

Los emblemas privados comenzaron a bajar sus precios luego de que Petropar haya anunciado su rebaja de G. 250 por litro en todos sus combustibles. En sus publicaciones anunciaron reducciones de hasta G. 400 desde este miércoles.

Varios emblemas privados comenzaron a reducir los precios de sus combustibles desde la fecha, siguiendo a Petropar, que en la víspera anunció reajustes motivados por los buenos precios internacionales y un tipo de cambio favorable.

Con este reajuste, los tableros de los emblemas privados muestran precios iguales a los de Petropar. Por ejemplo, las naftas de 93 y 97 octanos pasan a costar G. 6.490 y G. 7.840, respectivamente. En el gasoil, se observan también precios similares al de la estatal, con G. 7.050 en el diésel común, y G. 8.850 en el diésel aditivado.

Desde la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar) proponen avanzar hacia un consumo sostenible, a través de la unificación del tipo de cambio entre Aduanas y el Banco Central del Paraguay (BCP), una reducción temporal en el impuesto de valor agregado (IVA) y aranceles a productos básicos.

Eugenio Caje, presidente de Asimcopar, manifestó que el gremio apuesta a un consumo más sostenible y con precios más competitivos para el cliente final. La propuesta de Asimcopar es que se evalúe la unificación del tipo de cambio entre el Banco Central y Aduanas, además de reducciones temporales al IVA y otros aranceles que se aplican a productos básico.

“Nosotros creemos que el consumo sostenible se puede dar unificando el tipo de cambio de Aduanas y BCP, bajar temporalmente el IVA y aranceles en productos que son básicos, ajustar los aforos a precios reales internacionales”, dijo a la 780 AM.

El pleno de la Cámara de Diputados tomó juramento al diputado nacional Manuel Jara Espinoza, quien asume la banca correspondiente al departamento de Caaguazú, en reemplazo del extinto diputado Derlis Rodríguez, fallecido el pasado 4 de agosto a consecuencia de problemas de salud.

Jara Espinoza ya se incorporó al cuerpo legislativo y ocupó su banca en la sesión ordinaria de este martes.

Unas 1.300 instituciones educativas recibieron más de 311.000 pupitres escolares adquiridos por Itaipú. Esto representa el 95 % de lo previsto para esta primera etapa.

La asesoría de responsabilidad de Itaipú Binacional dio a conocer el informe de la distribución de mobiliarios escolares a nivel país. Según el corte del fin de semana, el último disponible, la binacional entregó 311.789 pupitres en 1.300 instituciones educativas.

La cantidad mencionada equivale al 95 % de lo anunciado para esta primera etapa del proyecto y alcanza a 424.304 estudiantes que provienen de 101 distritos considerados prioritarios y ubicados en: Alto Paraná, Caaguazú, Caazapá, Ñeembucú, Itapúa, San Pedro, Central, Paraguarí, Cordillera, Guairá, Misiones y Asunción.

El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, intentó minimizar la denuncia penal por una caja paralela en las recaudaciones de la comuna esteña, que informó ayer el interventor Ramón Ramírez; refiriendo a otro caso por patentes del 2024, sin embargo, el reciente informe apunta a graves maniobras irregulares que involucrarían a la prima del jefe comunal, durante enero y febrero de este año, en cuanto a impuesto inmobiliario.

La intervención revisó datos del sistema de recaudación entre enero y junio de 2025, detectando, entre algunas irregularidades, que la Caja 6 figuraba como receptora de pagos el 30 de enero, pese a que ese día no operó, según la rendición diaria; en tanto, la Caja 8 reportó operaciones pagadas, pero en el arqueo no registró ingresos; mientras que los comprobantes estaban en el orden de los 1.000, pero se hallaron numeraciones por encima de 100.000 (seis dígitos).

En solo dos días se detectaron operaciones irregulares que superan los G. 75 millones, según los cálculos compartidos por Ramírez en una conferencia de prensa. Ante esto, Prieto reaccionó, alegando: “El interventor descubrió algo que nosotros habíamos descubierto en enero”. La denuncia de Prieto del 3 de abril, tras una auditoría interna, apuntaba a irregularidades en el Impuesto a la Patente Comercial e Industrial del año 2024, sin identificar responsables al inicio y, luego, señalando a dos funcionarios municipales.

Pero las evidencias señalan que se tratan de casos distintos, con tributos diferentes, personas diferentes y, sobre todo, con un nivel de gravedad que compromete directamente al círculo familiar del intendente intervenido, quien justamente había admitido que incurrió en nepotismo en una entrevista televisiva en directo, en mayo pasado, ubicando a cuatro primos por contratación directa, entre ellos, a Meribeb Alonzo Vallejo, como jefa de Impuestos Inmobiliarios. Removió a su prima del cargo en junio pasado debido a la presión por su sincericidio mediático.

“Son mis primos, sí. Meribeb Vallejo fue contratada por la Junta Municipal y es la jefa de Impuesto Inmobiliario. Desde que ella está en el cargo, por ejemplo, terminaron los hechos de corrupción en la división de Impuestos Inmobiliarios”, expresó Prieto en la emisión de TV abierta. “Son contrataciones directas, son parientes míos”, admitió, minimizando su confesión: “Sí, pero en cualquier otra cosa que me digan estamos marcando mucha diferencia”.

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La denuncia de Prieto por un presunto monto de casi G. 900 millones en irregularidades en ejercicios anteriores, no es el mismo caso que también denunció la intervención ante el Ministerio Público, por un esquema de desvío de recursos municipales, que mencionó G. 75 millones “desaparecidos” tan solo al revisar los comprobantes de las cajas 6 y 8 en apenas dos días.

• Distinto tributo: uno es Patente Comercial e Industrial, el otro es Impuesto Inmobiliario.

• Distintas personas: en el caso de Prieto, dos funcionarios; en el de la Intervención, la prima del intendente esteño.

• Distintas fechas: su denuncia refiere a 2024, la de la Intervención a hechos cometidos en enero de 2025.

La intervención reveló que una auditoría informática al sistema SIGEM detectó millonarios pagos registrados en enero de 2025 que no aparecen reflejados en la Tesorería municipal. Entre los señalados por las irregularidades figuran Meribeb Alonzo Vallejos, su prima, junto a Iván Giovanni Vera Morel y Micaela Herrera.

La fiscalización aportó a la Fiscalía memorándums autenticados, fichas de inmuebles, arqueos de caja y respaldos digitales que prueban pagos inconsistentes, perfiles de usuarios alterados y posibles manipulaciones del sistema. Muchos comprobantes tienen fechas y montos válidos en el sistema, pero no coinciden con los arqueos reales de caja.

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“Encontramos un esquema de desvío de recursos a través de lo que denominamos una caja paralela a espalda de los fieles y responsables contribuyentes de Ciudad del Este”, explicó ayer el interventor. El dinero abonado por los contribuyentes no llegaba a la tesorería municipal, en especial en lo relacionado al pago de impuestos inmobiliarios.

“Encontramos una serie de numeración de los comprobantes que es totalmente inconsistente con el sistema de numeración de los comprobantes emitidos. Tomamos muestras concentrándonos en los impuestos inmobiliarios, y hallamos datos inconsistentes. Por ejemplo, unos pagos realizados en una fecha concreta en la caja número 6, pero al verificar la información, hallamos que ese día precisamente esa caja no operó, me refiero a la caja 6”, señaló Ramírez.

El arqueo de esa caja tampoco visualiza que esa recaudación haya ingresado a las arcas municipales. El mismo patrón de proceso se repite para 9 operaciones similares, que fueron tomadas como muestras para presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público, en fecha 11 de agosto.

“Quiero dejar en claro que esto es solamente una parte pequeña de la investigación. Funcionarios con roles y accesos específicos manipularon al sistema informático para registrar operaciones como pagadas, pero que no fueron ingresadas a la tesorería”, agregó.

La asesoría jurídica calificó este hecho como posible delito de extracción y alteración de datos. “Para nosotros no es un simple error administrativo, es una apropiación de los recursos del pueblo, que confirman una vez más la serie de irregularidades que hallamos en esta institución”, concluyó el interventor, para luego explicar que todas las personas que intervinieron en estos hechos, están plenamente identificadas.

El interventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira, adelantó que ya se encuentra en el último tramo del proceso de intervención de la administración municipal iniciado el 24 de junio de este año. Indicó que hasta el momento coincide con todas las observaciones señaladas por la Contraloría General de la República (CGR) en su informe, que derivó en el pedido de intervención.

“Estamos cerrando las seis observaciones, ya he comentado que coincido con todos los puntos, con algunas profundizaciones, teniendo en cuenta que la Contraloría ha tenido limitaciones en el acceso a las documentaciones respaldatorias de los gastos corrientes, no así en esta intervención”, refirió en conversación con la 1020 AM.

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Así también, contó que están terminando los análisis de cada una de las cuentas, conforme a los clasificadores presupuestarios, específicamente, para que pueda quedar ordenado por rubro. “Determinar exactamente en dónde y en qué objeto de gastos han sido imputados esos recursos que tenían como destino las obras de infraestructura que finalmente han sido utilizadas en gastos corrientes, pese a la prohibición expresa, establecidas en el artículo 197 de ley orgánica Municipal”, expresó.

Por otra parte, señaló que esta mañana se realizó una denuncia ante el Ministerio Público sobre un esquema de recaudación que se utilizaba en una estructura irregular. “Las formas que asumen las denominadas cajas paralelas pueden tener diversas explicaciones, no son necesariamente esquemas paralelos a cajas institucionales, con falsificación y producción completa de instrumentos, sino que también tienen otras características”, explicó.

En este caso, la denuncia realizada, se da por “la existencia de un esquema que evitaría enviar 100 actas de intervención por diferentes tipos de contravención en farmacias y en locales gastronómicos al juzgado de faltas para que se instruyan sumarios y se impongan las multas”.

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