El director de Financiamiento Político de la Justicia Electoral, Christian Ruiz Díaz, estima que todavía se tiene un ajustado plazo para cumplir con el calendario previsto para la adquisición de las máquinas de votación, proceso que en este momento está paralizado por una medida cautelar presentada por una empresa que no está en competencia. Caso contrario, la demora para este año obligaría a renegociar el presupuesto no ejecutado para este compra.
“Teniendo en cuenta lo último que sabemos, que es la suspensión decretada por una medida cautelar, con respecto a los plazos estamos justos, pero creo que vamos a llegar”, dijo el funcionario, este miércoles, en entrevista para el programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El proceso está trabado por una medida cautelar decretada por el Tribunal de Cuentas, segunda sala, a pedido de una empresa que protestó por un requisito de antigüedad en la provisión del servicio ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Sin embargo, la firma estuvo ausente del trámite convocado por la Justicia Electoral.
El funcionario electoral, explicó que la Sala Penal es el órgano o la instancia competente para entender el grado de apelación, que es en el momento, ya que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) apeló la medida cautelar resuelta u ordenada por el Tribunal de Cuentas, entonces esto sube a la Sala Penal y es esta instancia la que debe resolver. Este incidente, debe ser resuelto en la brevedad, de acuerdo al director electoral.
Falta apertura de ofertas
“Para nosotros tiene que ser lo antes posible, ahora mismo estamos trabados en la verificación documental, pasado esto tenemos que trabajar en la verificación técnica de las muestras que presentaron. Cada empresa presentó cinco máquinas y tenemos que hacer las pruebas técnicas de esas máquinas, eso nos va a llevar una semana, una semana y media”, indicó Ruiz Díaz.
Posteriormente, el informe elaborado tras esta etapa, debe ser remitido al Comité de Evaluación, que volverá a evaluar y establecer qué empresas pasan a la segunda etapa, que es la apertura del sobre económico, y “eso lleva otra vez su tiempo”. Luego queda la etapa de la adjudicación de la empresa seleccionada para proveer las máquinas.
“Tenemos la etapa de adjudicación, donde se pueden presentar otra vez protestas, tenemos la firma de contrato y, a partir de ahí, se da la orden para la producción de máquinas de votación. Entonces, para nosotros también estos plazos que estamos perdiendo son los que nos van a faltar al final. Si recibimos las máquinas en el país, para noviembre o diciembre, estamos bien”, sentenció.