El diputado Arturo Urbieta plantea fortalecer la medicina preventiva y que las unidades de salud de la familia (USF) funcionen durante las 24 horas a nivel nacional.

Según el parlamentario colorado se debe atender en horario extendido para dar cobertura a la gran demanda en la red asistencial pública.

“Lo mínimo que podemos hacer es que sea de horario extendido, a primera mano. Y después convertirlo en una USF ampliada. Las USFs ampliadas son las que ya funcionan las 24 horas”, señaló a los medios de prensa.

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Aclaró que su proyecto no es solamente para el departamento de Concepción sino que sea aplicable en todo el territorio nacional.

“En una USF ampliada aparte de que tenga que funcionar 24 horas se le tiene que aumentar en recursos humanos y también en infraestructura. Y con un poco de medio auxiliar de diagnóstico”, refirió.

Consideró que lo mínimo que tiene que contar una USF ampliada es un equipo de rayos X y laboratorio, que también operen las 24 horas.

“Ese es mi sueño: fortalecer las USF porque si no fortalecemos la medicina preventiva no hay gran hospital que te pueda solucionar. Por más de que ahora se esté haciendo siete grandes hospitales en la República del Paraguay, igual no van a abastecer los siete grandes hospitales si es que no fortalecemos la medicina preventiva”, significó.

El congresista aseveró que presentó el citado proyecto de ley “tan importante para la República del Paraguay” y aguarda el acompañamiento de sus pares, cuando sea tratado en plenaria de la Cámara Baja. Y además, tenga el mismo apoyo en la Cámara de Senadores.

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El Ministerio Público inició la lectura de las pruebas documentales en el marco del juicio contra Miguel Prieto y otros acusados.

En el marco del juicio oral y público que enfrenta Miguel Prieto, exinten­dente de Ciudad del Este, acusado por lesión de con­fianza y asociación crimi­nal tras el presunto desvío de G. 2.130 millones de las arcas municipales en el caso conocido como “Tía Chela”, el Ministerio Público ya ini­ció la producción de las pri­meras documentales que estarían comprometiendo al exjefe comunal esteño y a los demás acusados en el presente caso.

Los fiscales procedieron a la lectura de varios documen­tos, entre ellos el contrato que firmó la firma Tía Chela con la Municipalidad de Ciu­dad del Este.

Asimismo, se dio lectura a las actas de los procedi­mientos de verificación entregadas por Tía Chela a la comuna esteña, eviden­ciando que ninguna coinci­día con la mercadería adqui­rida por la empresa, entre otras irregularidades.

La audiencia oral proseguirá el próximo 29 de setiembre a las 11:00 de la mañana con la producción de más pruebas documentales.

El tribunal de sentencia que tiene a su cargo juzgar el caso está integrado por Ana Rodríguez, Yolanda Morel y Karina Cáceres. Además de Prieto, están acusados Francisco Rai­mundo Arrúa Álvarez, en calidad de autor, mientras que Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martí­nez Insfrán, José Félix Cáce­res Galeano, Julián Benítez Gamarra, Higinio Ramón Acuña y Cirle Elizabeth Flo­rentín Páez fueron acusados en calidad de cómplices.

El diputado Miguel Del Puerto comentó que ya se encuentran disponibles los planos del proyecto de rehabilitación integral del hospital distrital de Caaguazú, impulsado por el Gobierno nacional.

El plan contempla la rehabilitación de 9.550 m² de superficie útil, sobre una infraestructura actualmente edificada de 4.908 m². Prevé igualmente nuevas construcciones y una reorganización integral de los espacios hospitalarios, asistenciales y de circulación.

Se busca adecuar la infraestructura a las necesidades actuales de atención de la población, conforme expresó.

La propuesta arquitectónica contempla la planta humanizada integral del hospital, vistas renderizadas del acceso principal y del área de Urgencias, así como vistas aéreas de las áreas críticas.

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El legislador colorado confirmó que el proyecto ya cuenta con la aprobación de la Mesa Técnica de Revisión del Ministerio de Salud.

“Actualmente se avanza en la elaboración del diseño ejecutivo, etapa que permitirá definir el nivel de detalle técnico necesario para la ejecución de las obras. El objetivo es avanzar con la mayor celeridad posible hacia el llamado a licitación y, posteriormente, a la ejecución del proyecto”, refirió.

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La Fiscalía presentó sus alegatos iniciales en el juicio oral y público contra el destituido exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, en el caso “Tía Chela”, acusándolo de liderar una presunta trama para direccionar contrataciones de emergencia por la pandemia de covid-19, desde mediados de marzo de 2020. La causa, que proseguirá el lunes 21 de setiembre a las 8:00, analiza un supuesto perjuicio al patrimonio público de 2.130 millones de guaraníes mediante la compra simulada de kits de alimentos para familias vulnerables.

Durante la audiencia del 14 de setiembre, el Ministerio Público sostuvo que el exjefe municipal encabezó una red integrada por directores, jefes de área y colaboradores del sector privado para evitar los mecanismos de control habituales. La maniobra se habría ejecutado adjudicando contratos directos a la firma Tía Chela SRL, comercial que carecía del stock y la capacidad técnica para responder al compromiso de proveer 25.000 kits de alimentos.

La Fiscalía, representada por los agentes Silvio Corbeta, Alma Zayas y Verónica Valdez, sostiene su acusación sobre informes, memos, dictámenes y resoluciones municipales que detallan el proceso de licitación, con documentación remitida por la propia firma proveedora; así como dictámenes de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Contraloría General de la República que señalan irregularidades en la solvencia técnica, económica y de experiencia de las empresas invitadas y adjudicadas; además del análisis de facturas y la reconstrucción de inventarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), cuya trazabilidad señala el millonario perjuicio patrimonial.

Según la acusación fiscal, la comuna utilizó la vía de la excepción sin argumentar motivos válidos de urgencia, omitiendo intencionalmente requisitos básicos de capacidad en los pliegos de bases. Esto permitió seleccionar a un proveedor sin antecedentes en el rubro, vulnerando los principios rectores de la contratación pública.

Los acusados por lesión de confianza y asociación criminal son Miguel Prieto Vallejos, quien desempeñó un rol central como intendente municipal y ordenador de gastos; los funcionarios municipales: Magui Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Infrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Higinio Ramón Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, Nelson Alexis Segovia Acevedo y Francisco Raimundo Barruga Álvarez; junto con Fermín Ávalos Britos (de la firma Tía Chela SRL) y Emili Vanessa Florentín Páez (vinculada a la firma Vanemi SA).

Tanto la Contraloría General de la República como la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas concluyeron que la licitación ID 382177 presentó irregularidades desde su etapa de planificación. Las entidades fiscalizadoras confirmaron la falta de justificación para omitir la licitación pública y la ausencia de garantías financieras adecuadas.

Asimismo, la investigación expuso que las invitaciones para concursar se enviaron de manera dirigida a un grupo reducido de firmas interconectadas. La firma beneficiada se inscribió en el registro de proveedores el mismo día de la invitación, confirmando la falta de trayectoria técnica para cumplir con las exigencias. Los dictámenes oficiales remarcan que la municipalidad tampoco exigió notas de recepción ni verificaciones de entrega en tiempo y forma. Esta omisión facilitó el aval documental a operaciones que carecían de respaldo logístico real.

La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET, actualmente DNIT) aportó análisis fundamentales al reconstruir los inventarios de las empresas involucradas. El informe evidenció que los comercios declarados como subproveedores registraban saldos en cero o figuraban como contribuyentes ficticios dentro del sistema tributario.

Para justificar la posesión de las mercaderías, la red utilizó esquemas de facturación falsa y triangulaciones con empresas vinculadas, entre ellas Vanemi SA. Sin embargo, los cruces de datos demostraron que los bienes nunca ingresaron a los depósitos municipales en los volúmenes contratados.

Esta inconsistencia en la cadena de suministros ratificó que el contrato consistió en un montaje administrativo para justificar desembolsos millonarios. El perjuicio patrimonial se consumó al autorizar pagos por insumos que jamás llegaron a los sectores vulnerables.

Según la acusación fiscal expuesta en el juicio, el encubrimiento de la falta de mercaderías (los kits de alimentos que debían proveerse a familias de escasos recursos) se realizó a través de un esquema coordinado de simulación documental y administrativa. Los excolaboradores de Prieto suscribieron actas dejando constancia de la recepción de 25.000 kits de alimentos, a pesar de que estos no habían ingresado físicamente a la institución.

- Miguel Prieto (intendente de CDE): se le atribuye haber impulsado la licitación por la vía de la excepción para la compra de cestas básicas; su intervención fue determinante para la aprobación del llamado, la firma del contrato y la autorización de los desembolsos. Además, se señala el vínculo de confianza con la presidenta de la principal firma subproveedora, quien se desempeñaba como asesora jurídica de la intendencia.

- Maggi Fariña (coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones, UOC): responsable de elaborar el pliego de bases y condiciones con requisitos mínimos y omitir exigencias de capacidad técnica o financiera, además de cursar las invitaciones dirigidas a empresas específicas.

- Sebastián Martínez (director de Desarrollo Social): promovió el llamado, integró el comité de evaluación que recomendó la adjudicación a ‘Tía Chela SRL’ y actuó como administrador del contrato, suscribiendo además documentos de recepción de kits que no llegaron a la institución.

- José Félix Cáceres (jefe de Desarrollo Comunitario): Integró el comité de evaluación que avaló la contratación y participó en la firma de documentos para certificar una ejecución contractual que no fue real.

- Julián Benítez Gamarra (jefe de Almacenes): figura como receptor formal de las entregas de los kits de alimentos, validando documentalmente la recepción de mercaderías que, en la realidad, no fueron provistas en su totalidad.

- Francisco Arúa (director de Administración y Finanzas) e Higinio Ramón Acuña (jefe de Adquisiciones): suscribieron órdenes de compra y gestionaron los procedimientos administrativos de pago a la empresa proveedora.

- Nelson Segovia (tesorero): Participó en el proceso de desembolso de los fondos municipales destinados a la firma adjudicada.

Por su parte, en la audiencia del 15 de setiembre, las defensas alegaron que Tía Chela SRL cumplió con el contrato de provisión de alimentos, para lo cual anuncian que durante el juicio se presentarán pruebas documentales, fotografías, videos y testimonios de la supuesta entrega de las cestas. También cuestionan que la investigación fiscal haya recurrido a informes de entes técnicos como DNCP o DNIT para analizar la trazabilidad documental.

Injustificación de la urgencia: no se acreditó suficientemente la “urgencia impostergable” como causal válida para saltar los procesos ordinarios de contratación, determinando el uso incorrecto de la vía de excepción.

Irregularidades técnicas: el pliego de bases y condiciones omitió criterios esenciales de evaluación, como la capacidad financiera, técnica y de experiencia de los oferentes, direccionando supuestamente la licitación a la empresa Tía Chela SRL.

Operaciones ficticias: la empresa Tía Chela SRL habría simulado una cadena de compraventa para tapar la falta de stock, emitiendo facturas a través de la subproveedora Vanemi SA, que, a su vez, declaró contribuyentes ficticios en las compras.

Falta de contraprestación: la firma solo realizó una entrega mínima de los kits de alimentos, a pesar de haber recibido pagos millonarios del municipio, además con plazos incumplidos para casos de urgencia impostergable.