El Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess) abrió una investigación tras la muerte de cinco personas en la explosión de una barcaza en el río Paraguay para determinar las condiciones laborales en las que se desempeñaban sus funciones las víctimas. Las diligencias continuarán este lunes y se solicitará una orden de inspección en la empresa Líneas Panchita G.

“Nosotros iniciamos una inspección de oficio, al tomar conocimiento fuimos al lugar siniestrado y estamos trabajando en conjunto con el Ministerio Público, Criminalística, que son los que están haciendo la investigación de las razones o inicios de la explosión y nosotros verificando las condiciones laborales de salud y seguridad en el trabajo”, dijo la directora de Fiscalización de la institución, Jessica Duarte.

En comunicación con C9N, la funcionaria dijo que todavía quedan muchos aspectos por analizar tras el percance ocurrido el sábado en zona de la Costanera Sur. “Si se cumplieron esas condiciones laborales, si tenían órdenes de trabajo, capacitaciones para realizar esa labor, si se hicieron las verificaciones previas para empezar a hacer la limpieza, eso está en una etapa reciente e inicial”, explicó.

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Duarte mencionó que las diligencias continuarán este lunes en la empresa afectada y se solicitará una orden de inspección. “Estaremos esta semana nuevamente en la empresa, ya en su oficina administrativa y también en el predio solicitando información, requerimos los documentos que ya le estábamos pidiendo” el día en que se registró la explosión de la barcaza.

Las víctimas tenían como tarea la limpieza de la barcaza que se encontraba vacía y que había traído combustible. “Ellos lo que tenían que hacer era la limpieza de la barcaza, pero antes de eso se debía hacer una desgasificación, que es lo que ahora se está verificando, con la Marina, con la Prefectura y con la Fiscalía, para ver si se realizaron esos procedimientos como debían haberse hecho”, acotó.

Sostuvo que la intención es determinar si las personas contaban con los equipos necesarios para el trabajo y si se hicieron las mediciones antes de ingresar a realizar la tarea de limpieza.

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• Por el Dr. Juan Carlos Zárate Lázaro
• Consultor Financiero

La entidad previsional presenta un serio problema estructural derivado de una deficiente administración, donde probablemente los recursos presupuestarios pudieron haber estado incorrectamente direccionados, dando prioridad a gastos superfluos, quedando relegados los que verdaderamente precisaban ser atendidos, como ser el Fondo de Salud, que está en “quiebra técnica”, siendo el Fondo de Jubilaciones y Pensiones el único que sigue manteniéndose a niveles razonables para poder seguir honrando en tiempo y forma los pagos.

El IPS cuenta con un plantel global de más de 25.000 funcionarios, de los cuales un buen numero siguen dentro de la categoría de contratados, siendo recomendable que la Dirección de Talento Humano pueda realizar “in situ” una auditoria de gestión a fin de visualizar el nivel de contribución a la organización de cada uno de ellos, que les permita poder sacar conclusiones válidas, pues no cabe duda de que mes a mes las erogaciones en concepto de pago de sueldos y obras son multimillonarios, siendo probablemente uno de los rubros “más pesados” dentro del Presupuesto de Ingresos y Gastos del IPS.

También se les debería prestar atención a los funcionarios comisionados de otras instituciones, pues normalmente estos solicitan ser trasladados a otra entidad dado que probablemente en la de origen el valor agregado seria ínfimo, y se les presenta la posibilidad de incrementar sus ingresos en la entidad que acepta su comisionamiento a través de otros beneficios adicionales.

El presupuesto global del IPS debería ser analizado rubro por rubro, de tal forma a que de ello pueda salir la versión definitiva que se ajuste realmente a las reales necesidades económico-financieras.

Los directivos de la institución deberán dar órdenes de una racionalización global de los gastos, haciéndose necesario que revisen los ingresos generados por las rentas percibidas mensualmente del arrendamiento de los inmuebles que poseen, muchísimas de ellos ubicados en lugares estratégicos y muy bien valorados, donde el flujo de ingresos que perciben está muy distante a los valores reales de mercado, generando un importante desequilibrio con los gastos rígidos que deben afrontar, como ser la adquisición de medicamentos e insumos donde adeudan sumas millonarias a las industrias farmacéuticas, desde hace meses, acumulando intereses moratorios y punitorios.

Dentro del proceso de reingeniería financiera que habla su presidente, deberían considerar alternativas de captación de fondos a través del Mercado de Capitales en moneda local, lo cual podría ser de gran ayuda a la institución, pues al ser de largo plazo y a tasas pasivas para los inversionistas, incluso más atractivas a los que podrían obtener dentro del sistema financiero al no darse intermediación alguna, les podrían dar la posibilidad de adquirir medicamentos donde carecen de stock a través de contratos directos dada la urgencia de contar con los mismos.

Aquí no se trata de “inventar la pólvora”. Los instrumentos financieros no tradicionales están a disposición dentro del mercado, por lo que los responsables del manejo económico-financiero del IPS deben reunirse y analizar los pros y contras de todo esto, que muy bien podrían garantizarlo a través de la estructuración de un Fideicomiso, dada la gran riqueza que poseen en inmuebles ociosos, estructurando un patrimonio autónomo inembargable, con lo cual la potencial emisión de Bonos daría mayor fuerza, transparencia y confiabilidad a los potenciales inversionistas que nunca faltarán, dado el gran éxito de nuestro Mercado Bursátil, manejado en forma muy profesional a nivel local.

El señor Fretes mencionó al Fondo de Jubilaciones y Pensiones como el hermano rico del IPS vs. el pobre o casi quebrado, que es el de Salud, pero que con capacidad innovativa y creativa es posible generar recursos financieros que puedan dar a la institución el oxígeno financiero que precisan para poder cumplir por lo menos parcialmente con las ingentes necesidades de los asegurados en esta complicada coyuntura en que se encuentran.

• Por Jorge Torres Romero
• Columnista

Hay campañas que no nacen de la preocupación por el interés público, sino de la incomodidad que produce perder privilegios.

Eso es lo que parece estar ocurriendo con el debate instalado alrededor de la colocación de los fondos jubilatorios del IPS en las entidades financieras. Desde determinados sectores mediáticos –cuyos grupos empresariales mantienen intereses en el sistema bancario– se impulsa una narrativa que busca sembrar dudas sobre el nuevo mecanismo de inversión de esos recursos. A ese discurso se suman algunos actores políticos, entre ellos Rafael Filizzola, cuya trayectoria pública ha estado marcada por una permanente estrategia de confrontación política y judicial. Un impresentable que nunca se sometió a la Justicia para rendir cuentas sobre sus fechorías.

Lo preocupante no es la crítica. Lo verdaderamente preocupante es instalar sospechas generalizadas sobre el sistema financiero y sobre determinadas entidades sin medir el enorme daño que ello puede ocasionar a la confianza pública.

Durante muchos años, la colocación de los recursos del IPS fue objeto de cuestionamientos precisamente porque las tasas de interés obtenidas eran considerablemente inferiores a las que hoy consigue la previsional. El resultado era evidente: los bancos obtenían excelentes negocios mientras los fondos jubilatorios resignaban rentabilidad.

Hoy el escenario cambió. Con el mecanismo de licitación implementado durante el gobierno de Santiago Peña, son las entidades financieras las que deben competir ofreciendo mejores condiciones para captar los depósitos del IPS. Es la competencia la que fija el precio y no acuerdos cerrados entre pocos actores. Ese cambio, según datos difundidos por las autoridades, ha permitido obtener más de 300 millones de dólares adicionales en rendimiento para los fondos jubilatorios respecto al esquema anterior.

Ese dinero no pertenece al Gobierno ni a los bancos. Pertenece a los asegurados y a los jubilados.

Cada dólar adicional obtenido significa mayor respaldo para garantizar el pago de las jubilaciones, fortalecer la liquidez del sistema previsional y preservar uno de los patrimonios más importantes del país.

Por eso resulta llamativo que quienes durante años se beneficiaron de un esquema ampliamente cuestionado hoy pretendan desacreditar un sistema que obliga a competir y pagar mejores tasas. Cuando desaparecen los privilegios, también desaparece la comodidad. Y es allí donde suelen aparecer las campañas de desprestigio.

Los asegurados del IPS no deberían convertirse en rehenes de disputas empresariales ni de operaciones políticas. Mucho menos cuando el objetivo parece ser recuperar condiciones favorables para determinados intereses particulares.

Defender la transparencia significa justamente defender mecanismos abiertos, competitivos y verificables, donde cada entidad financiera tenga las mismas oportunidades y donde gane quien ofrezca las mejores condiciones para el patrimonio de los jubilados.

La discusión no debería centrarse en qué banco recibe los depósitos, sino en cuánto gana el IPS con cada colocación y cómo esos recursos fortalecen la sostenibilidad del sistema previsional.

Porque el verdadero interés público no consiste en proteger antiguos privilegios. Consiste en proteger el dinero de cientos de miles de trabajadores paraguayos que aportaron durante toda una vida con la esperanza de recibir una jubilación segura y digna.

Esa debería ser la única prioridad y no las pichaduras empresariales o políticas de opositores oportunistas que solo buscan destruir para posicionarse y volver a enriquecerse con el dinero ajeno. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.

Con el reajuste del salario mínimo vigente desde julio, la bonificación familiar asciende a G. 152.200 por cada hijo con derecho al beneficio, informó el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess).

La institución recordó que todo trabajador tiene derecho a percibir una asignación familiar equivalente al 5 % del salario mínimo por cada hijo menor de 17 años o, sin límite de edad, en caso de hijos con discapacidad.

Según explicó el Mtess, el derecho a la asignación se genera desde el momento en que el trabajador comunica por escrito al empleador la existencia de los hijos con derecho al beneficio y presenta el correspondiente certificado de nacimiento.

Con el reajuste del salario mínimo que rige desde el 1 de julio, los trabajadores con hijos menores de 17 años pasarán a cobrar G. 152.200 por cada beneficiario. El mismo monto corresponde para los hijos de trabajadores con discapacidad, sin límite de edad.

La cartera laboral señaló que quienes deseen acceder a este derecho deben solicitar la bonificación a su empleador y presentar la documentación correspondiente.

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El Ministerio de Trabajo informó además que las consultas o denuncias relacionadas con este beneficio pueden realizarse a través del número (0993) 308-100.

Cabe recordar que el salario mínimo legal en Paraguay quedó establecido en G. 3.044.000 mensuales. El reajuste fue oficializado mediante el Decreto N.º 6225/2026 e implicó un incremento del 5 %.

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