El director de Auditoría Forense de la Contraloría General de la República, Leandro Villalba, expresó su preocupación por la situación financiera y administrativa de las municipalidades de Ciudad del Este y Asunción, y respaldó los pedidos de intervención que actualmente se debaten en la Cámara de Diputados.
“Ambas municipalidades tratan de ampararse en meros formalismos, que ni siquiera son reales, es falso que la Contraloría no tenga un dictamen, también es falso que no se hizo la actividad de control, son meros pretextos formalistas que tratan de desviar la atención de los aspectos elementales que están plasmados en los informes”, aseveró.
Según Villalba, los informes de auditoría revelan “graves irregularidades” en ambas administraciones municipales. En el caso de Ciudad del Este, citó la existencia de G. 42.000 millones en gastos que no cuentan con documentos de respaldo. “Presentan inconsistencias sumamente preocupantes en la gestión de sus recursos. Hay falencias gravísimas en lo que tiene que ver con las transferencias, y una larga serie de problemas en las cuentas municipales”, afirmó a la 1020 AM.
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Sobre la Municipalidad de Asunción, el director de Auditoría centró su preocupación en el uso de los bonos municipales por un valor de G. 500.000 millones. Indicó que desde la solicitud de intervención han surgido hechos que “sorprenden” por su similitud con lo ocurrido en Ciudad del Este.
“Las defensas de ambas municipalidades muestran cada vez más coincidencias. Ambos gobiernos municipales alegan persecución, cuestionan la legitimidad de la Contraloría y presentan carpetas y biblioratos como supuestas pruebas de transparencia, pero eso técnicamente no tiene ningún valor. Es una puesta en escena para las cámaras”, sostuvo el funcionario.
Villalba también mencionó hechos posteriores a los pedidos de intervención que, según él, refuerzan la necesidad de tomar medidas. En Ciudad del Este, recordó que el propio intendente admitió públicamente haber incurrido en nepotismo, lo que calificó como “un hecho inédito” en la historia del país. “Admitir en vivo y en directo la comisión de un delito siendo jefe comunal de la segunda ciudad más importante del país no tiene precedentes”, subrayó.
En cuanto a Asunción, señaló que desde la solicitud de intervención la comuna ha dejado de pagar en tiempo y forma a sus funcionarios, tampoco transfiere aportes a la caja de jubilaciones y solicitó una postergación en el pago de un crédito, lo que derivó en una convocatoria de bonistas para analizar la situación financiera del municipio.