Los integrantes de la Comisión de Legislación del Senado, junto con representantes de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y la Defensoría Pública, analizaron los proyectos que plantean el aumento de penas para los adolescentes que cometan crímenes.
“Tuvimos la visita de representantes de estas instituciones quienes dieron su parecer. Ellos nos comentaron que debido a los convenios internacionales que tiene el Paraguay y lo que se recomienda desde el punto de vista penal es que nos ajustemos a lo máximo que se tiene en la región”, dijo el senador Eduardo Nakayama, miembro de la comisión asesora.
El artículo 207 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece que la pena para un adolescente ante un hecho calificado como crimen no es mayor a 8 años. Mientras que el Código Penal establece que un menor no puede ser imputado por un hecho punible hasta que no tenga 14 años de edad.
“Tomando el sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como las legislaciones de Costa Rica y Chile, la expectativa de pena máxima es de 10 años, entonces se elevará de 8 a 10 años, eso es lo que se consensuó y creo que se aprobará”, dijo a la 1140 AM.
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Actualmente existen otros 3 proyectos de ley en el Congreso Nacional que apuntan a castigar con dureza los crímenes cometidos por adolescentes. Uno de ellos fue presentado por el senador Javier Zacarías, que propone elevar la pena carcelaria para los menores de edad de 8 a 15 años.
Mientras que el segundo proyecto pendiente de tratamiento en la Cámara Alta fue presentado por José Oviedo, que plantea aumentar las penas de 8 a 20 años. La última iniciativa fue presentada por el diputado Rubén Rubin, que propone elevar la pena máxima por homicidio a cadena perpetua y que los adolescentes de 15 años sean juzgados como adultos.
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Reforma del Transporte: destacan que es una apuesta decidida del bienestar de los trabajadores
Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com
El senador colorado Derlis Maidana se refirió al proyecto de ley que plantea la Reforma del Sistema de Transporte Público, destacando que es una transformación general, no es solo una mejora técnica. Resaltó que es una apuesta decidida por el bienestar del pueblo trabajador.
En comunicación con La Nación/Nación Media, el legislador que actualmente preside la Comisión de Legislación, señaló que el proyecto de ley que ha presentado el Gobierno nacional, busca una verdadera transformación del transporte público metropolitano.
Resaltó que el proyecto de ley constituye una respuesta estructural, moderna y profundamente necesaria ante uno de los reclamos históricos de la ciudadanía. “Esta transformación no es solo una mejora técnica; es una apuesta decidida por el bienestar del pueblo trabajador, por la movilidad sostenible, por un Estado presente y planificador, por un transporte digno, moderno y justo”, resaltó.
Destacó que este plan se sustenta en principios de eficiencia, dignidad y justicia social, con la mirada puesta en un servicio público que verdaderamente esté al servicio de la gente.
“Contempla la renovación total de la flota, con buses modernos, eléctricos y accesibles, adquiridos por el Estado y asignados mediante licitaciones públicas transparentes, dejando atrás el esquema precario de las reguladas”, precisó.
Contratos claros
El senador Maidana resaltó que por primera vez se establecerán contratos claros y con trazabilidad, que remuneran a los operadores en función de kilómetros recorridos y pasajeros transportados, generando un incentivo directo a la calidad del servicio.
“El nuevo modelo también prevé concesiones por tiempo limitado, sin renovaciones automáticas, abriendo la puerta a una competencia sana y controlada por el Estado”, indicó.
Otro de los aspectos que contempla la propuesta es que el sistema contará con un fideicomiso de administración que centraliza todos los ingresos del sistema (incluido el billetaje electrónico), brindando transparencia y previsibilidad en el uso de los recursos públicos, así como retribuciones puntuales y auditables a todos los prestadores del servicio.
Indicó que este fideicomiso será administrado por la Agencia Financiera de Desarrollo, con supervisión estatal.
Mencionó además que a nivel institucional, se reafirma la rectoría del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) sobre todo el sistema de transporte terrestre, y se impulsa la creación de un Comité Estratégico de Movilidad Sostenible que coordine políticas de largo plazo junto con otras instituciones clave del Estado.
Segmentar licitaciones
Asimismo, el senador Maidana señaló como innovación destacada, que se incluye la posibilidad de segmentar las licitaciones en componentes específicos del servicio (flota, operación, infraestructura, servicios técnicos), lo que permite reducir riesgos, fortalecer la planificación estatal y garantizar soberanía sobre los activos estratégicos.
“A su vez, se crea un Consejo Asesor Multisectorial del Transporte Público, con participación de usuarios, trabajadores, universidades, operadores e instituciones públicas, que brindará recomendaciones sobre la estructura tarifaria y los mecanismos de revisión, favoreciendo la participación ciudadana”, destacó.
El legislador resaltó además que este cambio no significará un aumento en las tarifas. Muy por el contrario, “se garantiza la asequibilidad, con criterios de equilibrio y sostenibilidad y con beneficios especiales para grupos sociales establecidos en la ley”, acotó.
Finalmente, sostuvo que la reforma reconoce al transporte público como un servicio esencial, de carácter imprescindible y continuo, y establece que, cuando el interés público lo exija, podrá ser incluso prestado directamente por el Estado.
“Porque el transporte público no es un privilegio, es un derecho consagrado en nuestra Constitución. Y garantizarlo con planificación, transparencia y visión de futuro es un deber ineludible del Estado”, concluyó.
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Elevar penas a 90 años requiere de una reforma: “Es populista e inconstitucional”, dice abogado
- Juan Marcelo Pereira
- juan.pereira@nacionmedia.com
El abogado constitucionalista Marcelo Duarte calificó de populista el proyecto que “incorpora la prisión permanente revisable, en el marco de tolerancia cero contra la delincuencia, el crimen y la protección a la ciudadanía”. La propuesta plantea modificar el Código Penal con la elevación de la pena máxima a 90 años para homicidios y delitos graves.
La iniciativa tuvo su entrada oficial en el Legislativo el pasado 29 de julio y es impulsada por el diputado opositor Rubén Rubin. “El mismo es contrario a los fines previstos para las penas en la Constitución Nacional. En el Paraguay no se puede establecer la cadena perpetua o penas similares (más de 30 años), sin antes reformar la Constitución Nacional“, indicó en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.
El exsenador del Partido Patria Querida (PPQ), acotó: “La Constitución Nacional no se puede reformar por ley. Este proyecto es inconstitucional debido a que equivale a una cadena perpetua, nadie mayor de edad puede cumplir una cadena de 90 años de cárcel”.
Duarte sustentó su posición citando el artículo 20 de la Constitución Nacional referente al objeto de las penas privativas de libertad. La norma establece que estas penas deben tener como objetivo la readaptación de los condenados y la protección de la sociedad. Además, prohíbe la pena de confiscación de bienes y la de destierro.
“En otros países se considerarían propuestas populistas, ya que buscan agradar a la mayoría de la opinión pública, que está harta de la delincuencia y la impunidad, pero sin tener en cuenta su viabilidad constitucional“, dijo Duarte.
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La propuesta de Rubin también establece la acumulación de condenas y toca 25 artículos del Código Penal. El proyecto refiere que en los casos de pena privativa de libertad de 50 años en adelante, podrá ser revisable de conformidad a lo dispuesto en el artículo 51 de Código Penal.
De acuerdo con el proyecto, los condenados podrán solicitar una revisión si han cumplido al menos dos tercios de la pena, se presume que no reincidirán en delitos o si el condenado lo solicita o consiente expresamente.
“El problema es mucho más complejo de lo que se plantea. No se trata solamente de aumentar las penas. Se trata también de rever el sistema penal y penitenciario, así como la educación, la reinserción social y la contención familiar en los casos de menores y adolescentes, como también la reinserción laboral de los exconvictos de todas las edades", sentenció Duarte.
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Más de un millón de jóvenes presidió este domingo la misa del papa León XIV por el Jubileo en Roma
Más de un millón de personas asistieron este domingo a una misa en Roma presidida por el papa León XIV que cierra el llamado Jubileo de los Jóvenes y que ha reunido a participantes de todo el mundo.
El evento, que duró una semana y termina el domingo, se celebró en una gran explicación en las afueras de la ciudad.
Se trata de uno de los momentos más destacados del Año Santo y supuso un enorme esfuerzo logístico para el Vaticano, con medio millón de jóvenes en Roma durante la mayor parte de la semana.
El sábado por la noche, antes de una vigilia al anochecer encabezada con el pontífice, los organizadores confirmaron la asistencia de 800.000 personas en el enorme espacio al aire libre en el este de Roma.
Y este domingo, el Vaticano anunció que la cifra había aumentado a un millón de asistentes.
La mayoría de los presentes durmieron en el suelo, en tiendas de campaña, sacos de dormir o colchonetas, esperando la misa del domingo bajo un cielo soleado.
Con música de un coro, los obispos vestidos de verde comenzaron a ocupar el enorme escenario —cubierto con un arco dorado y una cruz monumental— antes de que el papa llegara en helicóptero.
Según el Vaticano, 450 obispos y unos 700 sacerdotes participaron en la misa.
Fuente: AFP
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Los jóvenes tienen que asumir su compromiso con la política
El gran déficit que hoy presentamos como sociedad es el de la memoria, de ignorar el camino andado por nuestros mayores. En ese trayecto habrá que separar con puntillosa habilidad las virtudes que deben ser exaltadas y los vicios que tienen que ser combatidos y desterrados.
Las experiencias negativas que se suceden continuamente son el producto de un sistemático rechazo a la historia, como si fuera un lastre que nos impide vivir el presente. Entonces, la reproducción constante de la ausencia de escrúpulos y la corrupción, como un círculo incapaz de romper sus vínculos con las lacras del pasado, termina siendo normalizada y hasta le resulta indiferente a determinadas franjas generacionales, porque esa descomposición moral es un asunto exclusivo de la clase política, y de la que se considera que no forma parte ni directa ni tangencialmente. Grave error.
En realidad, es un crédito sin límites el que se concede a quienes administran temporalmente el poder, pues, quienes tienen la responsabilidad de analizar y juzgar los actos públicos, prefieren mantenerse al margen.
Ante esta realidad, la rueda del infortunio continúa girando en la misma perversa dirección, arrastrando sus mismos males, castigando a las clases menos agraciadas por la economía y que sobreviven en la pobreza hasta tocar sus puntos extremos.
A esto debemos añadir que todas las decisiones que se adoptan en las esferas del Estado, en cualquiera de sus funciones, terminan siempre afectando a quienes optan por no participar de estas actividades al considerarlas sucias y repugnantes. Pero sus olas, a veces depredadoras, también tocan sus playas, erosionando su vivir cotidiano y condicionando su porvenir.
Es una cruel paradoja, por ejemplo, que un amplio espectro de la juventud esté permanentemente conectado con el mundo, favorecido por el avance irrefrenable de la tecnología, pero, al mismo tiempo, se encuentra aislado de su propio entorno. Entonces, sin percatarse siquiera, se convierte en una víctima del sistema, desinteresado en romper las rígidas estructuras que amoldan su presente y determinan su futuro. La palabra involucrarse no aparece en su lexicografía. Ni siquiera en el momento de un voto consciente y responsable.
Las nuevas figuras, aquellas que no están contaminadas con el manejo turbio de la política, tienen que empezar a romper los diques que encierran esos vicios y que dañan, desde adentro, la administración ética de la cosa pública. No se vislumbra otro camino más que ese. Observar los acontecimientos desde el pedestal de la indiferencia solo contribuirá a perpetuar las injusticias, la inequidad social, la exclusión y el latrocinio, esto es, el saqueo a los bienes y recursos del Estado para provecho personal o de círculos.
En estas condiciones, la condena a la corrupción se agota en la mera declaración de intenciones, cuando que la situación exige una acción de fondo, de raíz, un compromiso con el país, con el pueblo y con la honestidad mediante una participación política patriótica, coherente y desprendida de las inmoralidades que tanto daño ya han ocasionado a la nación.
Por todo lo expuesto, es imperativo retornar a una escuela cultivadora de valores, donde la educación cívica no se agote en los textos aprendidos de memoria, sino que se proyecte en prácticas reales dentro y fuera de las aulas, para que los alumnos y futuros egresados tengan una visión clara de lo que están obligados a realizar como ciudadanos: un firme contrato con la sociedad para defender los valores de la democracia, previo conocimiento de lo que ello implica, y proceder en consecuencia.
Solo entonces, la repetición imparable de los vicios habrá de trastrocarse en la visibilización consecuente de los méritos y virtudes como armas que rindan sus frutos en la perseverante construcción de un nuevo modelo de gestión pública. ¿Terminará definitivamente la corrupción? Está claro que no, porque sus efectos ya permearon todas las capas sociales, tanto públicas como privadas.
Pero, encarándola con coraje y decisión logrará que se repliegue hacia sus mínimos más ínfimos, obviamente, con algunos coletazos que seguirán siendo condenables, aunque sin el impacto catastrófico que solía tener sobre el uso correcto del dinero que es de todos.
El sistema educativo no solo debe promover nuevamente las buenas prácticas en la vida diaria. También debe buscar un punto de equilibrio entre la tecnología y las humanidades, para que las innovaciones sean de utilidad para el hombre y la mujer, y no un elemento más que rompa y corrompa su relación con los demás. Las autoridades tienen un panorama bien claro de lo que hay que hacer para que el Paraguay vuelva a reencontrarse con su destino de grandeza.