Ciudad del Este. Agencia Regional.
Suman datos sobre irregularidades en la administración del intendente Miguel Prieto, quien está a punto de ser apartado del cargo para el inicio de la intervención. La Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este divulgó hoy martes un caso de asignación irregular de aportes a personas de escasos recursos, para responder a diferentes necesidades.
La entidad informó que realizó la investigación pertinente y encontró que figura en la planilla de abril un aporte de G 19.468.000 para Lilian Graciela Ávalos de Amaro. La nombrada es la madre de la directora de Talento Humano de la municipalidad de Ciudad del Este, Camila María Belén Zarza Ávalos, quien percibe un salario de G 14.500.000.
La licenciada Magdalena Montiel, dirigente de la Contraloría Ciudadana, manifestó a La Nación/Nación Media que, según la planilla municipal, figura como beneficiaria la madre de la funcionaria y la ayuda económica fue para la compra de medicamentos para su hija, la misma directora municipal.
La profesional refirió que la directora municipal no puede ser beneficiaria con ayuda económica de la comuna, porque no cumple con el requisito exigido por la ley, el de ser una “persona de escasos recursos”.
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La Contraloría Ciudadana recordó que, “este rubro consiste en aportes en concepto de asistencia social o de beneficencia, médico-hospitalarias, de laboratorios y otros servicios de asistencia directa a personas físicas y familias indigentes, personas especiales o excepcionales, comunidades indígenas y a sectores marginados”, según el inciso C de la normativa.
Agrega en el escrito de divulgación en red social que es “con fines humanitarios y otras asistencias de ayuda social a personas de sectores de escasos recursos”. El aporte para la directora no se inscribe dentro de los requisitos, remarcó Montiel.
Al revisar este caso, según la entrevistada, encontraron que los montos asignados para la ayuda económica aumentaron el doble en el presupuesto actual; el año anterior tenía como tope montos de G 10 millones, mientras que en el 2025, los topes son de G 20 millones.
La administración de Prieto fue intervenida, según decisión de la Cámara de Diputados y el jefe comunal será apartado del cargo para que asuma el interventor designado por el Poder Ejecutivo.