La legislación paraguaya actual carece de figuras penales específicas para abordar de manera efectiva la creación y uso malicioso de deepfakes, por ello se propuso una normativa como una respuesta directa ante los riesgos que representan las tecnologías de manipulación de contenido mediante inteligencia artificial (IA), que constituyen “una de las amenazas más sofisticadas y perniciosas de nuestra era”.
El proyecto de ley “que tipifica y sanciona la creación, difusión y uso malicioso de deepfakes y contenido manipulado”, con la intención de enfrentar las amenazas digitales con la creación de videos, audios o imágenes alterados de manera tan realista que resulta prácticamente imposible distinguirlos del contenido auténtico.
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El documento explica que los proyectistas, los diputados Luis Federico Franco Alfaro y Carlos Pereira, identificaron múltiples riesgos para la sociedad paraguaya, incluyendo el daño al honor y la reputación, fraudes y estafas mediante suplantación de identidad, extorsión y chantaje, manipulación de la opinión pública especialmente en períodos electorales, y la potencial desestabilización de la seguridad nacional.
El proyecto establece penas privativas de libertad de 2 a 8 años para quienes creen o difundan deepfakes sin consentimiento y con intención de engañar o perjudicar. Las sanciones aumentan a 3 a 10 años para el uso malicioso que incluya suplantación de identidad, difamación, extorsión, fraude o manipulación de procesos electorales.
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La propuesta contempla el aumento de penas en un tercio cuando los delitos involucren menores de edad, funcionarios públicos, contenido sexual, afectación a la seguridad nacional, o cuando se utilicen para acoso escolar con consecuencias psicológicas. La ley no penaliza la creación de deepfakes con fines artísticos, educativos, humorísticos o satíricos, siempre que se indique claramente que se trata de contenido no real y se cuente con la autorización correspondiente.
El proyecto también establece que los proveedores de servicios digitales deberán retirar contenido ilícito en un plazo de 24 horas, una vez notificados, bajo riesgo de multas de hasta 1.000 jornales mínimos y posible suspensión de operaciones. Más allá de las sanciones, el proyecto propone un enfoque preventivo mediante campañas de alfabetización digital a cargo del Estado, fortalecimiento de capacidades de investigación forense digital, y la creación de una mesa de trabajo interinstitucional permanente.