El titular de la Contraloría General de la República (CGR), Camilo Benítez, ratificó las facultades constitucionales del ente y respondió a los cuestionamientos sobre el informe presentado para el pedido de intervención de las municipalidades de Asunción, administrada por Óscar Rodríguez, y de Ciudad del Este, administrada por Miguel Prieto.
“La Constitución Nacional, en el capítulo de las intervenciones de los gobiernos departamentales y municipales, contempla tres supuestos, cuando la Junta pide, cuando la Junta se desintegra y cuando la Contraloría detecta graves irregularidades en la ejecución del presupuesto, previo a un dictamen, también puede pedir“, dijo este martes, en una visita al estudio del programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media. “Como consecuencia de eso, existen leyes del Congreso que regulan la intervención, donde dice expresamente que la Contraloría puede pedir”.
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Explicó que “esta conducta no solamente está normada en la Constitución y la ley, sino que la interpretación correcta es que la Contraloría pueda pedir por darse casos en que exista una suerte de complicidad del órgano de control primario de los intendentes, que es la Junta”.
El contralor dio como ejemplo una situación que se podría estar dando en ambos municipios: “¿Qué pasaría si el intendente le da cargos a los concejales con nombramientos a sus parientes o dinero? Y eso hace que ellos no ejerzan su rol de control, que es lo que aparentemente pasa”.
Agregó que, en casos de detectar irregularidades, la Contraloría no puede estar ajena a esa situación, por lo que debe actuar. “Claramente es excepcional, esto no debe ser una regla, debe ser excepcional y, ¿por qué nosotros nos sentimos en la obligación de hacer este pedido? En primer lugar, porque detectamos graves irregularidades en la ejecución del presupuesto”, detalló.
En segundo lugar, citó que “ambos municipios envían sus documentaciones al Tribunal de Cuentas, lo cual hace que, cuando nosotros pidamos, nos digan que las documentaciones están en el Tribunal de Cuentas. En tercer lugar, la Contraloría ha auditado en reiteradas ocasiones y ha enviado al Ministerio Público indicios de hechos punibles de ambos municipios, y los dos intendentes están imputados por lesión de confianza”.
Explicó que todos estos componentes, en solitario no hacen mérito para un pedido de intervención, sin embargo, cuando se tienen todos estos elementos juntos no existen alternativas para que la Contraloría pueda accionar y, en este caso, haber solicitado la intervención.
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