El interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, emitió este lunes un comunicado en el cual confirma el robo de equipos informáticos, además del amedrentamiento y atripello de funcionarios de Miguel Prieto a la sede comunal tras concluir el proceso de intervención, el pasado jueves 14 de agosto.

“Por este medio se confirma a la ciudadanía en general sobre la irrupción en las oficinas de la Intendencia de la Municipalidad de Ciudad del Este, perpetrando hechos similares a grupos criminales mafiosos, en atropello a la Institución y a la figura constitucional de la Intervención”, señala la nota emanada por el equipo de intervención.

Agrega que “este grave hecho, que se suma a otros actos como el robo de equipos informáticos, el acceso de funcionarios directivos en horas de la noche y el ataque a vehículos asignados a la Intervención, comprueban el sistemático esquema de maniobras arteras, violencia e intento de amedrentamiento sufrido por el equipo interventor durante todo el proceso”.

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También informa que la Policía Nacional se encuentra en el lugar de los hechos realizando el relevamiento de datos y las diligencias pertinentes, y que hasta este momento se desconoce “el objetivo de dicho actuar criminal y si fue introducido o sustraído algún tipo de documento, dispositivo de escucha/video o elementos en las oficinas donde se produjeron los hechos”.

“El personal de Criminalística de la Policía Nacional, constituido en la sede de la Intendencia, determinó que la puerta frontal de dicha sede no fue forzada, deduciendo que fue abierta mediante la utilización de un juego de llaves. No obstante, se evidencia que fue forzada la puerta de acceso a la sala de reuniones de la Intendencia, así como del despacho del intendente, ubicándose marcas de pisadas sobre el escritorio del Intendente, para alcanzar los equipos de iluminación de la oficina”, señala este comunicado.

Ante esta situación, el interventor condena estos hechos y expresa su confianza plena en las autoridades de la Policía Nacional y el Ministerio Público, que se encuentran realizando las diligencias necesarias para determinar los responsables. “Las evidencias recabadas ayudaran a llegar y castigar a los mismos. La Intervención agotará todos los mecanismos institucionales para que todas estas violaciones a la institución municipal no queden impunes”, puntualiza el documento.

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El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) comunicó este domingo que debido al paro de docentes, anunciado para el lunes 18 y martes 19 de agosto, se suspende la provisión de alimentación escolar en las instituciones educativas a su cargo. Los maestros decidieron mantener la medida de fuerza tras no llegar a un acuerdo con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

“Debido a la huelga anunciada por gremios docentes, se determinó suspender la provisión de almuerzo escolar en Central, Presidente Hayes y Asunción los días 18 y 19 de agosto”, señala el comunicado publicado por el MDS en sus redes sociales.

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El comunicado se dirige a las instituciones educativas y proveedores adjudicados en el marco del llamado a contratación de alimentación escolar correspondiente a los departamentos de Central, Presidente Hayes y capital (Asunción) – Programa Hambre Cero que, en atención a la circular n° 12/2025 del Conae.

“Debido al paro nacional de docentes, a los efectos de proteger los recursos públicos destinados al programa y evitar desperdicios, se suspenden las provisiones de los servicios de alimentación escolar los días 18 y 19 de agosto del 2025”, menciona el texto.

Los educadores exigen un aumento salarial del 8,6 %, entre otros pedidos, mientras que el reajuste ofrecido por el Ejecutivo es del 3,6 %, sin embargo, no se dieron avances en las negociaciones entre el MEC y los gremios irán al paro.

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La Asociación Paraguaya de Directores Técnicos de Industrias Alimentarias (Apadi) y la Asociación Paraguaya de Ingenieros Químicos (Apiq) dieron su respaldo a las medidas aplicadas por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) contra dos cadenas de minimercado, luego de los hechos que tomaron estado público.

A través de un comunicado, ambas organizaciones sostienen que las acciones de Dinavisa están sustentadas en la ley y en criterios técnicos que buscan salvaguardar la salud de la población. “Reafirmamos nuestro compromiso con la protección de la salud pública y el cumplimiento estricto de la normativa sanitaria vigente”, expresan.

El documento recuerda que la Ley 836, el Código Sanitario y las normas que regulan la manipulación, conservación y comercialización de alimentos son de cumplimiento irrestricto, ya que garantizan la inocuidad y reducen los riesgos sanitarios.

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Señalan, además, que cualquier incumplimiento compromete directamente la seguridad de los consumidores y genera responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales. Los gremios hacen énfasis en que toda transgresión a la normativa no solo expone a la ciudadanía, sino que también erosiona la confianza en el sistema de control del país.

Por ello, destacaron la importancia de que Dinavisa ejerza su labor de fiscalización con objetividad, rigor técnico y transparencia, aplicando sanciones y medidas correctivas cuando sea necesario. El texto también subraya tres puntos claves:

La obligación de garantizar la seguridad alimentaria mediante el estricto cumplimiento de la normativa; la necesidad de asegurar transparencia y trazabilidad en toda la cadena, desde la producción hasta la comercialización; y el rol esencial de los profesionales responsables de la dirección técnica en los establecimientos, como garantes del cumplimiento técnico-legal y de la salud pública.

Así también, instan a mantener y reforzar las inspecciones en todos los puntos de expendio para verificar el estricto cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura (BPM) y demás estándares nacionales.

A la vez, solicitaron a las empresas involucradas implementar de forma inmediata y sostenida las medidas correctivas necesarias, a fin de acatar la normativa vigente y reanudar sus operaciones con total transparencia y responsabilidad frente a la sociedad.

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El ministro del Interior, Enrique Riera, habló de los avances en la política de seguridad que está llevando adelante el gobierno de Santiago Peña, a dos años de gestión. El secretario de Estado destacó que, además de aumentar el número de las filas policiales, equipamientos y patrulleras, se registra una importante disminución en los números de la delincuencia.

“Todos nuestros números bajan, en el primer año, sin las patrulleras, sin los 5.000 policías, sin las radios, sin nada, solo cambiando liderazgos y dándole otro enfoque más proactivo, bajamos un 20 % en promedio de todos los delitos. No es suficiente, pero bajaron. En todo el país, teníamos 17.000 hechos delictivos, quiere decir más o menos cada 2 horas. Pero después fuimos afinando la mira”, dijo Riera, este jueves, en entrevista con Paraguay TV.

En cuanto a la capacidad y preparación de los uniformados, el ministro indicó que se está dando un importante cambio en la formación de los mismos. También apuntó a la creación de una universidad de policías, que servirá para una mejor preparación académica en diferentes áreas.

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“Vamos a tener una Policía más motivada, más capacitada. Vamos a tener una Policía más científica, más objetiva, está cambiando la fuente humana a la demostración práctica de los hechos cómo se producen y la forma de investigar, y también mucho mejor equipada y mejor distribuida a nivel nacional”, expresó.

Riera mencionó que la distribución de áreas especializadas en todo el país y, con ello, descentralizar los trabajos de investigaciones en cada departamento. “Mi sueño es que en todos los departamentos haya antinarcóticos, automotores, antitrata, antiabigeato. Tenemos que tener todas las capacidades de la Policía en cada departamento, para realizar un plan de seguridad”, puntualizó.

Por otra parte, se refirió a la implementación del Plan Sumar en Asunción y el departamento Central, señalando que existe un fuerte reclamo y control de la ejecución de este programa en las diferentes zonas, principalmente en lo que tenga relación con el sistema de contención de las personas con adicciones y la efectividad en las comisarias.

“Van saltando las cosas. Hay un trabajo de inteligencia en campo, como los vecinos son los que saben quien vende y quien consume, en un mes y medio tenes 400 lugares para allanar, lugares donde se venden drogas solo en capital y Central”, indicó.

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Con relación a las tobilleras electrónicas, sostuvo que se deben implementar a nivel país, y actualmente se cuenta con la disponibilidad de 500 dispositivos que debe ser utilizados.

“Esto está armado, montado, listo, implementado, lo peor de todo es que, si no usamos igual tenemos que pagar. Si tenemos un caso de violencia familiar grave en Pilar y la afectada y sus hijos van a la casa de la madre que vive, por ejemplo, en Coronel Oviedo, el hombre no puede salir de Pilar, dentro puede trabajar, pero si viola los perímetros, suenan las alarmas, pierde los beneficios, y también la mujer se entera y puede protegerse, simultáneamente, son dos acciones que se mueven”, sentenció.