El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, informó este viernes que la ciudad de Asunción será sede del Foro Madrid, que celebrará su cuarta edición los días 12 y 13 de junio en el Banco Central de Paraguay (BCP).

Mediante una conferencia de prensa, el diputado detalló que el encuentro tiene fines académicos, analíticos y de difusión. “Se debatirán las experiencias de los países en materia económica, seguridad y de la defensa de los principios y valores“, comentó.

“Que este foro se realice por primera vez en Paraguay habla del reconocimiento de nuestro país en materia de principios y valores, y que nuestra voz está siendo escuchada“, puntualizó el parlamentario.

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Agregó que la apertura del evento internacional contará con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña, entre otras autoridades nacionales y delegaciones extranjeras provenientes de países europeos y regionales.

“Esto también es un reconocimiento sobre las oportunidades que brinda el Paraguay en materia de inversión, en base a disponibilidad energética, bonos demográficos, baja presión tributaria, baja tasa inflacionaria. Estos referentes defienden la vida, la familia, la libertad de expresión, la soberanía, el libre mercado y la propiedad privada”, refirió sobre los próximos invitados internacionales.

Latorre siguió sosteniendo que “esta es una situación que se habla con más frecuencia en el mundo y uno de los ejemplos fundamentales fueron las expresiones del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marcos Rubio, en una audiencia ante el Senado de la nación americana donde habló sobre las oportunidades que existen en Paraguay en base a su disponibilidad energética para la inversión en inteligencia artificial”.

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El contralor general de la República, Camilo Benítez, acudió ayer jueves a la convocatoria de la Comisión de Intervención de la Municipalidad de Asunción, bajo la administración del intendente Óscar Rodríguez; para exponer las argumentaciones del informe que derivó en la solicitud remitida por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados.

“Ojalá que podamos tener la oportunidad de poder arrojar todos los datos que hemos hecho en los últimos años acerca de las más de 9 denuncias penales, que hemos realizado contra el intendente de Asunción, que se pueda dar un poco de luz acerca del desfalco financiero que tenemos en Asunción”, expresó el titular del ente contralor ante los legisladores.

El contralor argumentó que este “desfalco” se dio a causa de una falta de seguimiento o falta de cambios en la política institucional que fueron recomendadas en su momento por la Contraloría. “Muy en especial con lo que tiene que ver con el uso de bonos cuyas documentaciones respaldatorias no nos dan. En Asunción es por casi 500.000 millones de guaraníes que el intendente no pudo arrimar documentos que puedan respaldar”, dijo.

Detalló que esos documentos fueron enviados al Tribunal de Cuentas, que se declaró competente sobre ejecuciones presupuestarias, y esas documentaciones no serán entregadas a la Contraloría.

“Ustedes saben la problemática que tiene la Contraloría con el Tribunal de Cuentas, es algo histórico que es nuestro cuestionamiento, y encima el Tribunal de Cuentas no nos da esas documentaciones”, expresó.

Benítez sostuvo que en el caso de la Municipalidad de Asunción, más que en otros casos, amerita realizar la intervención. “Estamos en una situación que, yo creo que la intervención corresponde en la Municipalidad de Asunción, con todos estos reportes que hemos hecho, con todas estas documentaciones que hemos arrimado, y por sobre todo con esta imposibilidad (del Tribunal de Cuentas), sin material para poder llevar adelante más investigaciones”, apuntó.

Ciudad del Este. Agencia Regional.

El fiscal penal de turno, Alcides Giménez Zorrilla, solicitó formalmente al director de la Patrulla Caminera de Alto Paraná y al director de la Policía Municipal de Tránsito de Ciudad del Este, que procedan con carácter urgente al despeje de camiones de gran porte estacionados en forma indebida sobre la Ruta PY02.

El tramo específico sobre el que se solicita es el comprendido entre el kilómetro 7 y la rotonda “Oasis” o del Km 1. En las notas remitidas a los responsables de ambas instituciones, el representante del Ministerio Público invocó el cumplimiento estricto de la Ley 5016/14 de Tránsito y Seguridad Vial.

Remarca sobre lo “establecido en el artículo 67, inciso B, que prohíbe el estacionamiento de vehículos en lugares donde se afecte la seguridad, visibilidad o fluidez del tránsito, se oculte la señalización o se forme doble fila”.

La medida responde a reiterados reclamos ciudadanos y advertencias sobre el constante riesgo que implica para la circulación vehicular, el estacionamiento de camiones en la banquina, en filas que llegan a tener varios kilómetros.

 Como parte de la causa del pedido, el fiscal Giménez Zorrilla recordó que ya se registraron desenlaces fatales en el tramo citado, a causa de los camiones mal estacionados.

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El fiscal instó la liberación inmediata de la ruta y advirtió a las autoridades que “el incumplimiento de su requerimiento podría derivar en la apertura de una causa penal, conforme al artículo 216, inciso 1°, del Código Penal, que sanciona las intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre”.

“El que, como responsable de la seguridad del tránsito, causare o tolerare un estado gravemente riesgoso de dichas instalaciones, será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años o con multa”, dice el citado artículo, recuerda el fiscal.

El movimiento de camiones en la frontera entre Ciudad del Este y Foz de Iguazú, por el Puente de la Amistad es incesante. Por norma establecida entre pares de ambos países, en defensa del comercio fronterizo, los camiones deben cruzar desde las 16:00. Sin embargo, ocupan la calzada todo el día, en espera del turno para pasar.

En el horario nocturno suele registrarse doble fila, incluso sobre los viaductos, representando mucho peligro. La Cámara de Comercio y servicios de Ciudad del Este, viene realizando cuestionamientos en el mismo sentido y enviando notas a las instituciones.

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El diputado Alejandro Aguilera cuestionó la presentación del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, ante la Comisión Especial. A su criterio, el jefe comunal no ofreció respuestas técnicas a las denuncias, sino que optó por una defensa política que no logró despejar las numerosas irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República.

“El contralor estuvo muy sólido, fue muy concreto en el desarrollo del dictamen. En cambio, el intendente de Ciudad del Este habló con muchas evasivas, haciendo más bien una defensa política antes que una defensa técnica, que es lo que debía haber hecho”, señaló Aguilera.

El legislador calificó de “gravísimas” las irregularidades detectadas por la Contraloría, entre ellas, la admisión pública de nepotismo por parte de Prieto. “Es un corrupto confeso al admitir que cometió actos de nepotismo. Lo dijo en televisión y ayer ante la comisión lo volvió a ratificar”, afirmó ante la 650 AM.

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Aguilera también denunció un faltante de documentos respaldatorios en el uso de más de 42.000 millones de guaraníes y el incumplimiento reiterado de la Ley Orgánica Municipal, específicamente en lo referente a los límites de inversión de capital y gastos corrientes. “Él infringió la ley todos los años, y su excusa fue: ‘infringí esta ley para solucionar un problema’. Pero el camino de la ilegalidad nunca puede ser una justificación”, enfatizó.

El diputado recordó que la Contraloría basa su pedido de intervención en auditorías correspondientes a los ejercicios fiscales 2019, 2020, 2021 y 2022. Según indicó, a partir del 2023 el órgano contralor ya no pudo acceder a la documentación, debido a que la Municipalidad argumentó que los documentos se encontraban en el Tribunal de Cuentas.

“En el informe de la Contraloría se indica que encontraron indicios de hechos punibles en más de 239 casos. Fueron reportados al Ministerio Público, pero muchos están retrasados, otros no fueron investigados y algunos ya fueron sobreseídos”, denunció Aguilera, cuestionando la pasividad de la Fiscalía.

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Por todo ello, consideró legítimo el pedido de intervención promovido por la Contraloría. “El contralor creyó conveniente que entre un interventor y pueda controlar absolutamente todo”, explicó. El diputado recordó que la función de la Comisión Especial no es probar culpabilidad, sino determinar si existen indicios suficientes que ameriten una intervención.

“Hay cuestiones demasiado graves que afectan al patrimonio de Ciudad del Este. Que existan 239 indicios de hechos punibles es gravísimo, y que el Ministerio Público no haya hecho su trabajo, es aún más grave”, concluyó.