Este lunes a las 11:00, la comisión especial de intervención de la municipalidad de Ciudad del Este, encabezada por el diputado Alejandro Aguilera, se reunirá con la finalidad de emitir dictámenes sobre el pedido de investigación de la gestión del intendente Miguel Prieto. “Hay 239 indicios de hechos punibles”, dijo el legislador.
“Existe un festival de hipocresía en la oposición. ¿Tenemos que darle impunidad por el solo hecho de que es un crítico del gobierno?”, expresó Aguilera, en referencia a la persistencia de sus colegas que ejercen una defensa férrea al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, pese a las graves irregularidades en su administración detectadas por la Contraloría General de la República (CGR).
"Prieto hizo una defensa política antes que una defensa técnica sobe los hechos que se lo acusa, nunca negaba, pero cuando lo hacía, mentía”, sostuvo el diputado, respecto a la audiencia del intendente esteño; en una entrevista, este lunes, con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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El pasado 16 de mayo, la Contraloría, a cargo de Camilo Benítez, anunciaba que el pedido de intervención del municipio de Ciudad del Este, debido a las dificultades para acceder a documentos respaldatorios de gastos públicos. Benítez había alegado que existían graves irregularidades en la ejecución del presupuesto y administración de los bienes comunales, que fueron detectados a través de los exámenes y controles impulsados por el órgano extrapoder.
“La comisión especial de intervención no es la encargada de investigar ni de dictar sentencias sobre si Prieto es inocente o culpable. Nosotros los único que tenemos que ver y evaluar es si hay indicios que ameriten una intervención. Al final de cuentas es la Cámara de Diputados la que decidirá y no el cartismo”, refirió el diputado Aguilera ante el discurso de persecución política que esgrime Prieto y sus correligionarios de la oposición.
El parlamentario siguió sosteniendo que “esto no es una cuestión antojadiza. Esto no se trata de decretar la absolución de uno por ser opositor y la sentencia de otro por ser oficialista”.
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