Prieto reconoce nepotismo ante la Comisión y minimiza denuncias de la Contraloría
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El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, compareció este miércoles ante la Comisión Especial conformada en Diputados para analizar el pedido de intervención solicitado por la Contraloría General de la República. El jefe comunal anunció ante los legisladores que le solicitó a su prima que renuncie a su cargo de directora dentro del municipio.
Prieto declaró ante los medios de prensa que informó a los diputados que hoy lo investigan, que pidió a Maribel Alonso Vallejos que presente su renuncia a directora de Impuesto Inmobiliario. Pese a esto, el cuestionado jefe comunal defendió esta contratación alegando que durante la gestión de su prima se mejoró la recaudación de este impuesto y que esta desvinculación se daría muy a su pesar.
Cabe mencionar que Miguel Prieto ya había reconocido en un programa de televisión que sus familiares y allegados fueron contratados en la municipalidad y no negó que esto se trate de un hecho de nepotismo. En declaraciones de este miércoles, volvió a restarle importancia a esto. “Esa ley de nepotismo todavía no entró en vigencia, es una ley nueva”, argumentó.
En cuanto a las inconsistencias administrativas, las señaló como un simple “desfasaje” ocurrido por un error del secretario de Finanzas, quien escribió dos veces el pago por papel higiénico. “Ese es el pecado de Miguel Prieto, por eso no hubo equilibrio entre el debe y el haber, ese error puede cometer cualquier persona en el sector privado”, se defendió.
Cabe mencionar que la Contraloría ratificó su postura respecto a la gestión en la comuna esteña y recordó que el 70 % del presupuesto era destinado a transferencias a organizaciones no gubernamentales. “Es un abuso, pero ese cuestionamiento no es la motivación central”, afirmó Camilo Benítez.
El contralor defendió el pedido de intervención e indicó que mediante esta medida se podrá acceder a documentación que hoy no está en manos de esta institución en el contexto de la existencia de indicios de daño patrimonial y la necesidad de determinar el volumen del perjuicio a la comuna.
“Estos hechos de transferir el dinero, endosarlo, que la fecha no coincida, que algunas de las facturas sean falsas, que haya una licitación para insumos donde gane una empresa sin experiencia como es Tía Chela, que se le invite a tres oferentes de los cuales dos son parientes, estos son indicios que ameritan una profundización, se tiene que saber la verdad”, aseveró Benítez.
Firmaron actas de recepción antes que Tía Chela comprara los víveres
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Ni validando las facturas que la Dirección de Impuestos Tributarios identificó como falsas se puede respaldar la compra de mercaderías por parte de Miguel Prieto en el esquema Tía Chela. En el intento de defender la entrega los involucrados presentaron facturas emitidas por contribuyentes ficticios, con fechas posteriores al acta de recepción de los kits de alimentos y ni validando todo esto los comprobantes alcanzan a justificar la provisión establecida en contrato y por la cual la administración Prieto pagó G. 2.949 millones.
De forma burda, pero a la vez absurda, el exintendente de Ciudad del Este destituido por corrupción, Miguel Prieto intenta zafar del esquema de desvío de fondos más emblemático del país durante la pandemia, conocido como Tía Chela. Las pruebas documentales que recolectó el Ministerio Público para sentar al exjefe comunal en el banquillo de los acusados por lesión de confianza y asociación criminal, son de fierro y demoledoras.
La Fiscalía comprobó que, además del proceso fraguado de una adjudicación por G. 2.949 millones para la provisión de 25.000 kits de víveres a una despensita que no tenía las mercaderías ni la capacidad financiera, los alimentos no fueron distribuidos a los beneficiarios porque el stock no existió y hubo compras fueron ficticias.
Detalles de varias facturas de compra de stock de Tía Chela presentadas al Ministerio Público son posteriores al acta de recepción de mercaderías firmadas el 27 de marzo y el 13 de abril de 2020 por la administración de Miguel Prieto.
PADRE E HIJO, UTILIZADOS
Maniobraron una compra por urgencia impostergable sin la debida justificación, utilizando a padre e hijo como potenciales oferentes, adjudicaron millonario contrato a una despensita que no tenía stock de alimentos y ante la evidente inexistencia de la totalidad de las mercaderías, armaron una cadena de compra-venta ficticia para justificar la provisión, según la Fiscalía.
Tía Chela presentó facturas de una treintena de subproveedores para justificar su stock. Declaró facturas de compra de mercaderías entre los que incluso figuraban comprobantes expedidos a nombre de otra razón social en el apuro que le generó la justicia. Las facturas de compra de stock presentadas por Tía Chela, según el cálculo del Ministerio Público suman G. 2.628.722.663. Sin embargo, la operación de compra de la Municipalidad de Ciudad del Este fue por G. 2.949.650.000, de entrada, ya había una diferencia de G. 320 millones.
El dato relevante en el combo de facturas de compra que presentó Tía Chela es que no contaba con ingresos oficiales que pudieran demostrar el financiamiento de las compras. “Sus ingresos percibidos no le permitían realizar esa inversión significativa. Contaba con una sanción de inhabilitación de cuentas por una entidad bancaria e incluso registraba operaciones morosas”, subraya el Ministerio Público en su acusación.
CONTRIBUYENTES FICTICIOS
En la cadena de facturas que construyeron fueron identificados contribuyentes ficticios, según los cruzamientos documentales que analizó la Dirección Nacional de Impuestos Tributarios (DNIT). En este esquema tanto Tía Chela como una de sub proveedoras, Vanessa (Vanemi) Florentín, expareja de Prieto y actual funcionaria de la Municipalidad de Ciudad del Este, presentaron facturas falsas, se remarca en la mencionada acusación. Según los detalles de compr bantes, Vanemi colaboró con 4 facturas falsas en el intento de justificar inventario de mercaderías por venta simulada por valor de G. 700 millones que realizó a Tía Chela. Pero, capaz lo más alevoso de la situación sea la desprolijidad en la fabricación de facturas para justificar el stock inexistente. Y en este contexto presentaron facturas de compra de mercaderías que son posteriores a la fecha del acta de recepción de los kits firmados por la administración Prieto.
NOTORIAS INCONSISTENCIAS EN FACTURAS
“Las facturas presentadas por Tía Chela SRL y los subproveedores presentan notorias inconsistencias que reflejan operaciones ficticias o inexistentes, e incluso se contraponen con las documentaciones institucionales, por las cuales se deja constancia de la recepción total de mercaderías los días 27/03/2020 (15.000 kits) y 13/04/2020 (10.000 kits). Esto se debe a que parte de las mercaderías proveídas supuestamente a la comuna, fueron adquiridas con posterioridad a las fechas de recepción señaladas, ello nos revela una ausencia de stock de mercaderías y la inexistencia de las mismas, no obstante, a pesar de ello fueron tenidas como recepcionadas por parte de la institución”, refiere la acusación fiscal.
El documento del Ministerio Público remarca que esto “evidencia que estas documentaciones donde los funcionarios municipales dejan constancia de la recepción de estos kits, no se compadecen con la realidad y que fueron redactadas al solo efecto de cubrir la ausencia de contraprestación total de lo proveído por la empresa Tía Chela conforme a lo pactado en el contrato, firma que debió proveer de 25.000 unidades de kits de alimentos, lo cual se traduce en un perjuicio económico a la institución por valor de G. 2.130.036.160 porque finalmente no se recibieron mercaderías de acuerdo a la cantidad establecida conforme a lo pagado en el contrato G. 2.949.650.000”.
Comisión del Senado cita al contralor para indagar casos de corrupción en IPS y Salud
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En su primera sesión, la comisión especial del Senado que investiga hechos de corrupción en el Ministerio de Salud Pública y el Instituto de Previsión Social (IPS) tomó la decisión de convocar para el próximo 8 de octubre al contralor general de la República (CGR), Camilo Benítez.
“Tenemos una hoja de ruta definida y el primer convocado es el contralor para que venga con los reportes, informes y auditorías practicadas especiales y de gestión financiera al Instituto de Previsión Social, que será la primera entidad sobre la cual vamos a profundizar en materia de recopilación de datos”, dijo el senador liberal y presidente del bloque, Dionisio Amarilla, a los medios de comunicación.
Agregó que “estamos pidiendo datos desde el 2021 a la fecha, vamos a mostrar la película tal cual es. El IPS es una institución compleja que administra fondos de salud, para la parte administrativa y la parte más grosa que va destinada a las jubilaciones y pensiones, pero también tiene un sin número de inmuebles, entre otros puntos”.
El legislador sostuvo que el siguiente en ser convocado será el titular de la previsional, Derlis León y para el mes de noviembre se prevé la convocatoria de las autoridades de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones y gremios de bancos.
“En materia de recursos humanos solicitaremos al IPS informes sobre el total del personal de blanco, administrativo y directivos, en materia de contrataciones públicas; pagos, concesiones, tercerizaciones,todo lo que el IPS llegó a contratar y abonar hasta la fecha, incluyendo reglamentaciones sobre el criterio de pagos”, mencionó.
Añadió que “en materia de acumulación de deudas pediremos informes sobre cuándo empezó, quiénes son los proveedores adeudados, qué montos están bancarizados, a qué plazo, tasa, entre otros puntos. En materia de inventarios que detallen la cantidad de inmuebles que poseen, cuáles están arrendados, en etapas de ventas y sobre la parte grosa referente a medicamentos y colocación de fondos también recopilar toda la información”.
Manifestó que la comisión en la primera fase solo se concentrará en indagar a la previsional para luego proceder con el Ministerio de Salud Pública. “Es muy compleja y abarcante todo esto. Hoy ya le remitiremos al IPS todos los requerimientos aprobados en la fecha. En caso de que se detecten indicios de corrupción, colocaremos a conocimiento del pleno y que denuncie ante las instancias pertinentes como el Ministerio Público, Contraloría, Poder Ejecutivo, todas las instancias que fuesen necesaria”, sentenció.
Nani Arrúa cuestiona los gastos de campaña de Pereira Mujica: “Los números no cierran”
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La exsenadora de Alto Paraná, Georgia “Nani” Arrúa, cuestionó públicamente la declaración de gastos de campaña presentada por Daniel Pereira Mujica, candidato a intendente de Ciudad del Este por el movimiento “Yo Creo” del destituido exintendente Miguel Prieto. La exlegisladora planteó la necesidad de contrastar los montos reportados de manera oficial con el millonario despliegue publicitario que se observa diariamente en las calles, medios de comunicación y redes sociales.
A través de sus plataformas digitales, Arrúa enfatizó que la legislación sobre financiamiento político exige absoluta transparencia en el origen y destino de los fondos. La exparlamentaria sostuvo con firmeza que “la honestidad se demuestra” y remarcó que el verdadero compromiso ético de un aspirante no se mide por discursos, sino comparando las Rendiciones de Cuentas ante la Justicia Electoral con la realidad operativa.
De acuerdo con los datos expuestos por la exsenadora, Pereira Mujica declaró un presupuesto de apenas G. 100 millones para su campaña, compuesto por G. 20 millones en ahorros propios y G. 80 millones atribuidos a donaciones de siete personas cuyos nombres no fueron especificados. En contraposición, remarcó que el candidato de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Rigoberto “Rigo” Chamorro, reportó recursos por G. 950 millones, distribuidos en G. 750 millones de fondos propios y G. 200 millones depositados en el sistema financiero.
“Cuando los números no cierran, ahí está la respuesta a quién nos dice la verdad y quién no”, sentenció Arrúa. La dirigente instó a la ciudadanía a evaluar la coherencia entre el informe presupuestario y el gasto real en mítines, cartelería, pantallas en la vía pública, indumentaria, calcomanías y movilizaciones logísticas en la capital altoparanaense.
El cuestionamiento cobra mayor peso político dado que Pereira Mujica es la figura clave del equipo del exintendente Miguel Prieto, a quien reemplazó interinamente en el cargo tras las elecciones de octubre de 2025 y cuya administración busca dar continuidad. Prieto atraviesa actualmente un juicio oral por supuesta lesión de confianza de G. 2.130 millones en el caso “Tía Chela”, al que se le suma la apertura de un segundo proceso por presunto perjuicio de G. 306 millones en la causa “Tajy”.
En medio de este convulsionado escenario judicial y político, Arrúa puso la lupa sobre el financiamiento de la campaña en la capital del décimo departamento. La exlegisladora dejó abierta la interrogante sobre si las cifras rendidas por la agrupación “Yo Creo” reflejan un sustento real o si ocultan un desfasaje frente al ostensible despliegue territorial.
Según el fiscal Julio Ortiz, el perjuicio a la institución sería de G. 1.990 millones.
El fiscal Julio Ortiz confirmó la imputación contra directivos de Autores Paraguayos Asociados (APA) tras detectarse un esquema irregular en el desvío de fondos de la entidad para la supuesta adquisición de canastas navideñas. La investigación reveló un presunto daño patrimonial que alcanza los G. 1.990 millones.
“APA supuestamente procedió el año pasado a la contratación de una empresa para la realización de canastas navideñas y la entrega a sus asociados”, explicó este miércoles el fiscal en contacto con el programa “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El representante del Ministerio Público mencionó que se hallaron “varias inconsistencias administrativas” a través de una auditoría externa, según informe proporcionado por la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi).
El supuesto proveedor de las canastas navideñas sería un local comercial denominado Despensa Gabrielito, ubicado en el barrio Costa Sosa de Luque, hasta donde se constituyeron los investigadores. “Hablando con la dueña y su marido, manifestaron que ellos no sabían qué es APA, que no se dedican al rubro de canastas navideñas, no realizaron ningún contrato y que ellos no se presentan a licitaciones. Ante esa situación, entendemos que APA mintió”, detalló el agente fiscal.
Sin embargo, posteriormente se presentó en APA una mujer diciendo ser contadora y que representaba a la Despensa Gabrielito. Además, solicita que los pagos se hagan en efectivo y no en cheques.
“Entonces, APA hace el cambio de cheque en efectivo y dejan el dinero en una caja perteneciente a APA ya dentro de la institución, y ahí supuestamente retira esta representante de la Despensa Gabrielito”, apuntó. APA tampoco está entregando las documentaciones requeridas por la Fiscalía y Dinapi, por lo que no se tiene la copia de los contratos, añadió. “Lo que se está haciendo es la trazabilidad, que se está trancando, porque no sabemos a ciencia cierta si esta señora, la supuesta representante, es la que vino a retirar o qué se hizo del dinero”, refirió. Se trata de 2.400 canastas que alcanzaron un costo de G. 1.990 millones en la compra de regalos navideños del programa Jopói 2025 y las compras no están documentadas.