• Buenos Aires, Argentina. AFP.

Argentina asegura haber detectado a un grupo de espías rusos que realizaba “tareas sospechosas” en el país para promover los intereses geopo­líticos de Moscú por medio de la fabricación de noticias fal­sas, declaró el vocero presi­dencial, Manuel Adorni.

La Secretaría de Inteligen­cia del Estado (SIDE) iden­tificó a una organización denominada “La Compañía”, supuestamente vinculada al gobierno ruso y al proyecto Lakhta, que según Estados Unidos es un operativo con base en Rusia para llevar a cabo acciones de interferen­cia política y electoral.

Adorni detalló en una rueda de prensa que el ciudadano ruso Lev Konstantinovich Andriashvili, radicado en Argentina, encabeza la orga­nización junto a su esposa Irina Yakovenko, también rusa. Ambos se encargaban de “recibir el financiamiento y promover vínculos con los colaboradores locales”, según Adorni.

El objetivo de “La Compañía” era “conformar un grupo de personas leales a los intere­ses de Rusia” para desarrollar campañas de desinformación contra el Estado argentino, aseguró el vocero.

Entre las actividades iden­tificadas figuran la creación y difusión de contenidos en redes sociales, la influencia sobre organizaciones civiles y ONGs locales, el desarrollo de grupos focales con ciuda­danos argentinos y la obten­ción de información política para Rusia, añadió.

La prisión domiciliaria de la expresidenta argentina Cristina Kirchner abrió un debate respecto a si puede salir al balcón para saludar a los manifestantes que le expresan solidaridad a toda hora, mientras el tribunal toma una decisión al respecto.

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“¿Puedo salir o no al balcón de mi casa? Parece joda (broma), pero no”, se quejó Kirchner en redes sociales.

La exmandataria (2007-2015) cumple desde el martes una condena de seis años de prisión por administración fraudulenta debido al otorgamiento irregular de concesiones para obras públicas en la provincia de Santa Cruz (sur), según consignó la justicia.

La condena, que ratificó la Corte Suprema días después de que el líder opositora anunciara su candidatura a legisladora provincial, incluye una inhabilitación política perpetua.

Sin embargo, las condiciones de la prisión domiciliaria en su departamento en Buenos Aires, a escasos minutos del Congreso Nacional, abrieron un debate.

¿Puede salir al balcón? ¿Puede interactuar con sus seguidores por redes sociales? ¿Puede tener servicio doméstico o secretario personal?

“Por eso le preguntamos al Tribunal que aclare, por favor, qué comportamiento se encuentra prohibido”, sostuvo Kirchner al compatir en redes sociales el escrito con la demanda a los jueces que la condenaron.

La exmandataria hizo el miércoles una llamada telefónica transmitida por parlantes a las decenas de millas de manifestantes que se congregaron en la Plaza de Mayo para pedir su liberación bajo la consigna “Argentina con Cristina”.

“Hola, ¿me escuchan ahí en Plaza de Mayo? Soy yo, Cristina (...) tenemos que darnos maña para poder comunicarnos y para estar cerca, así que bueno, vamos con la tecnología por ahora”, dijo, tras lo cual recibió aplausos y cánticos de apoyo de sus simpatizantes.

El abogado defensor Carlos Beraldi explicó este jueves que la cuestión del balcón “no es un detalle menor”.

“Se le pide al tribunal que aclare lo que se convirtió en una polémica pública, es una cuestión muy sensible porque si incumple puede generar sanciones”, dijo a la prensa al salir del domicilio de Kirchner.

El humor popular se apropió de la polémica del balcón. En los alrededores de la casa de Kirchner hay pegatinas con la leyenda “Siempre balcón, nunca sótano”, “Tu balcón, nuestra alegría” o “De la plaza al balcón, los soldados de Perón”.

El miércoles y luego de que Kirchner ironizara con la frase “menos mal que no tengo macetas”, sus seguidores dejaron macetas con plantas frente a la casa con la leyenda “para que salgas a regar voluntades”.

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Según el letrado, la prisión domiciliaria “no es más que un impedimento para que salga” a la calle, por lo que demostró que la exmandataria no debería verse impedida de utilizar las redes sociales para seguir su actividad política.

Fuente: AFP

Argentina prepara una nueva licitación para el mantenimiento y dragado en la hidrovía Paraguay Paraná, bajo auditoría de las Naciones Unidas, cuyos pliegos se publicarán en el cuarto trimestre de este año. Desde el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym) sostienen que no hay suficiente claridad en el proceso de concesión, sobre todo en el plazo de 30 años, que consideran excesivo.

Bernd Gunther, presidente del Cafym, dijo a La Nación/Nación Media, que el sector acompaña de cerca el proceso, pero que no tuvieron hasta el momento acceso a los nuevos pliegos de la nueva licitación. No obstante, señaló que uno de los puntos más debatidos es el plazo de 30 años.

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“Treinta años es un plazo excesivo. Proponemos 15 años renovables por otros 15, como ocurre en Brasil. En ese tiempo cambian gobiernos, tecnologías y la navegación misma”, mencionó a LN.

Igualmente, los armadores proponen que la concesión se divida en dos tramos, uno exclusivamente fluvial desde la confluencia hasta Santa Fe, y otro de carácter fluvial y marítimo, desde Santa Fe hasta el sur, donde sí son necesarias las obras de dragado y profundización.

“Desde Santa Fe al norte, donde seguimos pagando peajes, no son necesarias las obras de dragados porque el tránsito es netamente fluvial y sabemos que ese tramo tiene un calado natural superior al que es necesario para el tráfico comercial”, explicó.

Acerca del peaje, que dentro de la nueva licitación se estipularía un tope, Gunther mencionó que sigue vigente la tarifa de USD 1,20 por tonelada de registro neto, cifra que considera como una solución “intermedia y temporal”, pero que no observan mejoras que justifiquen el pago, especialmente en el tramo Confluencia - Santa Fe.

El titular del Cafym recordó que el Tratado de la hidrovía tiene artículos específicos que estipulan que no se pueden establecer peajes sin acuerdo previo entre los signatarios y que solo se puede cobrar por servicios efectivamente prestados.

Además, mencionó que existe una diferencia entre la tarifa cobrada a embarcaciones argentinas y las de otros países. Señaló a que a las banderas argentinas incluso se les cobra en pesos argentinos y al resto en dólares, lo que implica una diferencia importante.

“Nadie se opone a pagar un peaje siempre y cuando el valor que agregue este peaje amerite el pago. Si el río nos favorece, nos da mejores condiciones para navegar con convoyes con más calado con mayor dimensión, va a ameritar el pago. Pero si el río es el mismo de siempre y no hay una mejora significativa, es ahí donde uno empieza a tener cuestionamientos”, dijo a LN.

Medios argentinos refieren que los pliegos se publicarán entre octubre y noviembre de este año, e incluiría plazos de concesión más cortos y un tope a las tarifas, con miras a una adjudicación del contrato para el primer semestre de 2026.

El corredor de la hidrovía tiene una extensión de más de 1.200 kilómetros desde la confluencia de los ríos Paraguay y Paraná, hasta la desembocadura del río de la Plata en el océano Atlántico. Por este circuito se transporta alrededor del 60 % de la producción regional con unas 3.200 barcazas.

Se recuerda que la licitación anterior quedó sin efecto en febrero de este año por haberse presentado solo una firma oferente, la misma que había acusado que el procedimiento no era transparente y habían supuestos direccionamientos.

• Cafym sostiene que no hay suficiente claridad en el proceso de concesión.
• Los armadores proponen que la concesión se divida en dos tramos.
• Por la hidrovía se transporta cerca del 60 % de la producción regional con 3.200 barcazas

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• Buenos Aires, Argentina. AFP.

Argentina asegura haber detectado a un grupo de espías rusos que realizaba “tareas sospechosas” en el país para promover los intereses geopolíticos de Moscú por medio de la fabricación de noticias falsas, declaró el miércoles el vocero presidencial, Manuel Adorni. La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) identificó a una organización denominada “La Compañía”, supuestamente vinculada al gobierno ruso y al proyecto Lakhta, que según Estados Unidos es un operativo con base en Rusia para llevar a cabo acciones de interferencia política y electoral.

Adorni detalló en una rueda de prensa que el ciudadano ruso Lev Konstantinovich Andriashvili, radicado en Argentina, encabeza la organización junto a su esposa Irina Yakovenko, también rusa. Ambos se encargaban de “recibir el financiamiento y promover vínculos con los colaboradores locales”, según Adorni.

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El objetivo de “La Compañía” era “conformar un grupo de personas leales a los intereses de Rusia” para desarrollar campañas de desinformación contra el Estado argentino, aseguró el vocero. Entre las actividades identificadas figuran la creación y difusión de contenidos en redes sociales, la influencia sobre organizaciones civiles y ONGs locales, el desarrollo de grupos focales con ciudadanos argentinos y la obtención de información política para Rusia, añadió.

“Argentina no será sometida a la influencia de ninguna otra nación”, enfatizó Adorni, quien agregó que “la seguridad de los argentinos no es un tema secundario”. El vocero aclaró que se trata de información “desclasificada” y que existe material clasificado que forma “parte del secreto de Estado”. De acuerdo al Departamento del Tesoro estadounidense, el proyecto Lakhta incluye campañas de desinformación rusa dirigida a públicos de Estados Unidos, Europa, Ucrania y la propia Rusia.

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