Claudio Lovera, abogado del exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Óscar Boidanich, se refirió a la acusación del Ministerio Público, contra su cliente por lavado de dinero, frustración de la persecución y ejecución penal realizada por funcionarios.
“Yo le puedo señalar a la ciudadanía que el 100 % de los bienes de Messer fueron oportunamente secuestrados, embargados y totalmente comisados“, sostuvo este jueves en una entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Lovera siguió sosteniendo que “cómo se sostiene lógicamente de que haya supuestamente una demora para beneficiar a alguien en materia de bienes, pero este alguien durante todo ese lapso de tiempo no realiza ninguna conducta tendiente a asegurar o ocultar que no sean accesibles esos bienes. Esto es una contradicción relevante, porque la Fiscalía habla de meses de demora“.
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Según la imputación presentada por los fiscales Alma Zayas, Diego Arzamendia, Deny Yoon Pak, Jorge Arce y Francisco Cabrera, presuntamente Boidanich habría ocultado información al Ministerio Público sobre las operaciones sospechosas de personas y empresas ligadas a Darío Messer, las cuales habían sido reportadas por tres entidades bancarias.
Messer, fue condenado en Brasil por el caso Lava Jato a una pena privativa de libertad de más de 13 años, como parte de una delación premiada. La imputación también alcanza a las exfuncionarias Paloma Cuevas y Melissa Parodi, según consta en acta.
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Desestimación fiscal confirma que se montó una persecución política contra Cartes
El abogado Pedro Ovelar, quien ejerce la representación legal del expresidente de la República, Horacio Cartes, se refirió sobre la solicitud de desestimación fiscal de la denuncia impulsada en el 2022 por el exministro abdista Arnaldo Giuzzio, contra su cliente.
“Esto es el corolario de una trama muy bien montada en su tiempo por el exgobierno de Mario Abdo Benítez y sus ministros, donde coordinadamente, desde diciembre del 2021 y enero del 2022, empieza una campaña de desprestigio, creación de denuncias falsas, tergiversaciones sobre la conducta empresarial de Cartes“, sostuvo Ovelar, este viernes, en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Giuzzio había acusado falsamente al titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR) por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, evasión de impuestos y contrabando. La denuncia fue formulada el 26 enero del año 2022 ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y no ante el Ministerio Público.
“De manera falsa, tergiversada y exagerada, se realizaron calificaciones sobre la conducta de Horacio Cartes, sobre todo su entorno familiar y todas sus empresas, especialmente Tabesa. Esto fue para perseguir políticamente a Horacio Cartes, esto es lo que hoy se desestima. El Ministerio Público hoy trae muchísima luz en este tema particular", dijo el abogado.
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Giuzzio había alegado que la denuncia contra Cartes la había realizado en carácter personal, aunque con el aval del presidente Mario Abdo Benítez. Llamativamente, la acusación se produjo en medio de las recientes elecciones internas coloradas del 18 de diciembre del año 2022. En ese entonces, Cartes y Abdo Benítez pujaban por la titularidad de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y contaban con sus respectivos precandidatos para la presidencia de la República, Santiago Peña (Honor Colorado) y Arnoldo Wiens (Fuerza Republicana).
“Con esa denuncia y la persecución política se dieron una serie de hechos que la ciudadanía debe conocer, muchas de las familias paraguayas fueron afectadas (pérdida de trabajo) por ese odio. Ellos (abdistas) quisieron ganar las elecciones, tomar un atajo eliminando al adversario político", dijo.
El 31 de julio del 2023, Cartes había denunciado que fue víctima de una persecución política orquestada desde el gobierno de Mario Abdo Benítez, mediante la instrumentalización de la Seprelad. En la causa ya fueron acusados los miembros de su gavilla, Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Mauricio Espínola, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, quienes deberán enfrentar un juicio oral y público.
Mientras que en el Congreso Nacional, aún sigue pendiente de tratamiento el desafuero de Abdo Benítez, en su calidad de senador vitalicio, así como de su exsecretario privado Mauricio Espínola, actual diputado.
“Son unos falsos a qué temen. Horacio Cartes fue sometido a una profunda investigación por todos los casos que se le denunciaron, estamos en condiciones de sostener la inexistencia de esos ilícitos que ellos señalan, la falsedad en las afirmaciones de Giuzzio y todos los denunciantes. Esto se trató nada más y nada menos que la mayor persecución política vivida en la era democrática utilizando el terrorismo de Estado como herramienta“, sentenció.
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Constitucionalista alega que no es eficiente elevar penas a menores
- Juan Marcelo Pereira
- juan.pereira@nacionmedia.com
El abogado constitucionalista y exsenador Marcelo Duarte se refirió sobre los proyectos impulsados en el Poder Legislativo que pretenden elevar las penas y bajar el grado de imputabilidad para adolescentes que cometan crímenes, luego de la conmoción generalizada por el caso de María Fernanda Benítez en Coronel Oviedo y el asesinato del delivery Alfredo Duarte Flores en el barrio San Francisco de Asunción.
“Este es un problema delicado y merece un estudio muy profundo. Lo primero es que reconocer el hecho que la elevación de las penas no ha resultado ser muy eficiente como elemento disuasivo de los crímenes o delitos en el derecho comparado“, sostuvo en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.
El artículo 207 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece que la pena para un adolescente ante un hecho calificado como crimen no es mayor a 8 años. Mientras que el Código Penal establece que un menor no puede ser imputado por un hecho punible hasta que no tenga 14 años de edad.
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Duarte argumenta que “para lo que sí ha servido el aumento de las penas es para aislar a los condenados minimizando el riesgo de la reincidencia, pero en el caso de los menores se debe ser mucho más cuidadosos por el impacto que puede causar en sus vidas e insistir en su reinserción social“.
Para sustentar sus declaraciones, el abogado constitucionalista citó el artículo 20 de la Carta Magna el cual refiere que “las penas privativas de libertad tendrán por objeto la readaptación de los condenados y la protección de la sociedad. Quedan proscriptas la pena de confiscación de bienes y la de destierro”.
“La reinserción social es una materia pendiente en nuestro país, pero debemos reconocer que es una cuestión muy difícil de resolver, incluso en países muy desarrollados, lo que no quiere decir que no debamos seguir trabajando en ello. Diría que la cadena perpetua es casi imposible de compaginar con las premisas de nuestra Constitución“, comentó Duarte.
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Actualmente existen otros 3 proyectos de ley en el Congreso Nacional que apuntan a castigar con dureza los crímenes cometidos por menores. Uno de ellos fue presentado por el senador Javier Zacarías, que propone elevar la pena carcelaria para los menores de edad de 8 a 15 años.
Mientras que el segundo proyecto pendiente de tratamiento en el Senado fue presentado por José Oviedo, que plantea aumentar las penas de 8 a 20 años. La última iniciativa fue presentada por el diputado Rubén Rubin, que propone elevar la pena máxima por homicidio a cadena perpetua y que los adolescentes de desde 15 años sean juzgados como adultos.
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Protección de datos: instan a definir un modelo regulatorio propio
El abogado Stephan Vysokolan urgió al Congreso Nacional un mayor debate sobre el proyecto de ley de Protección de Datos Personales, que ya cuenta con media sanción de Diputados. Indicó que se debe establecer mesas de trabajo entre el sector público y privado con la finalidad de definir un modelo regulatorio propio.
“Un 70 % del proyecto de ley que se aprobó en Diputados es copia fiel del reglamento general de protección de datos de la Unión Europea. Existen muchas disposiciones en este proyecto que serán inaplicables a la realidad paraguaya, existen cuestionen que no se está teniendo en cuenta”, comentó este lunes en una entrevista con el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El abogado especializado en protección de datos señaló: “Celebro que haya noticias en el Congreso Nacional sobre este tema, Paraguay necesita una ley de protección de datos, pero considero que el puntapié de este tema lo dimos de una forma errónea o incompleta. Existen debates que no se dieron en esa Cámara y espero que se de en el Senado porque esta ley será transversal para muchos de la economía paraguaya y creo que eso no se está dimensionando”.
Detalló que la propuesta aprobada el pasado 27 de mayo establece la creación de la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales, pero no se define el modelo regulatorio a seguir.
“Existen en total 3 tipos de modelos regulatorios, centralizado, sectorial y el híbrido. En Europa, por ejemplo, la protección de datos es un considerada un derecho fundamental, es decir, es casi como un derecho humano. Es importante definir hasta dónde protegeremos la privacidad de las personas, cuándo esta privacidad atenta contra los derechos de terceros, estos son los debates que se tienen que dar en el Congreso Nacional", puntualizó.
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Vysokolan manifestó que la sanción del proyecto tal cual como fue aprobado en Diputados representaría trabas para la captación de inversiones extranjeras. “Hay que recordar que el Gobierno tiene como un principal enfoque captar inversiones extranjeras. Un inversor pensará dos veces en desembarcar a un país donde se tiene una regulación exageradamente restrictiva“, refirió al señalar que afectará principalmente las inversiones en el campo tecnológico.
“Mi crítica constructiva al proyecto de ley aprobado en Diputados es que no es equilibrado, es muy extremista. Esto perjudicará a las inversiones nacionales y extranjeras. Hay empresas nacionales que invirtieron mucho dinero en innovación tecnológica y están pretendiendo comercializar en nuestro país, pero se verán con varias trabas al momento de aplicar esta ley, debido a que se establece altos estándares de seguridad y altos costos para las empresas”.
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Exlegislador rechaza elevar penas y pide políticas de reinserción para jóvenes
El exsenador liberal Fernando Silva Facetti expresó su rechazo a los proyectos de ley que plantean elevar las penas para los adolescentes que cometan crímenes. El abogado considera fundamental trabajar en políticas públicas que garanticen la reinserción social.
“No considero factible elevar las penas, los crímenes de adolescentes son casos aislados, la realidad es que la mayoría de los casos son hechos punibles por adolescentes en situaciones de calle y adicciones, así también adolescentes de pueblos originarios (hurto, hurto agravado, robo, tenencia de droga), no existe un centro de rehabilitación”, sostuvo en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.
Facetti manifestó que “sin política de reinserción los adolescentes crecerían alejados de su círculo cercano y al salir no tendrían grupo de apoyo que realice la reinserción, pues el adolescente al hacerse mayor y salir en libertad no encontraría ningún grupo de contención y hacerse mayor en reclusión inclusive sería contraproducente con su desarrollo y crecimiento, estar más tiempo recluido sería más difícil aun su reinserción“.
Actualmente existen tres proyectos de ley en el Congreso que apuntan a castigar con dureza los crímenes cometidos por menores. Uno de ellos fue presentado por el senador Javier Zacarías, que propone elevar la pena carcelaria para los menores de edad de 8 a 15 años.
Mientras que el segundo proyecto pendiente de tratamiento en el Senado fue presentado por José Oviedo, que plantea aumentar las penas de 8 a 20 años. La última iniciativa fue presentada por el diputado Rubén Rubin, que propone elevar la pena máxima por homicidio a cadena perpetua y que los adolescentes de desde 15 años sean juzgados como adultos.
“Debería existir un ministerio o una institución estatal especializada en reinserción de adolescentes. El Ministerio de la Niñez y el Ministerio de Justicia no tienen la capacidad a nivel país del abordaje integral, no existe aun en el Paraguay una institución que pueda brindar un abordaje integral para aquellos adolescentes infractores que necesiten estudiar, capacitarse, rehabilitarse. Que en mayoría son adolescentes en situación extrema de vulnerabilidad sin familia ni grupos de contención familiar", comentó.
El exlegislador insistió que la problemática requiere de un “abordaje interinstitucional real”. “Que el adolescente infractor tenga a donde ir y no quede en situación de calle y expuesto a reincidir en la delincuencia juvenil. Se debe implementar acciones con centros de rehabilitación de adicciones, centro de profesión, tecnicaturas, deporte y arte, hogar para adolescentes infractores sin familia”, indicó.