La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) realizó una visita institucional a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau) de Argentina, los días 10 y 11 de marzo de 2026, en la ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de consolidar de vínculos de cooperación con agencias homólogas de la región.

La delegación estuvo integrada por la magister Adriana Pesoa Nardi, directora ejecutiva de la Aneaes, junto con el director de Administración y Finanzas, Martín Navarro, el abogado Marcelo Paredes, director de Gabinete; la doctora Carla Fernández, gerente de proyectos; el abogado José Cáceres, secretario general, y el abogado Héctor Báez, asesor jurídico.

La delegación paraguaya mantuvo reuniones técnicas con autoridades y equipos especializados de la institución argentina, quienes presentaron el marco normativo que rige el sistema de evaluación en ese país, así como la estructura operativa y los principales instrumentos utilizados en los procesos de evaluación institucional y acreditación de carreras.

Entre los principales temas abordados se destacó el análisis del modelo de evaluación y acreditación implementado por la Coneau, incluyendo los mecanismos de evaluación institucional, acreditación de carreras reguladas y los procesos de seguimiento orientados a la mejora continua de las instituciones evaluadas.

Asimismo, se compartieron experiencias relacionadas con la gestión del cuerpo de pares evaluadores, particularmente en lo referente a los procesos de selección, categorización y capacitación permanente de los pares evaluadores. Este aspecto resulta de especial interés para la Aneaes en el marco de la consolidación del Registro Nacional de Pares Evaluadores y el desarrollo de la Escuela de Calidad.

Otro de los puntos relevantes de la agenda fue la presentación de las herramientas tecnológicas utilizadas por la Coneau para la gestión de expedientes y la coordinación de los procesos de evaluación, lo que permitió conocer experiencias orientadas a mejorar la eficiencia, trazabilidad y transparencia en la gestión.

Los intercambios realizados durante la visita permitieron identificar elementos de interés para el fortalecimiento institucional de la Aneaes, entre ellos la importancia de contar con estructuras consolidadas de formación de evaluadores, el desarrollo de sistemas digitales integrados para la gestión de procesos y la necesidad de mantener espacios permanentes de intercambio entre agencias de aseguramiento de la calidad de la región.

La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) emitió un comunicado para manifestar una “profunda preocupación institucional” respecto a la Resolución n.° 2/2026 del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), que establece el Sistema de Habilitación de Carreras de Medicina. “Este hecho configura una situación de omisión y potencial apropiación de funciones, que debilita el marco normativo vigente y genera ambigüedad en la delimitación de competencias dentro del sistema de educación superior”, puntualiza.

“La misma introduce un esquema que, en la práctica, avanza sobre funciones técnicas exclusivas de la Aneaes, al incorporar conceptos, metodologías e instrumentos vinculados a la evaluación de la calidad, sin la debida articulación institucional”, señala el primer punto señalado por el ente educativo, aclarando que no se emite juicio sobre las carreras de medicina recientemente habilitadas.

En el segundo punto, especifica: “En cuanto al impacto en los procesos de aseguramiento de la calidad, la Aneaes advierte que la implementación de un sistema de habilitación provisoria genera confusión respecto a la aplicación de instrumentos ya existentes y verificados como la evaluación diagnóstica de la Agencia y compromete seriamente:

a. La verificación de condiciones mínimas indispensables, como los campos de práctica clínica.

b. La coherencia de los criterios técnicos aplicados en la evaluación de carreras, programas e instituciones, establecidos en el Sistema de Evaluación de la Calidad de la Educación Superior por Fases en el marco del Modelo Nacional.

c. La eficacia de los mecanismos de control y mejora continua. Asimismo, la habilitación de carreras en estas condiciones podría generar hechos consumados, limitando la capacidad de intervención posterior de la Aneaes y reduciendo el margen real de corrección ante eventuales deficiencias”.

“La Aneaes es, conforme a la Ley n.° 2072/2003, la única institución encargada de evaluar y acreditar la calidad de la educación superior en el país. Por lo tanto, se considera grave que la citada resolución utilice conceptos tales como: “control de calidad”, “seguimiento”, “verificación técnica”, “mejora continua”, los cuales constituyen atribuciones propias, exclusivas y legalmente asignadas a la Aneaes, los cuales son conceptos ligados a los procesos de acreditación y no así a los procesos de habilitación”, dice el tercer punto

Continúa: “La omisión del rol de la Aneaes en este proceso configura un escenario de exclusión tácita que expone al país a un riesgo reputacional a nivel regional, especialmente en el marco de los compromisos asumidos en organismos internacionales como la Red de Agencias Nacionales de Acreditación (RANA), que administra el sistema ARCU-SUR, donde Paraguay tiene la presidencia pro-témpore”.

Finalmente, el quinto punto señala: “Esta resolución duplica funciones y crea una carga burocrática múltiple que generará confusión para las Instituciones de Educación Superior. Esto tendrá efectos que van en contra de la racionalización del gasto público que impulsa el Gobierno Nacional en esta coyuntura”.

La Aneaes reafirma “su mandato legal como organismo responsable de la evaluación y acreditación de la calidad de la educación superior, y en ese marco la necesidad de respetar y fortalecer la institucionalidad vigente. Reitera su disposición a la articulación entre las instituciones responsables del aseguramiento de la calidad de la educación superior en un marco de claridad de competencias y respeto a las normativas vigentes”.

El viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Rubén Maciel, refirió que Gianina García Troche ya fue informada oficialmente de la captura de su pareja Sebastián Marset, que se produjo en Bolivia, el viernes 13 de marzo, y que ya se encuentra bajo el resguardo de la DEA en Estados Unidos. La uruguaya permanece recluida en el pabellón de máxima seguridad para mujeres del Centro Penitenciario de Reinserción Social “Martín Mendoza”, en Emboscada.

“No tengo detalles de cómo reaccionó, sí me informaron que ya se le dio conocimiento a través de sus abogados y no tengo más detalles”, comentó el viceministro, este lunes, en conversación con la 1020 AM. Indicó que la mujer tuvo una reacción emocional debido a las condiciones de aislamiento en que se encuentra en este momento.

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“Al inicio sí, obviamente resintió el cambio del contexto de encierro porque estaba en otras condiciones en Viñas Cué. Aquí pasa bajo un régimen cerrado especial, en celdas individuales, que no tiene ninguna posibilidad de tener algún electrodoméstico, con una rutina rigurosa y eso sí impactó inicialmente en ella por los informes que nos dieron del sector de sanidad”, dijo el viceministro.

Señaló que no se registraron episodios de violencia por parte de la mujer tras ser informada sobre la situación de su esposo. “Más allá de una reacción emocional de parte de ella, no me reportaron ninguna acción violenta de ella hacia algún agente penitenciario”, puntualizó.

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Uno de los temas en la agenda pública financiera más impor­tante y necesaria de las últimas décadas en nuestro país es la reforma del sistema previsional que admi­nistra las jubilaciones y pensiones del sec­tor estatal que, como sabemos, funciona bajo un esquema de reparto, por el cual los aportes de los trabajadores activos finan­cian a los jubilados en el presente.

Sucedió que con el correr de los años, se fue perdiendo el necesario equilibrio entre los aportes y los haberes correspondien­tes. En todo el sistema de las cajas fisca­les se empezó a gastar más de lo que se recaudaba. Las causas son varias y desde el Poder Ejecutivo presidido por Santiago Peña, tal situación fue considerada como una amenaza no solo para las finanzas públicas sino que también para la misma economía.

Fue por ello que desde el Ejecutivo y por medio del Ministerio de Economía y Finanzas se remitió un proyecto de ley sobre el tema en cuestión, modificando diversas situaciones. El desequilibrio entre los ingresos y gastos es un hecho irrebatible a la fecha y está afectando a las arcas estatales vía impositiva que, ya el año pasado, llegó a trepar a más de cuatro­cientos millones de dólares.

En atención a esta situación, el gobierno del presidente Santiago Peña consideró pertinente realizar cambios en la edad de jubilación, la tasa de sustitución o de retorno y la edad de retiro oficial y otros. El proyecto original del Ejecutivo contaba con los elementos necesarios para evitar males mayores e iniciar las transformacio­nes subsiguientes en tiempo y forma dado que, de no hacerlas, se estaría poniendo en riesgo la estabilidad financiera del país desde el mismo Presupuesto de Gastos de la Nación.

El Ejecutivo tomó cartas en el asunto y llevó a cabo su tarea de iniciativa legisla­tiva –que por cierto– también es de com­petencia del Congreso. Más allá de esta observación, el gobierno del presidente Peña es el primero que aceptó el desafío de enfrentar el problema, aun sabiendo que ello le podría ocasionar algunos cos­tos de malas interpretaciones y antojadi­zos “argumentos” en contrario. Esto es, el gobierno actual rechazó seguir pateando el problema para adelante.

Dejar de lado un problema para que otros lo enfrenten en ningún modo está bien. Por el contrario, es de destacar que la labor de todo buen gobierno es velar no solo por los intereses del erario, sino que también y especialmente por la población. En efecto, el Ejecutivo nacional había observado que según pasaban los años y sin cambios en este sector de las cajas fiscales, el pro­blema se volvía mayúsculo hasta conver­tido en amenaza.

Había que hacer algo. Y se hizo. El Ejecu­tivo vía Ministerio de Economía y Finan­zas remitió al Congreso el proyecto de ley para evitar mayores males. Fue así que en Diputados básicamente se trató el docu­mento del Ejecutivo, aprobándose cam­bios sustanciales como, por ejemplo: que la edad de jubilación sea general para todos, esto es, desde los cincuenta y siete (57) años; la tasa de sustitución de no menos del setenta y cinco (75) por ciento y no más del ochenta y cinco (85) por ciento y se tome en cuenta los últimos diez (10) años como base del cálculo y otros como la de los hijos que ya no podrían contar con la pensión, pero sí el cónyuge correspondiente.

A lo expresado agregamos que el aporte estatal sería gradual e iría del 1 al cinco (5) por ciento y no más. De este modo, se venía un cambio importante que, y como ya dijimos en otro momento en este espa­cio, se convertía en un paso nunca antes realizado. Ningún gobierno se había ani­mado a velar por los intereses del pue­blo. Y decimos esto de modo enfático y sin rodeos, dado que algunos venían propo­niendo como “solución” al problema subir los impuestos a los contribuyentes para corregir el problema de unos pocos.

Sobre esto último el Poder Ejecutivo desde un comienzo manifestó su rotunda nega­tiva de subir los tributos para así con­graciarse con un grupo de personas que, sabiendo que tienen el derecho de peticio­nar a las autoridades, empero, no tienen derecho alguno a que otros les paguen sus haberes.

Cambiar algo que está mal para ir a otras transformaciones de fondo es el camino acertado y prudente. En la Caja Fiscal, en consecuencia, la iniciativa legislativa del Ejecutivo es la que debe primar en su tra­tamiento en el Congreso porque conviene a todos, a los sectores involucrados y a la ciudadanía en general.