Los primeros aviones Super Tucano llegan a Paraguay el 27 de junio
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El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, confirmó que para el 27 de junio está prevista la llegada de 4 de los 6 aviones Super Tucano, adquiridos de la firma brasileña Embraer S. A., que serán usados para la protección del espacio aéreo.
Inicialmente el arribo de las aeronaves, que demandaron una inversión de USD 105 millones, estaba previsto para el 30 de junio. Los aviones A-29 Super Tucano de Paraguay corresponden a una versión más moderna y avanzada que otras en servicio. Se trata de un modelo actualizado que incorpora mejoras tecnológicas y operativas, lo que representa un salto cualitativo en las capacidades de la Fuerza Aérea Paraguaya.
La operación de las aeronaves estará a cargo de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP) y serán utilizadas en la lucha contra el crimen organizado. “Tienen capacidades de interceptación conjuntamente con los ojos, que serán nuestro radares; nos permitirán tener las aeronaves desplegadas en diferentes puntos del país, de tal manera a poder realizar las interceptaciones de los aviones ilegales o aquellos no reportados que ingresan a nuestro país”, expresó el general Édgar Leguizamón, comandante de la Brigada Aérea.
Además, detalló que los trabajos de interceptación se encuentran respaldados por la normativa 6.980 referente a la protección y vigilancia del espacio aéreo. “Con los resultados que tendremos, podemos ver más adelante si esta ley necesitará una modificación o no, pero ya tenemos las herramientas necesarias para poder trabajar”, dijo en una entrevista con el programa “Dos en la ciudad” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Sus declaraciones surgieron ante las afirmaciones provenientes de algunos parlamentarios y expertos, quienes afirman que es necesario que Paraguay cuente con una ley de derribo de aviones. El anuncio fue realizado a la par de la presentación de un proyecto de renovación del parque automotor del Ejército Paraguayo, teniendo en cuenta que las últimas adquisiciones se realizaron en el 2012.
El caso no solo conmociona por la brutalidad del crimen, sino por los antecedentes que ahora colocan bajo cuestionamiento la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de proteger a las víctimas de violencia. Foto: Gentileza
Deysi Paola: el rostro de una protección que falló
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Deysi Paola Giménez Segovia tenía apenas 22 años y un futuro por delante. Estaba en el último tramo de la carrera de Derecho, trabajaba y buscaba construir su independencia. Pero la noche del jueves 8 de octubre, cuando caminaba hacia su lugar de trabajo en Lambaré, fue asesinada a tiros en plena vía pública. El principal sospechoso es su expareja, Aldo Alexis Duarte, de 26 años, quien permanece prófugo.
La joven había denunciado hechos de violencia y amenazas atribuidos al hombre. También contaba con una orden judicial de alejamiento. Sin embargo, esa medida no consiguió evitar el desenlace fatal.
El caso no solo conmociona por la brutalidad del crimen, sino por los antecedentes que ahora colocan bajo cuestionamiento la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de proteger a las víctimas de violencia.
El principal sospechoso es su expareja, Aldo Alexis Duarte, de 26 años, quien permanece prófugo. Foto: Gentileza
Denunció, pidió protección y terminó asesinada
Según los reportes policiales, Deysi había recurrido a la Justicia ante situaciones de violencia atribuidas a su expareja. Un juzgado de Capiatá, donde vivían anteriormente, había dispuesto una medida de restricción.
El abogado William Amaral Martínez, quien fue jefe de la joven, aseguró que existían antecedentes de acoso y amenazas denunciados ante el Juzgado de Paz de Lambaré y que el caso también había llegado al Ministerio Público.
Amaral cuestionó la respuesta institucional y denunció que no se habría activado el protocolo de protección. También hizo referencia a demoras en el tratamiento judicial del caso, circunstancias que requieren una revisión de los expedientes correspondientes.
La joven, que estaba próxima a culminar sus estudios de Derecho, había acudido precisamente a las instituciones encargadas de garantizar el cumplimiento de las leyes. Su muerte instala una contradicción dolorosa: una futura abogada que recurrió al sistema judicial en busca de protección terminó siendo víctima de la violencia que había denunciado.
Una ley que protege en el papel, ¿pero también en la práctica?
Paraguay cuenta desde 2016 con la Ley 5777, de Protección Integral a las Mujeres contra Toda Forma de Violencia, que establece medidas preventivas y mecanismos de protección para las víctimas.
Entre esas disposiciones se encuentran las órdenes de alejamiento, las prohibiciones de amenazas, persecución y acoso, así como responsabilidades para las instituciones involucradas.
No obstante, casos como el de Deysi Paola plantean interrogantes sobre el seguimiento efectivo de esas medidas y la capacidad del Estado para intervenir antes de que las amenazas se conviertan en hechos irreparables.
La existencia de una resolución judicial no garantiza, por sí sola, la seguridad de una persona. Su efectividad depende también de la evaluación del riesgo, el seguimiento policial, la actuación fiscal y la coordinación entre las distintas instituciones.
En este caso, será fundamental esclarecer qué actuaciones se realizaron después de las denuncias y si existieron omisiones o demoras que pudieron haber comprometido la protección de la víctima.
La muerte de Deysi Paola vuelve a colocar sobre la mesa la necesidad de evaluar tanto la legislación vigente como los procedimientos para su aplicación.
Entre las propuestas que merecen un debate legislativo se encuentran el seguimiento obligatorio de las órdenes de restricción, la evaluación inmediata del nivel de riesgo de las víctimas, el fortalecimiento del monitoreo electrónico de agresores y la intervención urgente cuando se detectan incumplimientos.
Otro aspecto fundamental es establecer controles efectivos sobre la actuación de las instituciones responsables de atender denuncias, garantizar la coordinación entre juzgados, Fiscalía y Policía, y determinar responsabilidades cuando se comprueben negligencias.
El desafío no pasa únicamente por aumentar las penas o aprobar nuevas disposiciones, sino por conseguir que los mecanismos de protección funcionen antes de que ocurra una tragedia.
Una tragedia que exige respuestas
Hasta septiembre de este año, el Ministerio Público había registrado 19 víctimas de feminicidio y 28 tentativas en Paraguay. Detrás de esas cifras hay mujeres, familias y proyectos de vida interrumpidos por la violencia.
Deysi Paola Giménez representa hoy mucho más que un nuevo caso en las estadísticas. Su historia obliga a examinar qué sucede después de que una mujer denuncia, solicita protección y espera una respuesta efectiva de la Justicia.
La investigación deberá determinar las responsabilidades penales del crimen, pero también corresponde esclarecer cómo actuaron las instituciones que conocieron sus denuncias.
Porque el verdadero alcance de una ley de protección no se mide solamente por las medidas que permite dictar, sino por su capacidad para evitar que una mujer amenazada termine asesinada.
Deysi recurrió a la Justicia para proteger su vida. Ahora, el Estado debe explicar qué hizo para protegerla.
Decenas de efectivos de seguridad y ambulancias intervinieron en la cárcel de Mazatlán tras un violento choque entre reclusos que dejó además 16 heridos. Foto: Gentileza
Riña en penal de Sinaloa deja diez muertos, entre ellos un menor de edad
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Diez personas murieron en una riña dentro de un penal en Sinaloa, México, informó el gobierno de ese estado azotado por la violencia del narcotráfico. Decenas de efectivos del Ejército y la policía entraron al penal con armas largas y escudos antimotines. Un blindado también llegó al lugar al igual que ambulancias, constató un periodista de la AFP.
Familiares de los reclusos se agolparon a las afueras del penal ubicado en la ciudad turística de Mazatlán para clamar por información. “¡Por favor, tengo a mi hijo adentro, necesito saber de él, apiádense!”, gritaba una mujer. El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez, informó poco después en un video publicado en redes sociales que “perdieron la vida nueve personas privadas de libertad y un menor de edad que se encontraba de visita, y 16 personas privadas de la libertad resultaron heridas” que fueron trasladadas a un hospital.
No ofreció más detalles de los hechos que llevaron a este enfrentamiento. En las cárceles de este estado están presos varios integrantes del cártel de Sinaloa, sumido en una guerra interna que deja ya más de 1.000 muertos desde 2024.
Las facciones enfrentadas son “Los Chapitos” y “La Mayiza”, fieles a los líderes históricos de la banda: Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, ambos encarcelados en Estados Unidos. Este es el segundo incidente de este tipo en una cárcel en Sinaloa en 2026. El 31 de mayo, siete presos fallecieron dentro de una cárcel en Culiacán, la capital del estado.
El gobierno ecuatoriano sumará estas aeronaves no tripuladas de alta tecnología para reforzar la vigilancia y los ataques de precisión en los 732 kilómetros de límite con Colombia. Foto: Ilustrativa
Ecuador usará drones MQ-9 Reaper de EE. UU. contra el narcotráfico
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Ecuador anunció el jueves que empezará a usar los letales drones de ataque estadounidenses MQ-9 Reaper en la lucha contra el narcotráfico en la frontera con Colombia, el mayor productor mundial de cocaína. Washington ya ha desplegado soldados y naves militares aéreas y marítimas en Ecuador, convertido en uno de sus principales aliados en el combate al tráfico de drogas.
Serán dos los drones con los que Ecuador reforzará las operaciones en la convulsa frontera con Colombia. “¡Drones Reaper: los nuevos cazadores del narcotráfico!”, dijo el ministerio de Defensa en redes sociales. Los MQ-9 Reaper, que han sido empleados por Estados Unidos en guerras contra Irán y en África, sirven como aeronaves espías y para ataques de precisión. Cada uno vale unos 30 millones de dólares.
“La cooperación internacional con #EstadosUnidos permite incorporar drones MQ-9 Reaper, con capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento”, señaló el ministerio en un comunicado. El gobierno de Donald Trump ha intensificado su ofensiva militar contra los grupos narcotraficantes en Latinoamérica, en alianza con varios gobiernos de derecha.
El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, expresó en un video que “con dos de estos (drones)” se puede cubrir “los 732 kilómetros de frontera con Colombia”.
“Estamos arrancando un proyecto de fortalecimiento del control fronterizo y estas nuevas capacidades van a ser drones” estadounidenses, añadió.
“Cazadores asesinos”
Con el apoyo de Ecuador, Estados Unidos realiza operaciones militares en el Pacífico oriental.
Al menos siete barcos pesqueros de bandera ecuatoriana han sido hundidos cargados de combustible supuestamente al servicio de organizaciones narco.
Pese a la ofensiva conjunta, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa enfrenta una grave crisis de seguridad que convirtió al país en uno de los más violentos en 2025 con 51 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Conocidos como “cazadores asesinos”, los drones MQ-9 Reaper son aeronaves no tripuladas “de gran autonomía y equipadas con sensores y sistemas avanzados” que “amplían la capacidad para obtener información y detectar movimientos asociados a las economías criminales”, de acuerdo con el ministerio.
Según medios internacionales, el Pentágono planea trasladar la mayor parte de su flota de drones MQ-9 Reaper desde África a países aliados en la región como Colombia, Ecuador y Panamá para el combate al narcotráfico.
Noboa fue el primer mandatario latinoamericano en autorizar operaciones militares conjuntas en su país este año.
La Constitución de Ecuador prohíbe las bases militares extranjeras en la nación y los ciudadanos ratificaron en un referéndum el año pasado esa restricción. Ecuador forma parte del Escudo de las Américas, la coalición de gobiernos de derecha encabezada por Trump.
Destacan apoyo de militares para asistir a comunidades afectadas por temporal
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El ministro de Defensa Nacional, Gral. Óscar González, destacó el apoyo de las Fuerzas Armadas para asistir a las familias afectadas por el temporal.
Explicó que elementos multi-rol del Comando Logístico -electricistas, carpinteros y albañiles- están refaccionando viviendas precarias dañadas.
“Hubo un temporal antes del sábado que afectó a Yhú (Caaguazú) que arrasó algunos cultivos y también viviendas precarias. Las casas están siendo refaccionadas por elementos del Comando Logístico”, comentó a la 1020 AM.
Detalló que en esta localidad, alrededor de 15 viviendas precarias fueron destruidas por la tormenta. “Pero muchísimas familias fueron afectadas, no solo en Yhú, también en 25 de Diciembre. La Secretaría de Emergencia Nacional pudo intervenir ahí y nosotros nos quedamos en el sector de Yhú”, refirió.
Con respecto al temporal que azotó Asunción, Central y varios departamentos el sábado 3 de octubre, el ministro González manifestó que los efectivos militares se congregaron en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan).
“Ahí hubo muchos árboles caídos, muchos destrozos, 50 efectivos militares de la Academia Militar, del Comando Logístico y del Ejército trabajaron ahí y para el mediodía eso ya estaba totalmente despejado. Todas las vías de acceso al hospital estaban despejadas y el presidente de la Ande ordenó que se instale ahí un generador”, indicó.