El analista político y extitular del Partido Patria Querida (PPQ), Mario Paz Castaing, indicó que se encuentra a favor de que la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, sea indagado mediante una intervención.
“No voy a defenderlo por una cuestión meramente política, tiene que defenderse. Si Prieto cometió errores debe ser verificado y tendrá que asumir la responsabilidad del caso“, afirmó en una entrevista con la 1330 AM.
De esta manera Paz Castaing, rechazó el discurso esgrimido por el líder del movimiento Yo Creo y sus correligionarios opositores, consistente en sostener que el solicitud de intervención por parte de la Contraloría General de la República, obedece a una persecución política por parte del oficialismo colorado.
“Si en Ciudad del Este también se falló, si existen irregularidades tiene que ser investigado. Si Miguel Prieto supera y avanza sobre todas estas cuestiones de manera institucional, será mucho más creíble y confiable su liderazgo político”, sostuvo.
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Asimismo siguió sosteniendo que “la vara tiene que ser para todos, si vamos a aplicar el concepto de irregularidad. Cuando se falla hay que someterse, para eso están los organismos, los controles, que hacen a la institucionalidad de un país”.
No obstante, Paz Castaing dijo que la Contraloría no cuenta con facultades para requerir la intervención de municipios. “Los pasos que se deben dar deben ser institucionales. Yo no sé hasta que punto un contralor tiene el derecho de pedir la intervención”, comentó.
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Rigoberto Chamorro está enfocado en la victoria
El candidato colorado se refirió a un episodio ocurrido días atrás con la expareja de Miguel Prieto.
El candidato a la intendencia de Ciudad del Este, Alto Paraná, por la lista 1 del Partido Colorado, Rigoberto Chamorro, aseguró que está enfocado en trabajar en su campaña electoral y sus proyectos para ejecutar en la municipalidad, y no en responder a los agravios y campaña de desprestigio que pretenden instalar desde el sector del contrincante electoral.
Chamorro se refirió a un episodio ocurrido días atrás con la expareja de Miguel Prieto Valeria Romero por carteles de candidaturas. El hecho ocurrió durante una visita del candidato a una plaza del barrio San José de Ciudad del Este. Sin embargo, el mismo afirmó que está más enfocado en hacer conocer su trabajo.
“Llegué a saludar y vino llegando, filmó y vino para atacarme y reclamarme, pero yo no estoy preocupado por los carteles, nada más estoy preocupado por el trabajo que estoy realizando, la limpieza es el proyecto que vamos a tener en los 44 barrios, que van a tener su cuadrilla de limpiadores. Estamos enfocados en eso, limpiando todos los barrios, todas las plazas, y ese es nuestro enfoque que ya está en práctica ya para llevar a la Intendencia para ejecutar”, expresó para La Nación/Nación Media.
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Caso IPS: defensa de Jorge Brítez cuestiona el acta de imputación
El abogado José Fernández Zacur, representante legal del extitular del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, cuestionó la imputación fiscal contra su cliente, que calificó como un “sin sentido procesal”, en el marco de las obras fallidas de quirófanos que derivaron en un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones para la previsional. Manifestó que requerirá a la Cámara de Apelaciones que devuelva la causa al Ministerio Público.
“El acta de imputación está fisurada y tiene agujeros por donde se la vea y nuestro primer temperamento procesal será solicitarle a la cámara apelando la resolución de admisión del doctor Rodrigo Estigarribia, que la cámara devuelva esa imputación al Ministerio Público para que se tome una decisión seria. Si fuese presentar de vuelta la imputación que lo haga de manera adecuada y si fuese tomar otra decisión, pues que lo tome”, indicó este viernes en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Fernández Zacur manifestó que la causa judicial se originó a partir de una denuncia presentada por la administración de Brítez para regularizar contratos heredados de administraciones anteriores, por lo que resulta contradictorio imputar a quien buscó encausar el proceso. “Esto es un sin sentido procesal, esta es una causa que la denuncia el propio Brítez hace dos años y medio, qué nueva evidencia podría recolectarse sobre esta situación cuando ya pasó ese tiempo”, mencionó.
El abogado acotó: “Se le atribuye al doctor Brítez responsabilidad por haber firmado unas adendas, la 5, 6 y 7. No se específica en la imputación qué es lo que dice en las adendas y cuál sería el nexo causal entre el haber firmado estas adendas y el eventual perjuicio patrimonial que se le atribuye. Se le atribuye un perjuicio de G. 61.000 millones, cuando el doctor Brítez en el peor de los casos intervino solamente en un tramo de todos los hechos que está imputando el Ministerio Público”, refirió.
Entre los principales cuestionamientos señalados por el abogado figura que en el acta de imputación no se encuentran incluidos quiénes aprobaron las adendas en causa por millonario desfalco, apuntando contra los consejeros. “Los firmantes de la adendas son mandatarios de su consejo, de acuerdo con la Carta Orgánica del IPS la máxima autoridad del estamento es el Consejo de Administración que es un órgano colegiado y yo no entiendo entonces cómo está imputado el mandatario, el que firma por el consejo y no los consejeros que dieron la orden de suscribir esas adendas”, afirmó.
Fernández Zacur incluso calificó la actuación inicial de la Fiscalía como un “show vedetístico e ilegal”, teniendo en cuenta que la normativa procesal prohíbe taxativamente decretar la prisión preventiva a personas mayores de 70 años de edad. “Pedir prisión preventiva para una persona de la tercera edad, con arraigo consolidado y cuya esposa está en terapia intensiva por este sinsentido procesal, no tenía razón de ser. El propio juez hizo un fuerte llamado de atención sobre ese criterio”, puntualizó.
Otros imputados
Además de Brítez, también está imputado otro extitular de la previsional, Vicente Bataglia, quien se encuentra actualmente en Italia y no se descarta una orden de captura internacional.
La lista de imputados sigue con los funcionarios del Consejo de Administración, como Hugo Enrique Aranda, gerente de Logística; y Juan Manuel Villar, director de la Unidad Operativa de Contrataciones. A ellos se suman José Raúl Coronel Acosta, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón Leiva y Verónica Alexandra Blanco Bogado.
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Pedro Alliana contra Miguel Prieto: “Yo no le tengo miedo”
El vicepresidente expresó que fue la propia gente de confianza y exfuncionarios de Miguel Prieto, quienes lo denunciaron ante la Justicia al destituido intendente de CDE.
“Ni le conozco a este muchacho, ni a los jueces y fiscales de sus causas judiciales. No debería preocuparse por mí, sino por sus aliados”, indicó el segundo del Ejecutivo y aspirante presidencial, Pedro Alliana, con relación a las acusaciones de “persecución política” que manifiesta el destituido intendente de Ciudad del Este y líder del Partido Yo Creo, Miguel Prieto, a puertas de dos juicios por corrupción.
“Sus propios exfuncionarios fueron los que le entregaron, aceptaron los hechos, que sí se robó, en una época tan difícil como fue la pandemia. Es candidato a presidente de la República y si hace denuncias que lo haga de manera responsable, con pruebas, y no justificar 46 denuncias por hechos de corrupción como una persecución política”, indicó Alliana, a la 1020 AM.
El dirigente opositor enfrentará el próximo 31 de agosto un juicio oral y público en la causa conocida como Tía Chela por la sobrefacturación de mercaderías en pandemia. El Ministerio Público refiere que en la gestión de Prieto se concretó un perjuicio patrimonial de más de G. 2.500 millones a la comuna esteña.
JUICIO ORAL CONFIRMADO
Días atrás también se confirmó que enfrentará un juicio oral y público en la causa conocida como Tajy, en la que la Fiscalía alega pagos por mercaderías inexistentes o no entregadas que debían destinarse a kits de alimentos para familias vulnerables a través de dicha empresa, sin capacidad logística, dedicada a la construcción de pozos.
El órgano extrapoder refiere que se ocasionó un perjuicio patrimonial de G. 306.188.500. En esta causa, Maggi Elizabeth Fariña Almada, excoordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Nelson Alexis Segovia Acevedo, extesorero; y Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, exencargada de órdenes de pago, admitieron el montaje de un esquema de compra simulada mediante licitaciones por vía de la excepción.
Sin embargo, Prieto refiere que el avance de estas causas obedece a una persecución política con la finalidad de sacarlo de la carrera presidencial en el 2028.
“No le tengo miedo a Prieto (de enfrentarle en las urnas) y no entraré en su juego, si le voy a ganar será en la cancha, pero él debe rendir cuentas. Ya me enfrenté en elecciones con candidatos de fuste y él es un líder distrital”, sentenció Alliana.
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“Sus propios aliados le entregaron, aceptaron que se robó”, dice Alliana sobre Prieto
“Ni le conozco a este muchacho, ni a los jueces y fiscales de sus causas judiciales. No debería preocuparse por mí, sino por sus aliados”, indicó el segundo del Ejecutivo y aspirante a mandatario, Pedro Alliana, con relación a las acusaciones de “persecución política” que manifiesta el destituido intendente de Ciudad del Este y líder del Partido Yo Creo, Miguel Prieto, a puertas de dos juicios por corrupción.
“Sus propios exfuncionarios fueron los que le entregaron, aceptaron los hechos, que sí se robó, en una época tan difícil como fue la pandemia. Es candidato a presidente de la República y si hace denuncias que lo haga de manera responsable, con pruebas, y no justificar 46 denuncias por hechos de corrupción como una persecución política”, indicó Alliana, este jueves, a la 1020 AM.
El dirigente opositor enfrentará el próximo 31 de agosto un juicio oral y público en la causa conocida como Tía Chela por la sobrefacturación de mercaderías en pandemia. El Ministerio Público refiere que en la gestión de Prieto se concretó un perjuicio patrimonial de más de G. 2.500 millones a la comuna esteña.
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Días atrás también se confirmó que enfrentará un juicio oral y público en la causa conocida como Tajy, en la que la Fiscalía alega pagos por mercaderías inexistentes o no entregadas que debían destinarse a kits de alimentos para familias vulnerables; a través de dicha empresa, sin capacidad logística, dedicada a la construcción de pozos.
El órgano extrapoder refiere que se ocasionó un perjuicio patrimonial de G. 306.188.500. En esta causa, Maggi Elizabeth Fariña Almada, excoordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Nelson Alexis Segovia Acevedo, extesorero; y Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, exencargada de órdenes de pago, admitieron el montaje de un esquema de compra simulada mediante licitaciones por vía de la excepción.
Sin embargo, Prieto refiere que el avance de estas causas obedece a una persecución política con la finalidad de sacarlo de la carrera presidencial en el 2028. “No le tengo miedo a Prieto (de enfrentarle en las urnas) y no entraré en su juego, si le voy a ganar será en la cancha, pero él debe rendir cuentas. Ya me enfrenté en elecciones con candidatos de fuste y él es un líder distrital”, sentenció Alliana.