“La amenaza del Brasil es que si no se avanza con la firma del nuevo Anexo C volverán a pagar USD 16,71 kW/mes por el costo de la tarifa“, dijo el analista político Caio Manhanelli, sobre el impasse generado entre el Paraguay y el vecino país por la suspensión temporal de la revisión del Tratado de Itaipú por el caso de espionaje a negociadores paraguayos en el gobierno de Jair Bolsonaro.
“Esta situación tiene un peso diferente para la opinión pública en ambos países, acá no es algo público. La última noticia es que el ministro de Minas y Energía (Alexandre Silveira) dio un ultimátum al decir que si Paraguay no avanza con la propuesta que ya se puso en la mesa, Brasil va a revisar las condiciones“, sostuvo Manhanelli, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
En mayo de 2024, ambos países fijaron el precio de la tarifa a USD 19.28 por kW/mes para los próximos tres años. Al tiempo que marcaron el inicio del proceso de la revisión del Anexo C. El nuevo precio genera alrededor USD 280 millones de ingresos por royalties, USD 650 millones para inversión social, USD 265 millones por compensación de energía y USD 53 millones en utilidades de capital, totalizando USD 1.250 millones anuales.
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Este acuerdo busca ser revertido por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, como medida de presión ante el posicionamiento de Paraguay en suspender la renegociación del Anexo C tras tomar conocimiento sobre el espionaje cibernético perpetrado contra autoridades paraguayas que negociaban la nueva tarifa de la hidroeléctrica.
El espionaje se habría iniciado en la gestión de Jair Bolsonaro y siguió siendo ejecutado en los primeros meses de la era de Luiz Inácio Lula da Silva. Según publicaciones de medios como UOL y el diario O Estado, la operación fue ejecutada por la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin).
El periodo del espionaje fue autorizado por el gobierno de Bolsonaro en junio del 2022 y dejada sin efecto el 27 de marzo del 2023, refirió el gobierno de Lula mediante un comunicado responsabilizando exclusivamente a Bolsonaro.