La Cámara Baja aprobó este miércoles los pedidos de intervención a las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este. Durante el debate, los legisladores de la oposición tuvieron diferentes criterios al momento de considerar si era necesaria o no la presencia de auditores en ambas comunas, lo cual fue calificado como un “festival de hipocresía” por parte del diputado Alejandro Aguilera.
“Ellos atacaban diciendo que el pedido de la Contraloría General de la República era inconstitucional, esa fue la defensa utilizada por la mayoría de los diputados de la oposición que hizo uso de palabra cuando se estaba tratando la intervención en Ciudad del Este, pero después de 10 minutos, cuando se tenía que votar lo de Asunción, ahí ya era constitucional y votaron todos por la intervención”, afirmó.
Aguilera manifestó que existe un doble discurso por parte de los opositores cuando se trata de realizar controles, dado que cuando se trata de fiscalizar la actuación de sus referentes, califican el hecho de persecución política o de inconstitucionalidad, no obstante, cuando el control está dirigido a un municipio liderado por un colorado, aplauden y celebran el hecho.
“Esa es la realidad y hoy quedó demostrada la hipocresía de la oposición, era una brillante oportunidad para que ellos, de los grandes discursos que dan cuando hablan de que son pro transparencia, lleven a los hechos, acompañando el pedido de intervención a Ciudad del Este, pero no lo hicieron, no hay argumento válido para ellos cuando se trata de un miembro de su equipo”, cuestionó ante la 1020 AM.
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Intervención
El Poder Ejecutivo debe designar a los interventores, tanto para Asunción como para Ciudad del Este. Una vez realizado el nombramiento, ambos equipos tienen un plazo de 60 días para realizar el proceso, con la posibilidad de pedir prórroga por única vez por un plazo de 30 más. Posteriormente, deberán presentar un informe a la Cámara de Diputados con los resultados de la intervención.
“Ahí tomaremos la decisión de si son destituidos o si son absueltos porque la Cámara de Diputados es la que tiene la palabra final. Por el momento, los intendentes están suspendidos en sus funciones, pero la municipalidad no para, los contribuyentes pueden seguir haciendo sus gestiones, el municipio va a seguir funcionando, solo que va a funcionar con un interventor a la cabeza que va a estar recabando datos de acuerdo a los indicios de hechos punibles señalados”, explicó.
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