El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, tomó la decisión de destituir a su prima Meribeb Alonzo Vallejos del cargo de directora de Impuestos Tributarios, al verse acorralado por las denuncias de nepotismo en su contra, que admitió públicamente en una entrevista televisiva y que intentó defender sin sustento legal al acudir ayer en el Congreso Nacional.

En busca de su salvataje, el líder del movimiento Yo Creo argumentó que no violó la Ley 7445/2025 de la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil, al indicar que la misma aún no entró en vigencia, pero olvidó la anterior normativa 5295/2014, que prohíbe el nepotismo en la función pública.

“Esa ley de nepotismo todavía no entró en vigencia, es una ley nueva. Esta semana resolví con ella (su prima) desvincularla para cumplir con la ley. Hoy pueden ir a ver si tengo algún pariente; no existe ninguno. La ley entrará en vigencia desde este mes. Me seguirán atacando por este caso moralmente, pero legalmente por este caso lo veo inviable”, dijo Prieto, ayer ante la prensa del Congreso, al pretender escudarse en que la ley no es retroactiva.

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Sin embargo, la denuncia presentada en mayo pasado ante el Ministerio Público, por miembros de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, refiere que también ingresaron a la comuna por contratación directa sus primos Martín Vallejos Ferreira, auxiliar en la Dirección Planta Asfáltica; Carlos Raúl Vallejos Balbuena, herrero en Obras Municipales y Sergio David Prieto Figueredo, fiscal de obras particulares.

Las afirmaciones de Prieto surgieron tras acudir ante la comisión especial de intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, con la finalidad de brindad su descargo sobre los reportes de hechos punibles que pesan en su contra y que fueron denunciados por la Contraloría General de la República.

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“Ella (Meribeb Vallejos) está en el cargo desde hace un año. Tuvo muchos problemas. Tuve muchas quejas de mi propio equipo de que era demasiado honesta para estar ahí. Capaz que ese fue su pecado. No voy a poder negar que es mi prima. Queriendo disminuir los hechos de corrupción, ella estuvo al frente de Impuestos Inmobiliarios. Aumentó la recaudación en un 40 % con un salario de jefa de G. 6 millones”, dijo.

Asimismo, para justificar que violó la normativa como ordenador de gastos, el dirigente opositor siguió alegando ante los medios de comunicación que “hay un costo-beneficio. Disminuimos o eliminamos la corrupción en esa área, comenzamos a recaudar mil veces más. Nosotros vamos por resultados, yo creo que no existe otra administración que tenga estos resultados”.

El contralor general de la República, Camilo Benítez, llegó ayer a la Cámara de Diputados para reunirse con la Comisión de Intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, administrada por el intendente Miguel Prieto.

Benítez expuso sobre las irregularidades encontradas en la gestión del jefe comunal, que son tres, y que derivó en el pedido de la intervención de Asunción y la capital esteña.

Una de estas irregularidades fue encontrada en el rubro 800, que es una partida presupuestaria utilizada para la transferencia de fondos a organizaciones civiles, para el financiamiento de proyectos u obras de interés comunitario, que no cuentan con documentos respaldatorios. Como segundo elemento, Benítez citó ante la prensa que la entidad de control ya auditó ambos municipios y se se había enviado al Ministerio Público varias veces, “denuncias penales, reportes de indicios de hechos punibles”.

Como un tercer elemento, Benítez comentó que “ambos municipios remiten sus documentaciones al Tribunal de Cuentas y eso hace que no se pueda proseguir, porque cuando queremos avanzar sobre algún tipo de actividad de control, nos dicen que esa documentación no tienen, está en el Tribunal de Cuentas”.

La Comisión de Intervención para el municipio de Asunción fue integrada y fueron designadas sus autoridades. Para la presidencia fue designado el diputado Rodrigo Gamarra, quien encabezará los trabajos de investigación en el pedido de intervención remitido por el Poder Ejecutivo. Como vicepresidente fue elegido el diputado Jorge Ávalos Mariño y como secretaria la diputada Bettina Aguilera.

El legislador indicó que los trabajos ya se iniciarán de manera inmediata, teniendo en cuenta que se cuenta con 15 días para emitir un dictamen sobre todos los datos recabados y sean puestos a consideración del pleno de la Cámara Baja que definirá si amerita o no la intervención.

El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, se presentó ante la Comisión Especial que investiga el pedido de intervención a su administración. Según reveló el diputado Alejandro Aguilera, integrante de esta comisión, el jefe comunal terminó admitiendo varias de las irregularidades denunciadas, no obstante, trató de defenderlas.

“Realmente no convenció mucho, desde mi punto de vista al menos. Se escudó mucho diciendo, rompí esta ley, para mejorar esto, él admite muchos rompimientos de la ley de su parte. Cuando se le preguntó respecto al faltante de documentos respaldatorios, mostró unas planillas, que no son los respaldatarios que uno como ordenador de gastos debe tener. Hay mucha nebulosa, no supo justificar, convencer ni rebatir los argumentos de la Contraloría”, aseveró.

En contacto con La Nación/Nación Media, el legislador señaló que la intervención de la Contraloría se basó en el desarrollo de los principales puntos del dictamen por el cual se solicita la intervención, entre los cuales se destaca casos de nepotismo, falta de documentos que justifiquen el gasto de más de G. 40.000 millones, el nivel de gasto corriente que supera al 60 % establecido por la ley y que escala al 70 % en la comuna esteña.

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“En una entrevista que tuvo con un medio de comunicación le preguntaron por la contratación de su prima y él dijo que la Junta Municipal fue la que la contrató, yo le dije que miente, porque la Junta Municipal no es ordenadora de gastos, no tiene atribución de contratar a ningún funcionario, es él el que tiene la potestad absoluta de contratación de personal, entonces es él que termina por contratar a su prima, no la Junta”, dejó en claro.

Luego de haber sido desmentido, Prieto defendió la contratación de su prima, Maribel Alonso Vallejos, quien ocupa el cargo de directora de Impuesto Inmobiliario en la municipalidad, alegando que ella es “demasiado honesta” y que gracias a eso subieron los niveles de recaudación en este aspecto, justificando así la violación a la ley que castiga el nepotismo.

“También se escudó diciendo que cuando eso todavía no existía una ley de nepotismo que prohíbe, que recién en junio entra en vigencia, lo que es mentira, ya desde hace muchísimos años que existe una ley que prohíbe expresamente el hecho que él cometió”, sostuvo. Todo indica que la comisión se reunirá nuevamente la próxima semana, ocasión en la que se decidirá si se realizarán otras diligencias o si ya se emitirá el dictamen.

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El cuestionado jefe comunal dejó a disposición de los miembros de la Comisión unos documentos que serán analizados en los próximos días y contrastados con la Contraloría. Cabe mencionar que el ente contralor no pudo acceder a toda la información necesaria y por eso solicitaron la intervención, instancia en la que se podrá acceder a documentos que no fueron proveídos por Prieto.

El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, compareció este miércoles ante la Comisión Especial conformada en Diputados para analizar el pedido de intervención solicitado por la Contraloría General de la República. El jefe comunal anunció ante los legisladores que le solicitó a su prima que renuncie a su cargo de directora dentro del municipio.

Prieto declaró ante los medios de prensa que informó a los diputados que hoy lo investigan, que pidió a Maribel Alonso Vallejos que presente su renuncia a directora de Impuesto Inmobiliario. Pese a esto, el cuestionado jefe comunal defendió esta contratación alegando que durante la gestión de su prima se mejoró la recaudación de este impuesto y que esta desvinculación se daría muy a su pesar.

Cabe mencionar que Miguel Prieto ya había reconocido en un programa de televisión que sus familiares y allegados fueron contratados en la municipalidad y no negó que esto se trate de un hecho de nepotismo. En declaraciones de este miércoles, volvió a restarle importancia a esto. “Esa ley de nepotismo todavía no entró en vigencia, es una ley nueva”, argumentó.

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En cuanto a las inconsistencias administrativas, las señaló como un simple “desfasaje” ocurrido por un error del secretario de Finanzas, quien escribió dos veces el pago por papel higiénico. “Ese es el pecado de Miguel Prieto, por eso no hubo equilibrio entre el debe y el haber, ese error puede cometer cualquier persona en el sector privado”, se defendió.

Cabe mencionar que la Contraloría ratificó su postura respecto a la gestión en la comuna esteña y recordó que el 70 % del presupuesto era destinado a transferencias a organizaciones no gubernamentales. “Es un abuso, pero ese cuestionamiento no es la motivación central”, afirmó Camilo Benítez.

El contralor defendió el pedido de intervención e indicó que mediante esta medida se podrá acceder a documentación que hoy no está en manos de esta institución en el contexto de la existencia de indicios de daño patrimonial y la necesidad de determinar el volumen del perjuicio a la comuna.

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“Estos hechos de transferir el dinero, endosarlo, que la fecha no coincida, que algunas de las facturas sean falsas, que haya una licitación para insumos donde gane una empresa sin experiencia como es Tía Chela, que se le invite a tres oferentes de los cuales dos son parientes, estos son indicios que ameritan una profundización, se tiene que saber la verdad”, aseveró Benítez.