El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), el Ministerio del Interior y la Policía Nacional firmaron un convenio con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a los trabajadores de dicha cartera y a los agentes policiales. Las autoridades de estas instituciones resaltaron la importancia de este acuerdo que permitirá a los trabajadores tener una casa propia mediante el programa habitacional Che Róga Porã 2.0.
De acuerdo a lo que explicaron desde el MUVH, el acuerdo está orientado a facilitar el acceso a viviendas dignas, así como la reestructuración de deudas de los funcionarios hasta el 50 %, permitiendo mejorar su situación económica con condiciones favorables de modo a fortalecer la inclusión financiera y la estabilidad familiar de quienes integran la función pública.
“Estamos muy contentos de poder ser partícipes y de cumplir la instrucción del presidente de la República, primero de trabajar en equipo y en segundo lugar facilitar que las familias paraguayas y en este caso en especial, la gente de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior, puedan vivir mejor”, expresó el titular del MUVH, Juan Carlos Baruja, quien mencionó que este acuerdo representa un reconocimiento a la labor policial.
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Por su parte, el ministro del Interior, Enrique Riera resaltó que este acuerdo permitirá a los funcionarios de su cartera y a los 34.000 agentes de la Policía, acceder a “un canal verde” y trato preferencial para acceder a una vivienda propia o mejorar una existente, esto debido a las diversas facilidades que se ofrece a través de Che Róga Porã 2.0.
“Este convenio es una noticia muy esperada, este es el momento en que me imagino que estas familias estarán festejando porque con esto se está cumpliendo un sueño largamente acariciado por la familia policial”, expuso por su parte el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, durante el acto de firma del convenio.
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Avanzan para acuerdo comercial entre el Mercosur con Vietnam
Autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) participaron de la primera ronda de negociaciones comerciales entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y Vietnam. Las reuniones se desarrollaron en Buenos Aires, Argentina, del 24 hasta hoy viernes, y tuvieron el objetivo de avanzar hacia un acuerdo de preferencias comerciales.
Desde la cartera económica, indicaron que Vietnam constituye un socio de creciente relevancia para el Mercosur y representa una oportunidad para profundizar la inserción del bloque en el sudeste asiático, una de las regiones de mayor dinamismo económico y comercial a nivel mundial.
Asimismo, mencionaron que el futuro acuerdo contemplaría alrededor de 14 capítulos y disciplinas, entre ellos comercio de mercancías, reglas de origen, facilitación del comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, defensa comercial, competencia, pequeñas y medianas empresas (pymes), cooperación económica y solución de controversias.
En esta primera ronda se avanzó en la revisión de los textos y en la discusión de las modalidades que orientarán el posterior intercambio de solicitudes y ofertas arancelarias, aspectos centrales para definir el alcance de las preferencias comerciales entre las partes.
En el marco de la negociación, el MEF tiene a su cargo la coordinación nacional del Capítulo de Comercio de Mercancías.
OPORTUNIDAD PARA DIVERSIFICAR
“Para Paraguay, la negociación representa una oportunidad para diversificar los mercados y la canasta exportadora, ampliar la presencia de productos agroindustriales e industriales y consolidar los rubros nacionales que actualmente acceden al mercado vietnamita”, señalaron desde el MEF.
Al mismo tiempo, la posición paraguaya apunta a que el proceso de apertura comercial se desarrolle de manera gradual, equilibrada y acorde con las sensibilidades de la estructura productiva nacional, procurando que las nuevas oportunidades de acceso a mercado sean compatibles con condiciones adecuadas para los sectores que enfrentan una mayor exposición a la competencia externa.
La negociación busca generar condiciones para que nuevas empresas y productos paraguayos puedan acceder a un mercado asiático de gran escala y dinamismo, ampliando las oportunidades de inserción internacional del país y promoviendo una integración comercial que contribuya al crecimiento, la inversión, así como la generación de empleo.
De acuerdo con los datos del Banco Central del Paraguay (BCP), en 2025 el comercio bilateral entre Paraguay y Vietnam alcanzó USD 296,5 millones, y las exportaciones paraguayas registraron USD 71,7 millones e importaciones por USD 224,8 millones. En comparación con 2024, las exportaciones paraguayas a ese mercado aumentaron 13 %, mientras que el intercambio comercial total creció 20 %.
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Gobierno abre posibilidad de incluir acuerdo con médicos mediante adenda al PGN 2027
Si el Gobierno y el gremio de médicos alcanzan un acuerdo que implique recursos, una de las alternativas sería incorporarlo al Presupuesto General de la Nación 2027, mediante una adenda del Poder Ejecutivo, informó el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre. Aclaró que las negociaciones recién están comenzando, pero destacó que existe predisposición y apertura al diálogo.
El titular de la Cámara Baja explicó en conferencia de prensa que tras recibir ayer a representantes del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), la Mesa Directiva de Diputados reunió a los líderes de las distintas bancadas para analizar el conflicto. Durante el encuentro se decidió intervenir como mediadores entre los médicos y el Ejecutivo, buscando acercar posiciones.
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Comentó que mientras mantenía una reunión con el presidente de la República Santiago Peña, a la par ya se estaba desarrollando una reunión en el Ministerio de Economía con representantes de los de los gremios médicos, el ministro de Economía Óscar Lovera y la ministra de Salud María Teresa Barán.
Mencionó que existen planteamientos sobre la mesa que fueron propuestos por el Sinamed, que están siendo analizados en este momento, por lo que habrá un diálogo fluido al respecto.
“Hay una primera conversación entre los representantes del Ejecutivo que están bajando sobre la mesa determinados planteamientos, pero la apertura está para generar una conversación con una escucha activa en base a estas circunstancias y también planteados los mecanismos a partir de los cuales pueden ser implementados el acuerdo al que se llegue”, comentó.
Prioridad absoluta para Peña
Confirmó además, que el presidente Peña manifestó que es una absoluta prioridad de su gestión fortalecer el sistema de salud; por lo que está en pleno conocimiento de las circunstancias que están atravesando los médicos y que llevaron a esta medida de fuerza. Resaltó que el mandatario tiene la mayor predisposición y apertura para el diálogo.
Latorre señaló que el mecanismo en el que podría quedar plasmado el acuerdo, en el momento en que lleguen en ese punto, es a través del Presupuesto General de la Nación.
“Específicamente, una de las posibilidades que manifestó de manera taxativa al presidente Peña, es a través de una adenda del Poder Ejecutivo. Está en el espíritu del presidente Santiago fortalecer el sistema de salud y por supuesto generar mecanismos claros para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la salud”, remarcó.
Diputados media en el diálogo
No obstante, el diputado Latorre dejó en claro que este es el inicio de un diálogo, atendiendo que hay una medida de fuerza vigente y la Cámara de Diputados tiene la intención de mediar para generar una solución a esta situación.
“Es una situación que tiene dos objetivos fundamentales; el primero la restitución en su máximo potencial de las capacidades del Ministerio de Salud en cuanto a la prestación de servicios de salud para que sean atendidos todos los pacientes, en todas las especialidades. Por otro lado, la contención y la reivindicación de los trabajadores de la salud en este caso a través de su cabeza que ese equipo médico”, acotó.
Enfatizó que el desafío que se tiene ahora es encontrar un punto medio entre la reivindicación que satisfaga al gremio médico y una solución que pueda ser financieramente cumplida por el Ejecutivo.
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Meta acuerda pagar USD 16.700 millones a estados de EE. UU. en caso de adicción de menores a redes
Meta llegó a un histórico acuerdo con varios estados de Estados Unidos a los que pagará 16.700 millones de dólares para poner fin a un juicio en el que se le acusaba de favorecer la adicción de los menores a Instagram y Facebook.
Meta fue acusado de diseñar deliberadamente sus plataformas para captar a los usuarios jóvenes, de engañar al público sobre los riesgos y de recopilar de forma ilegal datos de niños menores de 13 años.
El gigante que agrupa a Facebook e Instagram acordó, en el marco de este arreglo, hacer cambios importantes con limitaciones en el acceso de los jóvenes a sus productos, según un documento conocido este miércoles que debe ser validado por un juez federal de Oakland (California).
“Meta ayudó a hacer grandes transformaciones que disminuirán el riesgo de causar daño de sus plataformas, y lo hará en unos meses”, declaró el fiscal general de California, Rob Bonta, en un comunicado.
Según Bonta, el resultado será un “cambio real, transparencia verdadera, y protecciones seguras para los niños”.
Limitaciones de tiempo y durante la noche
Los cambios en la forma en que los jóvenes utilizan sus aplicaciones van más allá de cualquier cosa que Meta haya aceptado antes y se producen tras años de críticas de padres y expertos sobre los efectos de las mayores plataformas de redes sociales en los niños.
Meta aumentó así impedir que los adolescentes usen sus aplicaciones durante la noche e imponer un límite de dos horas de uso diario acumuladas.
La larga lista de nuevas medidas de protección cambiará sustancialmente el funcionamiento de las aplicaciones para los jóvenes.
El bloqueo nocturno será automático e impedirá que los adolescentes accedan a Facebook e Instagram entre la medianoche y las 6h00 AM.
En relación al tiempo máximo de dos horas de uso diario acumulado, que se aplica por defecto, no contabiliza el envío de mensajes o el visionado de videos de formato largo.
Ambas restricciones se soportarán si el resto del sector sigue el mismo camino.
Si plataformas competidoras -como TikTok, YouTube o Snapchat- adoptan compromisos equivalentes, el bloqueo nocturno se ampliaría de 22H00 a 7H00 y el tiempo diario acumulado se reduciría a 60 minutos por aplicación, con un límite máximo de dos horas en total.
El cumplimiento de estas medidas estará sujeto a supervisión durante 10 años por parte de un auditor independiente elegido conjuntamente por Meta y los estados, y pagado por la empresa.
La indignación por el impacto de Instagram y Facebook -así como de Snapchat y TikTok- ha impulsado la expansión de los límites de edad para acceder a su uso y las prohibiciones de teléfonos en escuelas en todo el mundo.
Trasfondo económico
Con más de 3.000 millones de usuarios en todo el mundo, Meta enfrentaba acusaciones de una coalición de 29 estados que aseguran que violó las leyes federales y estatales.
Si Meta perdía el caso se exponía a sanciones por unos 200.000 millones de dólares.
La demanda se radicó en un tribunal de Oakland, ciudad vecina de San Francisco.
El texto que deberá ser validado por un juez señala que el acuerdo no constituye una admisión de responsabilidad ni de conducta indebida por parte de Meta, que ha negado de forma constante las acusaciones en su contra.
El acuerdo llega una semana después de la apertura de este juicio de gran repercusión, que se suma a otros dos casos similares en los que Meta ya ha sido condenado, en Santa Fe (Nuevo México) y Los Ángeles (California).
Numerosos procedimientos siguen en curso en Estados Unidos, iniciados por jóvenes usuarios que reprochan a Meta haber provocado una adicción a las redes sociales y haber agravado trastornos psicológicos y de conducta.
El calendario de pagos del arreglo contempla 10 cuotas anuales. El acuerdo pone punto final al juicio, que ingresaba en su segunda semana.
El jefe de Instagram, Adam Mosseri, declaró el martes y admitió que impulsó nuevas herramientas de seguridad para adolescentes sin revelar las bajas tasas de adopción detectadas en las primeras pruebas, realizadas hace varios años.
- Fuente: AFP
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Policía Nacional: reglamentan ley que protege la maternidad y paternidad de postulantes
El mandatario Santiago Peña firmó el decreto 6.690 que reglamenta la ley 6.634/2020, que erradica la discriminación en razón de maternidad y paternidad, y garantiza la igualdad de condiciones para el acceso, selección y admisión en las unidades académicas de formación de la Policía Nacional, comprendidas por la Academia Nacional de Policía “General José Eduvigis Díaz” y el Colegio de Policía “Sargento Ayudante José Merlo Saravia”.
La ley refiere que las disposiciones establecidas serán de cumplimiento obligatorio para los postulantes, así como también para las autoridades, dependencias y el personal policial que intervengan en dichos procesos. Determina que todos los postulantes recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades de participación, sin discriminación alguna, y el ingreso se determinará exclusivamente en función a las aptitudes, competencias y resultados obtenidos por los postulantes en base a los criterios de evaluación establecidos.
También se hace mención a la objetividad en las decisiones que se adoptarán sobre la base de criterios técnicos, verificables y previamente establecidos, libres de arbitrariedad y la transparencia, y que el proceso se desarrollará con publicidad de las actuaciones y de los resultados, garantizando el acceso a la información conforme a la normativa vigente.
Autoridad de aplicación
La reglamentación detalla que la Comandancia de la Policía Nacional, en su carácter de máxima autoridad institucional, tendrá el rol de velar por el debido cumplimiento e implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables al proceso de selección y admisión.
Mientras que el Instituto Superior de Educación Policial (Isepol), conforme a las competencias que legalmente le correspondan, será responsable de planificar, organizar, coordinar y supervisar el proceso de selección y admisión para las respectivas unidades académicas de formación, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.
Comité interinstitucional
A la vez, se establece la conformación de un Comité Interinstitucional para la transparencia e igualdad en los procesos de admisión en donde el Ministerio del Interior se desempeñará como coordinador. También indica que la Comandancia de la Policía Nacional será responsable de designar e integrar, para cada unidad académica de formación, una Comisión de Admisión, la cual tendrá a su cargo la conducción del proceso de selección y admisión correspondiente, con las atribuciones y competencias contempladas en el presente Reglamento además de las que le sean asignadas por resolución de la máxima autoridad institucional.
Requisitos para la admisión
Podrán postularse y concursar para ser admitidos en las unidades académicas de la Policía Nacional, quienes reúnan los siguientes requisitos: ser de nacionalidad paraguaya natural, tener la edad mínima 18 años al momento de la inscripción y edad máxima de 23 años hasta el 31 de diciembre del año de la convocatoria, para la Academia Nacional de Policía “General José Eduvigis Díaz”.
Tener la edad mínima 18 años al momento de la inscripción y edad máxima de 26 años, hasta el 31 de diciembre del año de la convocatoria, para el Colegio de Policía “Sargento Ayudante José Merlo Saravia”, haber concluido la enseñanza media, tener las condiciones físicas y psíquicas para cumplir con la capacidad funcional u operativa necesarias para el desempeño de las tareas propias de la Policía Nacional.
No poseer tatuajes con contenido simbólico relacionado a grupos criminales, nacionales o extranjeros, o que expresen homofobia, xenofobia, mensajes violentos u ofensivos, hagan apología al consumo de estupefacientes o representen a partidos o movimientos políticos, no haber sido condenado por la comisión de un hecho punible o cuya condena esté en ejecución.
No contar con inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, no haber sido dado de baja o excluido de la institución policial, de las Fuerzas Armadas u otras instituciones públicas o privadas afines y no ser adicto a sustancias estupefacientes o ser farmacodependientes.