El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, afirmó que la responsabilidad de avanzar en la identificación de los autores intelectuales del crimen del exfiscal Marcelo Pecci recae principalmente en la Fiscalía colombiana. Según explicó, los elementos centrales del caso, incluyendo el asesinato del propio Pecci y de Francisco Correa Galeano, uno de los implicados, ocurrieron en dicho territorio, lo que marca el foco geográfico de la investigación penal.

“Desde el comienzo hemos afirmado que la atención de un conflicto penalmente relevante tiene que ver con el territorio. Los casos esenciales que encierran al caso Pecci ocurrieron en Colombia. Todo va a Colombia”, señaló Rolón en alusión a las competencias jurisdiccionales del caso.

En conversación con “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, relató que durante una entrevista privada con su par colombiana, Adriana Camargo, Rolón dijo haberse hecho eco del estado actual de la investigación. Según expuso, la pesquisa se estructura en al menos tres niveles: el primero vinculado a los autores materiales, ya procesados y condenados en Colombia; un segundo que se enfoca en la autoría intelectual, y un tercero aún en desarrollo que apunta a conexiones más amplias dentro del crimen organizado.

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En ese sentido, mencionó que informes internacionales atribuyen la autoría intelectual del crimen al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Sin embargo, enfatizó que esa información todavía se encuentra en una etapa de investigación preliminar y requiere de “comprobaciones y contrastes” bajo el debido proceso.

Rolón también cuestionó lo que consideró una interpretación errónea del estado procesal del caso que se asumió como certero en determinado momento. “Eso de que el trabajo de la Fiscalía colombiana ya terminó al determinarse los autores materiales y que a partir de eso quedaba todo en manos de la Fiscalía de Paraguay es una información errónea. Nació de algún abogado de la zona y no es apropiada”, aseveró.

Además, lamentó que en Paraguay se haya instalado un “sentimiento exacerbado” en torno al rol del Ministerio Público en este caso, generando expectativas que, a su criterio, no se corresponden con la realidad jurisdiccional. “Nosotros abrimos una carpeta porque coadyuvamos a esa necesidad de la Fiscalía de Colombia, aportando los datos que podíamos recabar de nuestro país. Naturalmente, los hilos que pudimos ver hasta ahora no nos conducen hasta una fuente muy propia”.

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