El diputado César Cerini, presidente de la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria de la Cámara de Diputados, aludió a la reunión que ayer lunes abandonó la oposición por no acudir el contralor Camilo Benítez. “Siempre hay que escuchar a la parte técnica y después tomar las decisiones legales o políticas que correspondan”, refirió sobre el encuentro desarrollado con Leandro Villalba, director de Auditoría Forense, y Gladys Fernández, directora general de Control Gubernamental.
La intención del bloque asesor consistía en escuchar las argumentaciones del órgano extrapoder sobre la solicitud de intervención de los municipios de Asunción y Ciudad del Este, que el Poder Ejecutivo remitió el 21 de mayo, tras corroborar mediante exámenes de control la existencia de graves irregularidades en la ejecución del presupuesto y administración de los bienes comunales.
“Hay que darle tranquilidad a la gente, que todos los procesos que se tengan que dar sean llevados conformes al reglamento y que los pedidos de intervención sean tratados en la brevedad posible”, indicó Cerini, este martes, en comunicación con “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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Principales hechos
De acuerdo a la Contraloría, en la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, las irregularidades guardan relación con las transferencias de recursos financieros a la subcomisión distrital de Ciudad del Este en apoyo a la actividad llamada “Navidad sustentable” en el ejercicio del año 2023.
También hizo mención sobre el examen documental sobre la composición y aplicación de los gastos de capital de la Municipalidad de Ciudad del Este para los ejercicios del 2019 a 2022.
En lo que respecta a la administración del intendente capitalino, Óscar Rodríguez, detalla supuestas irregularidades que se dieron en la gestión presupuestaria de la institución entre los años 2021 y 2024. El contralor citó la emisión del bono G8, por G. 360.000 millones realizada en el año 2022 para obras de desagüe pluvial; además de los bonos G9 por G. 195.000 millones en el 2023, que fueron emitidos para pagar deudas de emisiones en anteriores administraciones.
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