Estados Unidos presentó este jueves nuevos cargos de tortura contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, que se suman al caso judicial que ya enfrentaba la pareja detenida en Nueva York.

Maduro y Flores fueron acusados de narcotráfico y tráfico de armas, luego de ser capturados en una operación militar estadounidense en Caracas el 3 de enero y trasladados a una cárcel en Brooklyn.

Un documento judicial hecho público el jueves muestra que ahora ambos enfrentan además el cargo de conspiración para cometer tortura, y señala que “infligieron un intenso dolor y sufrimiento físico y mental” a personas.

El supuesto objetivo era “reprimir y castigar a la oposición política, silenciar la disidencia (...), preservar y proteger el poder y la autoridad de los miembros de la conspiración, e intimidar, hostigar y neutralizar a sus oponentes, incluso mediante secuestros”.

Los fiscales detallan aparentes casos de víctimas no identificadas, incluidos ciudadanos estadounidenses, que fueron sometidos a descargas eléctricas, a simulacros de ahogamiento y a golpizas mientras estaban detenidos en Venezuela.

El escrito de acusación alude, sin nombrarlo, al caso de un oficial detenido en 2013 a quien Maduro consideraba sospechoso de preparar un golpe de Estado.

Según los fiscales, el presidente habría ordenado su detención y traslado a los servicios de inteligencia militar. Posteriormente, el hombre habría sido golpeado y sometido a repetidas descargas eléctricas durante su reclusión.

El documento judicial también señala que, en varias ocasiones, se utilizó la tortura tras las manifestaciones antigubernamentales de 2014 con el fin de intimidar a los opositores políticos.

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Por último, menciona varios casos de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela: uno de ellos, arrestado en 2022, habría sufrido golpes y descargas eléctricas en los genitales; otro, detenido en 2025, habría sido golpeado durante dos días.

“No nos detendremos ante nada para lograr justicia para las víctimas de delitos violentos, en particular para las víctimas estadounidenses que han sufrido tratos crueles en el extranjero”, declaró Jamie McDonald, fiscal federal de Nueva York, durante una conferencia de prensa.

“Estos nuevos cargos demuestran la determinación de esta administración de hacer justicia a las víctimas de tortura, narcoterrorismo y crimen organizado”, reaccionó en X el secretario de Justicia, Todd Blanche.

El juicio contra la pareja, que hasta ahora se ha declarado inocente, debe comenzar el 1 de junio de 2027. Durante su primera comparecencia en Nueva York, Maduro se presentó como “prisionero de guerra” de Estados Unidos.

Desde entonces, ha cuestionado la legalidad de la acusación formal, alegando, entre otras cosas, su inmunidad como jefe de Estado extranjero. Este argumento fue rechazado por la fiscalía.

Cilia Flores —quien cumplirá 70 años el 15 de octubre— compareció este mismo jueves ante un juez para solicitar el arresto domiciliario a la espera del juicio, al alegar que sufre problemas cardíacos.

Pero su petición fue denegada por el juez, que consideró que presenta un alto riesgo de fuga.

Tras la captura de Maduro, su entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina de Venezuela. Rodríguez gobierna bajo la presión de Washington, que afirma tener el control del país.

• Fuente: AFP

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Fiscales arrestados, dinero escondido en una ambulancia y acusaciones de narcotráfico y corrupción desde Estados Unidos: una tormenta sacude a la justicia de Bolivia tras la detención del fiscal general Roger Mariaca. En prisión preventiva por seis meses en una cárcel de Potosí, en el sur del país, el exfuncionario de 38 años es investigado por la justicia boliviana por lavado de activos, tráfico de drogas y criminalidad organizada.

Fue capturado por la policía la semana pasada en Santa Cruz (este) en un operativo en el que resultaron detenidas otras 13 personas, incluidos tres fiscales. Días antes, Estados Unidos había cancelado la visa de Mariaca y de otros altos funcionarios y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, a quienes acusa de corrupción o vínculos con el narco. A continuación, cuatro puntos clave para entender qué se juega en Bolivia.

Mariaca fue nombrado a la cabeza del Ministerio Público en 2024 por el Congreso controlado en ese momento por el oficialista Movimiento al Socialismo que llevó al poder a los izquierdistas Evo Morales (2006-2019) y el entonces mandatario Luis Arce (2020-2025). Morales es hoy el principal opositor del presidente centroderechista Rodrigo Paz.

Antes, Mariaca era jefe de fiscales en Santa Cruz, el departamento más golpeado por el narcotráfico. “Su figura siempre ha sido controvertida” por “casos polémicos” bajo su supervisión, dice a la AFP la socióloga boliviana Luciana Jáuregui.

Uno de ellos fue la investigación contra el narco uruguayo Sebastián Marset, uno de los más buscados del cono sur.

Desde agosto de 2025, como fiscal general, el accionar de Mariaca tomó un “carácter político”, según Jáuregui, que menciona el caso del consultor argentino Fernando Cerimedo, asesor personal del presidente Paz, detenido por intento de feminicidio y presunta corrupción que salpica al gobierno y a la familia presidencial. Mariaca denunció a la prensa que la cancelación de su visa por parte de Estados Unidos fue una “presión” por la investigación contra Cerimedo.

Washington sostiene que como fiscal recibió “sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia”, acusación que él niega. El gobierno boliviano denuncia que bajo su mandato la Fiscalía se convirtió en una “organización criminal”. En la noche de su detención, una ambulancia fue interceptada cuando salía de su residencia con 300.000 dólares escondidos, según las autoridades.

Cuando llevaba el caso Marset en 2023, el narco uruguayo eludió un megaoperativo para ser capturado. El actual ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, denunció que entonces las autoridades fiscales “lo dejaron salir” y “le devolvieron sus bienes incautados”. Marset fue finalmente capturado en Bolivia en marzo y expulsado a Estados Unidos. Medios locales difundieron un video de su detención, que la AFP no ha podido verificar, en el que supuestamente dice a policías: “Mariaca es mi amigo”.

El gobierno asegura que el operativo contra Mariaca y los otros detenidos fue realizado por la policía boliviana con cooperación de inteligencia de Estados Unidos. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, dijo que su país “respalda firmemente” a Paz. Lo mismo hicieron los 15 países miembros del Escudo de las Américas, la alianza de gobiernos de derecha contra el crimen transnacional en la región liderada por la administración de Donald Trump. “De alguna forma, la presión externa está siendo un punto” de apoyo para Paz “frente a su debilidad interna”, dice Jáuregui.

El mandatario ganó la elección con una coalición de fuerzas que después se deshizo, mientras que en las calles fuertes protestas han puesto a su gobierno contra las cuerdas. En el poder desde noviembre, Paz padece un “desgaste” debido a sus recientes medidas económicas impopulares, dijo a la AFP la politóloga Adriana Rodríguez.

Después de la captura de Mariaca, la Fiscalía nombró a Luis Montaño como nuevo jefe, pero el gobierno de Paz lo denunció por obstruir el caso y lo desconoció. La madrugada del sábado, tras una larga sesión, el Congreso designó a José Armando Urioste como fiscal general interino, tras aprobar una reforma para destituir a Mariaca y reemplazarlo.

Una senadora de la oposición cuestionó la presencia de funcionarios de las embajadas de Estados Unidos, Argentina y Perú, a los que grabó. Según Adriana Rodríguez, la Fiscalía es escenario de una “pugna de poder político” mientras se elige a su titular definitivo. Para la socióloga Jáuregui, el gobierno de Paz “está buscando (...) construir una nueva legitimidad a partir de la lucha contra la corrupción y el narcotráfico”.

Fuente: AFP.

La estrella colombiana Shakira y su expareja, el exfutbolista español Gerard Piqué, acudieron este martes a un juzgado de Barcelona para discutir el régimen de visitas que acordaron para sus hijos tras su separación hace cuatro años, informó el equipo legal de la artista.

Shakira, quien se encuentra en plena serie de conciertos en Madrid, solicitó reducir los viajes transatlánticos de corta estancia de los menores entre Miami, donde viven con ella, y Barcelona, donde reside el padre, “para proteger su bienestar emocional, físico y académico”, según explicaron sus representantes legales en un comunicado.

Para ello, propone que sea Piqué quien se desplace a Miami en los periodos vacacionales de pocos días, facilitando que los menores puedan “mantener durante más tiempo su rutina escolar, social y familiar”, agregan.

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Con su petición, la cantante “no pretende reducir el tiempo que los niños comparten con su padre”, subraya sin embargo la nota.

Shakira y Piqué revelaron en 2011 su relación sentimental, de la que después nacerían dos hijos, Milan y Sasha, en 2013 y 2015. Tras más de una década juntos conviviendo mayormente en Barcelona, la pareja anunció su separación en junio de 2022.

Unos meses después, alcanzaron un acuerdo para la custodia de sus hijos, tras el cual la artista dejó Barcelona y se trasladó a vivir con los niños a Miami. Piqué, por su parte, dispone de varios días al mes y vacaciones para estar con ellos.

La estrella de Barranquilla, de 49 años, se encuentra cerrando su exitosa gira mundial en Madrid, donde el 18 de septiembre arrancó una serie de 13 conciertos que se extenderán hasta el 12 de octubre, tras anunciar el lunes esta última fecha adicional.

Live Nation ha construido para la ocasión un “estadio Shakira”, un recinto efímero en el sur de Madrid con capacidad para unas 50.000 personas.

La intérprete de éxitos como “Hips Don’t Lie” o “Waka Waka” inició en febrero de 2025 esta gira mundial bautizada “Las Mujeres Ya No Lloran”, título de su álbum lanzado en 2024, que incluye la famosa canción que grabó con el productor argentino Bizarrap y en la que alude a su separación de Gerard Piqué.

Fuente: AFP

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El Congreso de Bolivia suspendió al fiscal general, detenido tras ser señalado por Estados Unidos de supuestos vínculos con el narcotráfico, y designó el sábado a un interino tras una prolongada sesión de urgencia. Roger Mariaca, que ejerció la jefatura del Ministerio Público desde 2024 hasta su arresto el miércoles, será reemplazado por José Armando Urioste de forma interina.

Urioste tiene una amplia trayectoria como juez y académico en el departamento del Beni (noreste). “Estamos recibiendo una institución que demuestra, por los acontecimientos de esta semana, que está totalmente empañada por actos de corrupción, manchada por la trayectoria lamentable de los colegas”, dijo Urioste en entrevista al diario El Deber.

“Vamos a investigar. Yo soy enemigo de hacer una cacería de brujas. Yo considero que hay un principio de presunción de inocencia, pero también existe el principio de objetividad”, indicó. La designación se realizó con 113 votos a favor y 11 en contra, tras extensas negociaciones y varias nominaciones sin consenso que se extendieron desde la noche del viernes hasta las 6:30 locales (10:30 GMT).

“Hay más de dos tercios, por lo tanto, ha sido seleccionado el doctor Urioste”, señaló tras la votación a mano alzada el presidente del Senado, Diego Avila. El Congreso tuvo que modificar primero la normativa para permitir la suspensión del fiscal general al existir en su contra una imputación delictiva o prisión preventiva.

La noche del viernes, el presidente centroderechista Rodrigo Paz promulgó la ley y el Congreso retomó la sesión para tramitar el reemplazo. Mariaca es investigado por la justicia boliviana por lavado de activos, tráfico de drogas y organización criminal, cargos que él niega.

Esta semana, Washington le retiró la visa junto a otros altos funcionarios y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Su captura dos días después fue “fruto de un esfuerzo de investigación y de trabajo silencioso, minucioso”, dijo el presidente Paz en la sede de gobierno.

Horas después de la detención de Mariaca, la Fiscalía nombró como interino a Luis Montaño, el funcionario más antiguo de la institución, pero el gobierno de Paz desconoció la designación y anunció que sería detenido por usurpar funciones y obstaculizar las pesquisas contra Mariaca.

Según el Ministerio de Gobierno, el exjefe del Ministerio Público habría brindado protección al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, capturado por la policía en marzo de este año con ayuda de la DEA y expulsado a Estados Unidos.

Por este caso también fueron detenidas el miércoles otras 13 personas: tres fiscales, seis funcionarios de la Fiscalía y cuatro individuos que intentaron retirar unos 300.000 dólares del domicilio de Mariaca escondidos en una ambulancia. Paz destacó la participación en estas capturas del Escudo de las Américas, una alianza de gobiernos de derecha impulsada por Washington para combatir el crimen transnacional.

Fuente: AFP.