- Juan Marcelo Pereira
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El abogado constitucionalista y exsenador Marcelo Duarte se refirió sobre los proyectos impulsados en el Poder Legislativo que pretenden elevar las penas y bajar el grado de imputabilidad para adolescentes que cometan crímenes, luego de la conmoción generalizada por el caso de María Fernanda Benítez en Coronel Oviedo y el asesinato del delivery Alfredo Duarte Flores en el barrio San Francisco de Asunción.
“Este es un problema delicado y merece un estudio muy profundo. Lo primero es que reconocer el hecho que la elevación de las penas no ha resultado ser muy eficiente como elemento disuasivo de los crímenes o delitos en el derecho comparado“, sostuvo en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.
El artículo 207 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece que la pena para un adolescente ante un hecho calificado como crimen no es mayor a 8 años. Mientras que el Código Penal establece que un menor no puede ser imputado por un hecho punible hasta que no tenga 14 años de edad.
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Duarte argumenta que “para lo que sí ha servido el aumento de las penas es para aislar a los condenados minimizando el riesgo de la reincidencia, pero en el caso de los menores se debe ser mucho más cuidadosos por el impacto que puede causar en sus vidas e insistir en su reinserción social“.
Para sustentar sus declaraciones, el abogado constitucionalista citó el artículo 20 de la Carta Magna el cual refiere que “las penas privativas de libertad tendrán por objeto la readaptación de los condenados y la protección de la sociedad. Quedan proscriptas la pena de confiscación de bienes y la de destierro”.
“La reinserción social es una materia pendiente en nuestro país, pero debemos reconocer que es una cuestión muy difícil de resolver, incluso en países muy desarrollados, lo que no quiere decir que no debamos seguir trabajando en ello. Diría que la cadena perpetua es casi imposible de compaginar con las premisas de nuestra Constitución“, comentó Duarte.
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Actualmente existen otros 3 proyectos de ley en el Congreso Nacional que apuntan a castigar con dureza los crímenes cometidos por menores. Uno de ellos fue presentado por el senador Javier Zacarías, que propone elevar la pena carcelaria para los menores de edad de 8 a 15 años.
Mientras que el segundo proyecto pendiente de tratamiento en el Senado fue presentado por José Oviedo, que plantea aumentar las penas de 8 a 20 años. La última iniciativa fue presentada por el diputado Rubén Rubin, que propone elevar la pena máxima por homicidio a cadena perpetua y que los adolescentes de desde 15 años sean juzgados como adultos.